La Ley de Internet espa?ola, acusada de violar las convenciones de derechos humanos
La acusaci¨®n proviene de una ONG estadounidense a la que pertenece Vinton Cerf, uno de los 'padres' de Internet
La protesta contra la Ley de Internet espa?ola adquiere dimensi¨®n internacional. Una ONG estadounidense ha iniciado una campa?a contra la LSSICE porque "podr¨ªa violar la libertad de expresi¨®n, la presunci¨®n de inocencia, la confidencialidad de las comunicaciones y el derecho al anonimato protegidos en las convenciones internacionales de derechos humanos".
El Electronic Privacy Information Center (EPIC, Centro de Informaci¨®n para la Intimidad Electr¨®nica) cree que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n y de Comercio Electr¨®nico (LSSICE), que entr¨® en vigor el pasado 12 de octubre, podr¨ªa violar derechos protegidos en las convenciones internacionales de derechos humanos, seg¨²n explic¨® ayer C¨¦dric Laurant, miembro de la organizaci¨®n en su sede de Washington DC (EEUU) y responsable de la campa?a contra la ley espa?ola.
EPIC es una organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro que vigila las amenazas que puedan plantear las nuevas tecnolog¨ªas a los derechos civiles. Est¨¢ instituci¨®n est¨¢ formada por diversas personalidades del mundo jur¨ªdico y cient¨ªfico, como Vinton Cerf, conocido como el Padre de Internet por su trabajo en la elaboraci¨®n del lenguaje que hablan los ordenadores conectados a la Red, y recientemente galardonado con el premio Pr¨ªncipe de Asturias de Investigaci¨®n Cient¨ªfica y T¨¦cnica.
"La ley va mucho m¨¢s all¨¢ de lo establecido en la Directiva Europea sobre Comercio electr¨®nico [que sirvi¨® de marco legislativo para la ley espa?ola]", explica Laurant. Tampoco tranquiliza a EPIC el hecho de que la LSSICE s¨®lo afecte a los prestadores que desarrollen alguna actividad econ¨®mica "porque si una compa?¨ªa ejerciera su libertad de expresi¨®n para emitir opiniones pol¨ªticas, tambi¨¦n podr¨ªa ser objeto de la ley".
Adem¨¢s, la organizaci¨®n recela de que la LSSICE pueda afectar al contenido publicado en EEUU si tuviera como objetivo una audiencia espa?ola. Este miedo podr¨ªa deducirse de lo establecido en el art¨ªculo 8.2, que se refiere a la "interrupci¨®n" de la informaci¨®n de un servicio procedente de otro Estado. No obstante, portavoces del Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa han asegurado en repetidas ocasiones que la ley s¨®lo se aplicar¨¢ a aquellos sitios web establecidos en el territorio espa?ol.
EPIC dedica un cap¨ªtulo aparte a uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos de la Directiva Europea sobre Intimidad y Comunicaciones Electr¨®nicas, tambi¨¦n recogido en la LSSICE: la posibilidad de que los proveedores de servicios de Internet retengan los datos de navegaci¨®n de sus clientes (por un plazo no inferior a un a?o, en el caso de la ley espa?ola). Este asunto ha merecido una campa?a espec¨ªfica dirigida a la Uni¨®n Europea.
Ahora, la organizaci¨®n estudia las acciones de protesta que, seg¨²n Laurant, ejercitar¨¢n conjuntamente con otras dos organizaciones, la estadounidense Global Internet Liberty Campaign y el europeo Movimiento por los Derechos Digitales. "De momento", afirma Laurant, "hemos subido al estrado para apoyar la campa?a de protesta espa?ola".
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