Los usuarios de tarjetas prepago para m¨®viles dejar¨¢n de ser an¨®nimos

Las tarjetas prepago de tel¨¦fonos m¨®viles dejar¨¢n de ser an¨®nimas y la Polic¨ªa podr¨¢ conocer la identidad de su titular para una investigaci¨®n, detecci¨®n o enjuiciamiento de delitos, seg¨²n el Proyecto de Ley de Conservaci¨®n de Datos en comunicaciones electr¨®nicas aprobado hoy por el Consejo de Ministros. La norma exige a las operadoras que abran un libro de registro que recoja la identidad de los compradores de esas tarjetas prepago. En la actualidad existen m¨¢s de 16 millones de l¨ªneas en prepago.

La norma afecta tambi¨¦n a la cesi¨®n de datos de las comunicaciones electr¨®nicas a las Fuerzas de Seguridad, ya que establece la obligaci¨®n para los operadores de estos servicios de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicaci¨®n, as¨ª como la identidad de todas las personas implicadas en ellas. Esa exigencia no afectar¨¢ nunca al contenido de la comunicaci¨®n y requerir¨¢ siempre una autorizaci¨®n judicial.

El Gobierno considera que con estas medidas se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad p¨²blica de los cuerpos policiales competentes, que podr¨¢n acceder a unos datos que en la actualidad no siempre est¨¢n disponibles, lo cual dificulta la averiguaci¨®n de los delitos.

Seg¨²n la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, es esencial que la Polic¨ªa, y de forma especial la Polic¨ªa Judicial y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tengan acceso a la informaci¨®n que circula por Internet o por las l¨ªneas telef¨®nicas, fijas o m¨®viles, dado que "las redes de delincuencia organizada suelen reclutar especialistas de nivel en el manejo de estos medios electr¨®nicos".

La vicepresidenta a?adi¨® que el Gobierno "es consciente de que la seguridad p¨²blica debe mantenerse sin merma o limitaci¨®n del derecho a la intimidad y a la privacidad", y por ello el Proyecto de Ley incluye herramientas para garantizar el uso leg¨ªtimo de los datos.

La medida podr¨ªa costar 20.000 millones a las operadoras

Seg¨²n ha comunicado el Gobierno, las operadoras de telecomunicaciones “han de realizar las adaptaciones precisas para el cumplimiento de sus obligaciones de conservaci¨®n y cesi¨®n de datos, en un plazo de tres meses, desde que se apruebe el procedimiento t¨¦cnico para la remisi¨®n de datos”.

Cuando el anteproyecto de ley sobre esta materia se dio a conocer, en septiembre del a?o pasado, las compa?¨ªas telef¨®nicas afirmaron que no hay complicaciones t¨¦cnicas para cumplir con la ley, pero advirtieron que deber¨¢n gastar unos veinte millones de euros m¨¢s para llevar a efecto lo que establece la normativa.

La norma, aprobada a propuesta de los Ministerios de Justicia, Interior, Industria, Turismo y Comercio y Defensa, ha sido sometida a informe de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.