Una ley obligar¨¢ a identificar a los due?os de tarjetas de m¨®vil y a guardar un a?o los datos

El Gobierno ha preparado una base legal para combatir la delincuencia y el terrorismo mediante un cierto control de las comunicaciones telef¨®nicas. Los ministerios de Justicia e Interior han terminado el anteproyecto de Ley de conservaci¨®n de datos relativos a las comunicaciones electr¨®nicas y a las redes p¨²blicas de comunicaci¨®n. La normativa establece un plazo de 12 meses en el que todas las compa?¨ªas telef¨®nicas deber¨¢n conservar los datos de las comunicaciones de sus clientes. Tambi¨¦n obligar¨¢ a las tiendas que venden tarjetas telef¨®nicas a identificar a los compradores (ahora hay 16 millones de m¨®viles an¨®nimos) creando un libro de registro. La investigaci¨®n sobre las comunicaciones fue una de las claves para la r¨¢pida detenci¨®n de parte de los responsables del 11-M.

Las compa?¨ªas cifran en 20 millones de euros el sobrecoste de almacenar los datos

Los comercios deber¨¢n establecer libros de registro donde se identifique a los clientes

El 21 de febrero pasado el Consejo de Ministros de Interior de la Uni¨®n Europea aprob¨® la Directiva sobre Retenci¨®n de Datos de Tr¨¢fico Telef¨®nicos y de Comunicaciones Electr¨®nicas. La normativa obligaba a los operadores a retener los datos durante un periodo de entre 6 y 24 meses para la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.

La directiva se aprob¨® tras m¨¢s de un a?o de estudios y debates entre los distintos pa¨ªses. Los atentados terroristas del 7 de julio de 2005 en Londres, que causaron 56 muertes, impulsaron el acuerdo comunitario.

En un consejo de ministros especial convocado una semana despu¨¦s de los atentados por iniciativa del Reino Unido, los distintos pa¨ªses acordaron acelerar los trabajos, que concluyeron con la aprobaci¨®n de la directiva por parte del Parlamento Europeo en diciembre de ese mismo a?o y por el Consejo de Ministros de Interior de la Uni¨®n Europea en febrero de este a?o.

Espa?a fue uno de los pa¨ªses m¨¢s activos para conseguir la aprobaci¨®n de la directiva comunitaria debido a la experiencia del 11-M, donde el seguimiento de las comunicaciones de los tel¨¦fonos m¨®viles usados en los atentados fue crucial para desentra?ar lo ocurrido y detener a parte de los responsables.

El Gobierno espa?ol, que traspone ahora esa directiva, ha optado por fijar un plazo m¨ªnimo de 12 meses (el doble de lo previsto en la normativa comunitaria) para la conservaci¨®n de los datos de las comunicaciones.

El texto elaborado por los ministerios de Justicia e Interior establece la posibilidad de llegar hasta los 24 meses de almacenamiento de datos en casos excepcionales.

Los datos que las compa?¨ªas telef¨®nicas deben retener corresponden a comunicaciones tanto de tel¨¦fonos m¨®viles como de fijos. En ning¨²n caso se podr¨¢n conservar datos relativos al contenido de las conversaciones, sino exclusivamente datos de tr¨¢nsito: el n¨²mero de tel¨¦fono que origina la llamada, el que la recibe, la duraci¨®n de la comunicaci¨®n y el punto desde el que se ha realizado.

Esos datos fueron decisivos en los trabajos policiales que permitieron reconstruir los pasos dados por los terroristas que perpetraron el mayor atentado ocurrido en la historia de Espa?a el 11 de marzo de 2004.

La polic¨ªa espa?ola plante¨® al Ministerio del Interior en sus informes sobre la investigaci¨®n de la matanza del 11-M la necesidad de elaborar una ley que obligase a la identificaci¨®n de los propietarios de tarjetas prepago, lo que facilitar¨ªa las pesquisas.

En Espa?a, seg¨²n los datos de las propias compa?¨ªas telef¨®nicas, hab¨ªa el a?o pasado 39 millones de usuarios de tel¨¦fonos m¨®viles de los que 24 millones utilizan tarjetas prepago. De esos 24 millones de usuarios, las compa?¨ªas tienen identificados a unos ocho millones por distintas promociones comerciales en las que los clientes han dado sus nombres. Los 16 millones de usuarios restantes son inidentificables.

El anteproyecto de Ley redactado por los ministerios de Justicia e Interior establece una obligaci¨®n de las compa?¨ªas y de los comercios que suministran esas tarjetas telef¨®nicas de establecer libros de registro donde se identifique a los titulares de esos tel¨¦fonos. Cuando se aprob¨® la directiva comunitaria en el Parlamento Europeo s¨®lo hab¨ªa un pa¨ªs en Europa, que era Suiza, con una reforma legal para obligar a identificar a todos los compradores de tel¨¦fonos m¨®viles con tarjeta prepago que hab¨ªa fijado un plazo para desconectar todos los tel¨¦fonos no identificados.

Las compa?¨ªas telef¨®nicas espa?olas consideran que no existe ninguna complicaci¨®n t¨¦cnica para mantener almacenados los datos de las comunicaciones telef¨®nicas de sus clientes durante un plazo m¨ªnimo de un a?o aunque afirman que se disparar¨¢n los gastos que dedican a esta tarea dado que ahora el plazo de conservaci¨®n es muy inferior.

Seg¨²n las operadoras consultadas por este peri¨®dico, los gastos de almacenamiento de esas comunicaciones podr¨ªan alcanzar los 20 millones de euros.

Actualmente, las compa?¨ªas registran los datos de conexi¨®n y tr¨¢fico (n¨²mero de origen y destino de la llamada, duraci¨®n, hora y lugar) por motivos comerciales y de facturaci¨®n. Lo hacen por un tiempo medio de tres meses.

La localizaci¨®n de un m¨®vil se lleva a cabo mediante el control de las se?ales de una celda, espacio de cobertura asociado a cada antena, con un margen que puede ir desde los 200 metros en zonas urbanas a kil¨®metros en zonas rurales.

Las operadoras recuerdan que ser¨ªa muy costosa la identificaci¨®n de los propietarios de tarjeta prepago, pues les obligar¨ªa a hacer una campa?a de publicidad, a crear nuevas bases inform¨¢ticas y a movilizar a m¨¢s personal para ese control.

La nueva norma corregir¨¢ la vigente Ley de Servicios de Sociedad de la Informaci¨®n, que establece que las compa?¨ªas telef¨®nicas deber¨¢n almacenar esos datos de las comunicaciones de sus clientes por un tiempo m¨¢ximo de 12 meses. Ahora ese tiempo m¨¢ximo ser¨¢ el m¨ªnimo obligatorio de almacenaje de los datos.

La investigaci¨®n judicial en Espa?a manten¨ªa el pasado a?o m¨¢s de 40.000 tel¨¦fonos, fijos o m¨®viles, controlados. En estos casos, la polic¨ªa tiene interceptadas las llamadas que se producen y puede grabar el contenido de las conversaciones.