Competencia respalda la legalidad del acuerdo que fij¨® el canon digital

El acuerdo entre las sociedades que gestionan derechos de autor y la asociaci¨®n que agrupa a las empresas tecnol¨®gicas espa?olas, ASIMELEC, que fija el pago de un canon sobre los discos compactos es absolutamente legal, seg¨²n el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que se?ala que la obligaci¨®n de pagar esta tasa exist¨ªa antes del acuerdo y que no existen en ¨¦ste elementos que vayan contra el normal funcionamiento del mercado. Con esta decisi¨®n se desestiman los recursos interpuestos contra el sobreseimiento de la denuncia formulada por el abogado Javier de la Cueva, Hispalinux y la Asociaci¨®n de Internautas.

Seg¨²n el TDC, los fabricantes de productos que permiten la realizaci¨®n de copias estaban obligados por ley a compensar a todas las entidades de gesti¨®n, y el acuerdo simplemente cierra los detalles de esa compensaci¨®n. Coincide as¨ª con los argumentos de ASIMELEC, cuyo director general, Jos¨¦ P¨¦rez, recuerda que el acuerdo no establec¨ªa un canon porque ¨¦ste ya lo hab¨ªa creado el art¨ªculo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

"El Acuerdo al que nos vimos obligados a negociar, adem¨¢s de completamente constitucional, no restring¨ªa la competencia, sino que trataba de solucionar de la mejor manera las sentencias que reconoc¨ªan a las entidades de gesti¨®n la deuda reclamada contra las distintas empresas deudoras de la remuneraci¨®n", explica.

El pago del canon establecido por la ley hab¨ªa provocado enfrentamientos judiciales en los que las empresas del sector de la electr¨®nica fueron condenadas, por lo que ASIMELEC intent¨® "evitar nuevas sentencias condenatorias y conseguir condiciones econ¨®micas m¨¢s ventajosas que las que los Tribunales estaban imponiendo (...). El resultado del convenio fue la condonaci¨®n de las cantidades adeudadas hasta la firma del mismo, y ligeras rebajas sobre el importe de remuneraciones futuras respecto a los que marca la legislaci¨®n".

"La sentencia permitir¨¢ denunciar a la SGAE"

Lejos de entender como un varapalo la decisi¨®n de Competencia el abogado Javier de la Cueva, impulsor de las acciones legales contra el canon en nuestro pa¨ªs, se muestra "encantado con la resoluci¨®n", pues gracias a este procedimiento se han conocido informes sobre el uso de dispositivos electr¨®nicos que, seg¨²n afirma, son imprecisos, y no deber¨ªan haberse utilizado para fundamentar la cuant¨ªa del cobro del canon".

"La decisi¨®n est¨¢ muy bien argumentada", explica De la Cueva, "y explica que por medio del acuerdo la SGAE renunci¨® al cobro de un derecho que, seg¨²n la ley, es irrenunciable para los autores, abri¨¦ndose la v¨ªa para denunciar a las sociedades de autor por una mala gesti¨®n de sus representados".

De cara al futuro, teniendo en cuenta la resoluci¨®n de ¨¦ste y otros procedimientos, el abogado traza una estrategia de lucha contra el canon y el sistema actual de derechos de autor basada en varias acciones. El objetivo de todas estas actuaciones es, seg¨²n afirma, "hacer una reconversi¨®n industrial. No hay que proteger a las discogr¨¢ficas, hay que proteger a los trabajadores, a los autores, fiscalizar la labor que est¨¢n haciendo las entidades de gesti¨®n y la industria del entretenimiento".

Por una parte, est¨¢ la denuncia a SGAE antes citada. Adem¨¢s, Javier De la Cueva resalta la negativa de los ministerios de Cultura y Hacienda a explicar el coste que para las arcas del Estado supone la existencia de la tasa compensatoria, lo que en su opini¨®n delata que "la Administraci¨®n se est¨¢ autoimponiendo un canon, una ayuda encubierta a las sociedades de autor". Por ello "se denunciar¨¢ al Estado ante la Comisi¨®n Europea por dar ayudas prohibidas".

Una tercera actuaci¨®n tendr¨¢ que ver con el equilibrio financiero entre la administraci¨®n central, local y auton¨®micas, pues seg¨²n De la Cueva "se puede ver alterado por una orden ministerial, la que fijar¨¢ la reforma del canon por acuerdo entre Industria y Cultura, y no es de recibo que seg¨²n ambos decidan se modifique el gasto de las comunidades que tengan transferidas las competencias en materia de Justicia, como Catalu?a por ejemplo".