Asociaciones de consumidores denuncian una subida de tarifas telef¨®nicas encubierta
Movistar, Vodafone y Orange cifran en 50 millones el coste de poner nombre a los prepago
Dos noticias con un hilo com¨²n, seg¨²n varias asociaciones como la Asociaci¨®n de Internautas (AI) o la Federaci¨®n de Consumidores en Acci¨®n (Facua). Ayer entr¨® en vigor la ley de conservaci¨®n de datos relativos a las comunicaciones electr¨®nicas que obliga a las operadoras a identificar a todos los dientes de prepago. Ayer tambi¨¦n Telef¨®nica anunciaba sus nuevas tarifas para el mes de enero, con un incremento del establecimiento de llamada del 25% y una reducci¨®n del precio por minuto que oscila entre el 8 y el 18%. Las asociaciones consideran que esta revisi¨®n de tarifas encubre una subida encubierta que trata de compensar precisamente el coste que va a tener para las compa?¨ªas las nuevas exigencias sobre conservaci¨®n de datos.
La AI estima que, al igual que Telef¨®nica, el resto de las compa?¨ªas aplicar¨¢n nuevas subidas para enjugar estos costes. Y es que el Gobierno, tras los atentados del 11-M, decidi¨® llevar a cabo una de las legislaciones m¨¢s exigentes de la UE en materia de control de las comunicaciones duras, pero claro, sin destinar un solo euro a su financiaci¨®n, que corre a cargo de las empresas.
Movistar, Vodafone, Orange y ONO han echado cuentas y han cifrado en 50 millones de euros el coste que les va a suponer las medidas a las que le obliga la ley, como la identificaci¨®n de los 19 millones de clientes de prepago y la creaci¨®n de un registro de llamadas que se ponga a disposici¨®n de la Polic¨ªa en caso de delito y siempre bajo mandamiento judicial.
Llamadas m¨¢s caras
Tanto la AI como otras asociaciones denuncian que Telef¨®nica est¨¢ llevando a cabo una subida encubierta del precio de sus llamadas porque, aunque rebaje el precio por minuto, ampl¨ªa el tiempo en el que aplicar¨¢ el horario normal en lugar del reducido para las llamadas a m¨®viles. En la misma l¨ªnea Facua cifra la subida del precio de las llamadas de fijo a m¨®vil hasta en un 42% en 2008.
A partir del 1 de enero, el horario normal ser¨¢ de lunes a viernes de 8.00 a 22.00, y los s¨¢bados de 8.00 a 14.00 horas, mientras que el reducido ser¨¢ de lunes a viernes, entre las 22.00 y las 8.00 horas, los s¨¢bados entre las 14.00 y las 8.00 horas, y los domingos y festivos nacionales durante todo el d¨ªa.
Seg¨²n la Asociaci¨®n Pro Derechos Civiles, Econ¨®micos y Sociales (ADECES), los usuarios pagar¨¢n m¨¢s caras sus llamadas desde el tel¨¦fono fijo de Telef¨®nica a m¨®viles en horario normal: un 3% si se llama a Yoigo; un 22% si se llama a Movistar; y un 17% y un 14% seg¨²n se llame a Vodafone u Orange.
Con el DNI en la mano
La normativa de ley de conservaci¨®n de datos ya ha comenzado a tener efectos. Las 20.000 tiendas de operadoras y de distribuidores que hay en toda Espa?a han comenzado a pedir la identificaci¨®n a los compradores de nuevas tarjetas prepago, que deben aportar su nombre, nacionalidad y acreditarla con un documento (DNI, pasaporte, tarjeta de residente). Los 19 millones que ya poseen un prepago tienen un plazo de dos a?os para identificarse. Al t¨¦rmino del mismo, les ser¨¢ retirado el n¨²mero de tel¨¦fono.
Las operadoras socias de Redtel ya han dispuesto procedimientos de actuaci¨®n para involucrar a sus redes de distribuci¨®n (con cerca de 20.000 puntos de venta en todo el territorio) en el cumplimiento del nuevo marco legal. Los mecanismos dispuestos se perfeccionar¨¢n y optimizar¨¢n progresivamente con la participaci¨®n activa de los distribuidores y la cooperaci¨®n del sector con las autoridades.
Sin garant¨ªas judiciales
No todos est¨¢n de acuerdo con la ley. Algunos como la AI consideran que la ley de conservaci¨®n de datos no establece un verdadero control judicial porque si bien es cierto que la polic¨ªa necesita autorizaci¨®n judicial para acceder a los datos, tambi¨¦n lo es que la interceptaci¨®n de las comunicaciones se lleva a cabo de forma sistem¨¢tica e indiscriminada, sin que medie una orden judicial.
Seg¨²n la AI, los datos no se entregan al juez para que decida cu¨¢les son relevantes para la investigaci¨®n y cu¨¢les no, ni se incorporan a ning¨²n tipo de diligencias previas, sino que se entregan directamente al agente facultado, quien podr¨¢ disponer de ellos a su antojo sin control Judicial alguno.
Esta ausencia de control judicial permitir¨¢ que se reinvente la pr¨¢ctica desterrada por el Tribunal Supremo y la Fiscal¨ªa General del Estado de realizar investigaciones predelictuales o de prospecci¨®n desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qu¨¦ se quiere descubrir. Por eso, la AI va a llevar el caso ante el Defensor del Pueblo y no descarta tomar otro tipo de acciones m¨¢s adelante.
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