REINO UNIDO: La desconexi¨®n depende de un juez y un c¨®digo de conducta

El parlamento brit¨¢nico aprob¨® en abril pasado la llamada Ley de Econom¨ªa Digital, que introduce la posibilidad de llegar a la desconexi¨®n por infracciones contra la propiedad intelectual en Internet. Aunque la ley entr¨® en vigor el 8 de junio, los aspectos relativos a las sanciones dependen a¨²n de la puesta en marcha de un c¨®digo de conducta por parte de Ofcom, el organismo independiente que regula las telecomunicaciones en Reino Unido. La ley est¨¢ tambi¨¦n pendiente de un recurso judicial planteado por BT y Talk-Talk, los dos mayores proveedores de servicios de Internet (o ISP, a partir de las silas en ingl¨¦s) brit¨¢nicos.

El "objetivo ¨²ltimo de la legislaci¨®n es cambiar el comportamiento de la gente de lo ilegal a lo legal". Para conseguirlo, la ley introduce una serie de nuevos mecanismos punitivos que se empiezan a activar cuando el posible infractor recibe tres notificaciones en menos de un a?o, separadas cada una de ella al menos un mes.

El borrador de reglamento elaborado por Ofcom, que est¨¢ pendiente de recibir el visto bueno parlamentario, establece que cuando una compa?¨ªa creadora de contenidos cree que un usuario est¨¢ violando sus derechos de autor tiene derecho a informar de ello al correspondiente ISP. Este puede utilizar esa informaci¨®n para identificar al individuo afectado y enviarle una carta de advertencia. Si esa persona recibe tres advertencias en menos de un a?o, queda incluida en un registro de infractores. Las creadoras de contenidos pueden entonces pedir a un juez la identificaci¨®n de los infractores para poder llevarles a los tribunales si lo consideran necesario.

El usuario, sin embargo, puede apelar contra las advertencia y es considerado inocente "a menos de que el propietario de los derechos de autor o el proveedor de servicios de Internet pueda probar que a) la aparente infracci¨®n era efectivamente una infracci¨®n de los derechos de autor y, b) que el informe se refiere al suscriptor de la direcci¨®n IP en el momento de esa infracci¨®n".

Las cartas de aviso tienen como objetivo reducir con su sola presencia el n¨²mero de violaciones de los derechos de autor. Las compa?¨ªas ISP han de hacer informes trimestrales sobre la evoluci¨®n de esas cifras y, si el sistema de cartas no resulta efectivo, entonces el Gobierno decidir¨¢ el paso a una segunda fase de la normativa. Esta segunda fase es la que contempla acciones mucho m¨¢s dr¨¢sticas, llamadas "medidas t¨¦cnicas", como "l¨ªmites a la velocidad u otras capacidades de los servicios de Internet a un suscriptor; impedir a un suscriptor que utilice el servicio para acceder a cierto tipo de material en particular o limitar su uso; suspender el servicio suministrado a un suscriptor; limitar de otra manera el servicio suministrado a un suscriptor".

La ley brit¨¢nica, sin embargo, est¨¢ de alguna manera en el limbo. No solo porque Ofcom a¨²n no ha acabado el proceso de poner en marcha la nueva legislaci¨®n sino por el recurso judicial presentado por BT y Talk-Talk, que ha sido aceptado por los tribunales y que no empezar¨¢ a verse hasta febrero. BT, pero sobre todo Talk-Talk, argumentan que la ley es inefectiva porque est¨¢ orientada a acabar con los archivos que se comparten en las redes de P2P y los infractores migrar¨¢n a otros sistemas imposibles de detectar, porque los costes para los proveedores de Internet ser¨¢n muy altos, porque el sistema ser¨¢ muy injusto porque al suscriptor de una conexi¨®n se le hace responsable de los incumplimientos de terceras personas salvo que pueda probarlo y porque la ley fue tramitada de forma urgente en los ¨²ltimos d¨ªas de la anterior legislatura, sin el debido escrutinio parlamentario.