"En Espa?a hay muchas presiones en relaci¨®n a la Ley Sinde"
La fiscal Pilar Rodr¨ªguez aboga por un adecuado desarrollo de la nueva norma de protecci¨®n de la propiedad intelectual en Internet
La mesa redonda sobre eLaw (Derecho on-line) de la cumbre Bilbao Web Summit se ha centrado esta tarde en las pruebas electr¨®nicas y la defensa de la propiedad intelectual en Internet. Sobre este ¨²ltimo tema ha girado la conferencia de la fiscal Pilar Rodr¨ªguez, de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid. "Hasta ahora en Espa?a no hemos sabido proteger la propiedad intelectual en Internet desde la v¨ªa penal y civil, ?seremos capaces de hacerlo por la v¨ªa administrativa?", se ha preguntado la fiscal en relaci¨®n a la Ley Sinde. "Es el reto porque hay muchas presiones dentro y fuera de Espa?a. En Europa nos miran con lupa", seg¨²n Rodr¨ªguez. "Espa?a est¨¢ a la cola en la protecci¨®n de la propiedad intelectual, cuando la cultura es un sector que representa el 4% del PIB y si se trata bien podr¨ªa alcanzar el 8% o el 10%".
La fiscal, con 19 a?os de experiencia profesional, ha se?alado que en Espa?a exist¨ªan tres formas de proteger las obras de los autores en Internet: por la v¨ªa penal (como delito), la v¨ªa civil o a trav¨¦s de la intermediaci¨®n de la Administraci¨®n, como es el caso de la Ley Sinde, a¨²n en tramitaci¨®n.
Perseguir las vulneraciones de la propiedad intelectual como delito no es posible en Espa?a, seg¨²n Rodr¨ªguez, porque para ello es preciso demostrar desde 2006 que hay un ¨¢nimo de lucro comercial a gran escala. Con la v¨ªa penal cerrada, la v¨ªa civil tambi¨¦n presenta dificultades porque esta v¨ªa es "muy lenta" (se tarda dos meses solo en registrar la demanda) y los perjuicios a los autores no cesan durante un amplio periodo de tiempo. "No es una respuesta ¨¢gil a estas vulneraciones", ha se?alado Rodr¨ªguez.
La fiscal apunta que la v¨ªa administrativa (Ley Sinde) ha tenido que solucionar algunas trabas, como la colisi¨®n de derechos ( a la intimidad, el honor, secreto de las comunicaciones), por lo que se ha incluido a jueces de la Audiencia Nacional. "Esto entorpece el proceso. El reglamento est¨¢ en tramitaci¨®n, pero no se sabe c¨®mo terminar¨¢", ha dicho Rodr¨ªguez.
Asimismo, la ponente ha recalcado que el nuevo reglamento "responsabilizar¨¢ a las empresas de intermediaci¨®n (p¨¢ginas de enlace)", pese a no haber sido formalmente parte del proceso.
Por su parte, Jos¨¦ Mar¨ªa Anguiano, socio del Departamento de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n de Garrigues, ha explicado las dificultades de incluir pruebas relacionadas con la web en un juicio. Anguiano ha se?alado que las pruebas electr¨®nicas tienen tres caracter¨ªsticas: son vol¨¢tiles, intrusivas y, muchas veces, unilaterales. Para reducir su volatilidad, el abogado ha apuntado la necesidad de buscar los servicios de un notario que de fe de que la prueba existe en la web porque "al d¨ªa siguiente ha podido desaparecer".
"En el mundo digital se producen colisiones de derechos y hay una exacerbaci¨®n del de la intimidad, que est¨¢ sobreprotegida. No es el m¨¢s importante. La sociedad de la informaci¨®n necesita una sociedad madura y entender la intimidad en un sentido amplio, no verla en cada peque?o detalle", ha precisado.
En lo que respecta a la uniliteralidad de las pruebas electr¨®nicas, Anguiano ha advertido que el valor de un correo electr¨®nico en un juicio es, en la actualidad "cero". "Es preciso crear el correo electr¨®nico certificado, algo como el servicio Metaposta del Gobierno vasco" porque para usar un mail como prueba la "intervenci¨®n de un tercero es vital". En el encuentro ha participado tambi¨¦n Juan Jos¨¦ Mar¨ªn L¨®pez, director del equipo de Copyright de G¨®mez-Acebo& Pombo Abogados.
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