?M¨¢s corrupci¨®n para m¨¢s desarrollo?

La Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) fue promulgada en 1977 en Estados Unidos para luchar contra la corrupci¨®n, proteger la reputaci¨®n de las compa?¨ªas estadounidenses y promover la competencia transparente y la confiabilidad y solidez en los mercados. Las pr¨¢cticas corruptas de empresas estadounidenses en el exterior, siendo el caso m¨¢s notorio el de sobornos pagados por Lockheed Corporation, terminaron en la expedici¨®n de la ley FCPA. Algunos casos posteriores notorios de aplicaci¨®n de la FCPA involucraron a la alemana Siemens AG, a KBR y Halliburton en Estados Unidos y a la petrolera francesa Total S.A., entre otros.

La FCPA aborda principalmente la corrupci¨®n y el soborno a funcionarios extranjeros. Tiene dos disposiciones principales: primero, las normas antisoborno, que proh¨ªben a personas, empresas estadounidenses y ciertos emisores extranjeros de valores sobornar a funcionarios gubernamentales en el exterior, incluyendo organismos internacionales, para obtener o conservar negocios o lograr alguna ventaja indebida. Asimismo, en materia financiera, obliga a las empresas que cotizan en bolsa a mantener libros, registros y cuentas precisas que reflejen las transacciones de manera veraz. Los representantes de las compa?¨ªas que incurran en esas pr¨¢cticas, as¨ª sea en el exterior o a trav¨¦s de terceros, son responsables ante la ley.

No es casualidad que la FCPA se concentre en las compa?¨ªas inscritas en bolsa y que la Comisi¨®n del Mercado de Valores (SEC) ¡ª adem¨¢s del Departamento de Justicia ¡ª juegue un papel central. Se busca proteger la integridad y transparencia del mercado de valores de Estados Unidos y procurar mantener a las compa?¨ªas inscritas al margen de pr¨¢cticas corruptas y sus consecuentes esc¨¢ndalos y afectaciones financieras y corporativas.

Hace dos semanas, el presidente Donald Trump expidi¨® un decreto en el que le ordena a la fiscal general, Pam Bondi, suspender las acciones que est¨¦ llevando bajo la FCPA hasta que se redacten nuevas gu¨ªas de aplicaci¨®n, que promuevan la competitividad de Estados Unidos y un uso eficiente de los recursos para la aplicaci¨®n de la ley. La Casa Blanca orden¨® adem¨¢s revisar los procesos bajo la FCPA, pasados y en curso, y que las futuras investigaciones se rijan por las nuevas reglas del Departamento de Justicia. Aunque en teor¨ªa deber¨ªa funcionar con cierta independencia, en este caso es de esperar obediencia absoluta, lo cual tampoco es nuevo.

As¨ª ha sucedido en reiteradas oportunidades, como lo analiza la Universidad de Yale en el Yale Law & Policy Review: entre otros casos, se se?ala el de William P. Rogers, el fiscal general de Dwight Eisenhower, que se dedic¨® a hacer campa?a partidista por el vicepresidente Richard Nixon desde su despacho; Bobby Kennedy, que manejaba la fiscal¨ªa como una reuni¨®n familiar para defender a John, su hermano-presidente y a su Gobierno dem¨®crata; el mismo Trump despidi¨® a la fiscal encargada Sally Yates por ¡°insubordinaci¨®n¡± en su primer Gobierno, tan solo 10 d¨ªas despu¨¦s de haberse posesionado como mandatario.

Si Pam Bondi defiende ciegamente la tesis del presidente y act¨²a sin balances, ser¨¢ el siguiente de muchos cap¨ªtulos de actuaciones controversiales de esa oficina.

El decreto de Trump viene de la preocupaci¨®n de que otros pa¨ªses incurren en pr¨¢cticas corruptas y de esa manera obtienen contratos en detrimento de los proponentes de Estados Unidos. Y seguramente, en muchos casos es as¨ª. Por eso considera que si los dem¨¢s van a incurrir en esas pr¨¢cticas, Estados Unidos tambi¨¦n har¨¢ lo propio y las considera ¡°comunes entre competidores internacionales¡±. En otras palabras: si no puedes contra ellos, ¨²nete.

Por ser la FCPA una ley federal, no puede ser derogada por el presidente, pero s¨ª puede reglamentar su aplicaci¨®n. Aunque suene trivial, es bueno recordar que la rama legislativa hace las leyes, la ejecutiva las reglamenta y ejecuta y la judicial juzga a quienes no las cumplen.

Caben muchas preguntas. ?Hasta d¨®nde puede llegar el Ejecutivo en la reglamentaci¨®n de una ley federal? ?Puede la reglamentaci¨®n contradecir el esp¨ªritu de la ley que est¨¢ reglamentando? ?Puede el presidente ordenar que el Departamento de Justicia no cumpla con su deber? ?Puede el Departamento de Justicia simplemente no aplicar una ley federal? ?Es posible que la poderosa SEC, a cargo de la vigilancia de las compa?¨ªas inscritas en bolsa, tampoco lo haga? ?C¨®mo van a registrar contablemente las compa?¨ªas los sobornos?

Adem¨¢s del desorden institucional y legal que esto genera, ?no incurre en el delito de prevaricato el funcionario p¨²blico que deliberadamente incumpla las normas que debe hacer respetar? Y finalmente, ?qui¨¦nes se van a atrever a violar la ley ahora, si el pr¨®ximo Gobierno puede volver a interpretarla y reglamentarla, pero en sentido contrario? La FCPA como ley federal ser¨¢ la misma, a menos de que el Congreso la modifique, lo cual dif¨ªcilmente suceder¨¢. Y ya veremos qu¨¦ contiene la reglamentaci¨®n que Bondi expedir¨¢ en poco m¨¢s de cinco meses, como se lo pidi¨® Trump.

Todo esto es una mala cosa para Am¨¦rica Latina. Desafortunadamente, uno de los grandes males de Latinoam¨¦rica es la corrupci¨®n. En el ¨²ltimo informe de Transparencia Internacional de 2024, en que se listan los pa¨ªses de menos a m¨¢s corruptos, salvo Uruguay, toda Latinoam¨¦rica se ubica por debajo de 50 puntos, es decir, en la mitad de los m¨¢s corruptos.

Nuestra regi¨®n ha visto por much¨ªsimos a?os a Estados Unidos ¡ªcon sus virtudes y sus defectos¡ª como un referente cuya influencia en muchos campos como el pol¨ªtico, el econ¨®mico y el cultural, es indiscutible.

Ahora, como cada vez que Estados Unidos hace algo, muchos se sentir¨¢n autorizados a imitarlo ciegamente. Ya empezaremos a ver a nuestros analistas aplaudiendo como focas en las redes sociales y explicando con argumentos contundentes de una sola frase que, lo que le faltaba a la regi¨®n para lograr el desarrollo, era m¨¢s corrupci¨®n.