El rey Trump
La pregunta ya no es si Trump puede modificar la Constituci¨®n para mantenerse en el poder, sino si la democracia estadounidense es lo suficientemente s¨®lida para resistir los desaf¨ªos de un l¨ªder con una base dispuesta a cuestionar sus l¨ªmites
El contundente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace un mes marc¨® un hito en la historia contempor¨¢nea de Estados Unidos, pero tambi¨¦n abri¨® una inc¨®gnita: ?qu¨¦ tan s¨®lidos son los l¨ªmites institucionales en la democracia m¨¢s influyente del mundo?
La Enmienda 22 de la Constituci¨®n de Estados Unidos, aprobada en 1951 tras la presidencia extendida de Franklin D. Roosevelt, establece que ninguna persona puede ser elegida presidente m¨¢s de dos veces. No importa si los periodos son consecutivos o no: dos es el l¨ªmite. Ya que se encuentra en su segundo mandato, la normativa vigente impide que Trump contin¨²e en el poder despu¨¦s de 2029.
Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que las normas democr¨¢ticas no siempre son infranqueables. La erosi¨®n institucional y la concentraci¨®n del poder son procesos graduales que, en ciertos contextos de crisis, pueden acelerarse.
Si Trump o sus seguidores quisieran abolir el l¨ªmite de dos mandatos, tendr¨ªan que cambiar la Constituci¨®n. Pero modificar la Carta Magna estadounidense es un proceso intencionalmente dif¨ªcil, dise?ado para evitar alteraciones impulsivas o basadas en intereses personales. Existen dos v¨ªas: una enmienda aprobada por el Congreso y ratificada por 38 Estados, o la convocatoria de una convenci¨®n nacional, algo nunca utilizado en la historia del pa¨ªs. Ambas rutas parecen inalcanzables en un contexto de polarizaci¨®n extrema.
Hist¨®ricamente, algunos republicanos han propuesto eliminar la Enmienda 22, pero sin ¨¦xito. De hecho, en los ¨²ltimos a?os, han sido m¨¢s frecuentes las propuestas para reforzar los l¨ªmites al poder presidencial, no para debilitarlos.
La resistencia institucional depende, en gran medida, del contexto pol¨ªtico. En tiempos de crisis, los l¨ªmites del poder pueden volverse difusos. Estados Unidos tiene un conjunto de leyes y ¨®rdenes ejecutivas que otorgan al presidente autoridad ampliada en situaciones de emergencia nacional. En teor¨ªa, si el pa¨ªs enfrentara una guerra, un ataque terrorista de gran escala o una crisis de gobernabilidad, el Gobierno podr¨ªa adoptar medidas extraordinarias, como suspender elecciones o extender el mandato presidencial.
A lo largo de la historia, varios presidentes han expandido su autoridad en tiempos de crisis. Abraham Lincoln elimin¨® temporalmente el derecho de los ciudadanos a no ser detenidos arbitrariamente sin una orden judicial durante la Guerra Civil, permitiendo arrestos sin necesidad de presentar cargos ante un juez. Franklin D. Roosevelt asumi¨® poderes extraordinarios durante la Segunda Guerra Mundial, permitiendo al Gobierno intervenir en la econom¨ªa, restringir libertades civiles y tomar decisiones sin la aprobaci¨®n del Congreso en ciertos casos. George W. Bush increment¨® la vigilancia gubernamental tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En la mayor¨ªa de los casos, estos poderes se retiraron con el tiempo, pero la historia muestra que los estados de excepci¨®n pueden modificar el equilibrio de poder de forma duradera. Trump, quien ha basado su ret¨®rica en la idea de que el sistema est¨¢ en su contra y en narrativas de amigos y enemigos que cohesionen y refuercen a sus seguidores, podr¨ªa argumentar que el pa¨ªs enfrenta una amenaza sin precedentes. Si lograra suficiente apoyo en el Congreso y entre sus bases, podr¨ªa intentar utilizar alguna forma de emergencia para aplazar elecciones o cuestionar su resultado (como ya hizo en 2020).
Junto con el uso de emergencias, Trump podr¨ªa tambi¨¦n asegurarse de que cualquier disputa sobre su mandato sea resuelta a su favor. Su primer Gobierno dej¨® una marca profunda en el poder judicial, con cientos de jueces federales designados y un Tribunal Supremo de mayor¨ªa conservadora. Si en su segundo mandato logra consolidar a¨²n m¨¢s su influencia en la judicatura, la independencia de los tribunales podr¨ªa verse comprometida en un momento cr¨ªtico para la democracia estadounidense.
A esto se suma la reciente decisi¨®n del Tribunal Supremo, que ha ampliado a¨²n m¨¢s el margen de maniobra del poder ejecutivo. En un fallo hist¨®rico, la corte determin¨® el a?o pasado que los presidentes en ejercicio gozan de inmunidad absoluta por actos oficiales y de protecci¨®n legal en ciertas acciones no oficiales, dificultando que puedan ser procesados judicialmente mientras ocupan el cargo. Esta interpretaci¨®n otorga a Trump una cobertura sin precedentes, que podr¨ªa blindarlo frente a intentos de responsabilizarlo legalmente por medidas extremas, reforzando la percepci¨®n de que el presidente est¨¢, en gran medida, por encima de la ley.
En Centroam¨¦rica, el caso de Nayib Bukele en El Salvador ilustra c¨®mo un l¨ªder con suficiente respaldo popular puede desafiar los l¨ªmites de la reelecci¨®n. Aunque la Constituci¨®n salvadore?a proh¨ªbe la reelecci¨®n inmediata, un fallo de la Corte Suprema, en un contexto de dominio oficialista, permiti¨® que Bukele volviera a postularse. Asimismo, la figura de Rodrigo Chaves en Costa Rica busca ampliar su poder en el siguiente Gobierno, con un candidato designado, y reformar el sistema para facilitar su retorno lo antes posible, aprovechando la desconfianza popular hacia las instituciones tradicionales y tensionando los l¨ªmites constitucionales.
Nicaragua representa un caso a¨²n m¨¢s extremo. Daniel Ortega regres¨® al poder en 2007 y, tras eliminar el l¨ªmite a la reelecci¨®n mediante un fallo judicial en 2009, ha consolidado un r¨¦gimen autoritario. Las elecciones han sido objeto de fraude sistem¨¢tico, la oposici¨®n ha sido encarcelada o exiliada y el pa¨ªs ha entrado en una espiral de represi¨®n pol¨ªtica. Su Gobierno es una muestra de c¨®mo, una vez que se desmontan los frenos institucionales, la permanencia en el poder se convierte en un fin en s¨ª mismo.
Venezuela es un caso m¨¢s que conocido. Hugo Ch¨¢vez impuls¨® una reforma constitucional en 2009 para eliminar los l¨ªmites a la reelecci¨®n, asegurando su continuidad en el poder hasta su muerte en 2013. Su sucesor, Nicol¨¢s Maduro, ha profundizado el control sobre las instituciones, inhabilitando opositores, cooptando el poder judicial y celebrando elecciones cuestionadas internacionalmente. A trav¨¦s del uso de la crisis econ¨®mica y el aparato militar, ha logrado sostenerse en el poder a pesar del creciente aislamiento internacional y la erosi¨®n de la democracia en el pa¨ªs.
Estamos ante una tendencia global: l¨ªderes que han sorteado los l¨ªmites de la reelecci¨®n utilizando distintos mecanismos. Vlad¨ªmir Putin en Rusia ha alternado entre la presidencia y el cargo de primer ministro, modificando la Constituci¨®n en 2020 para extender su posible mandato hasta 2036. Recep Tayyip Erdogan en Turqu¨ªa pas¨® de primer ministro a presidente, consolidando el poder con una reforma constitucional en 2017 que transform¨® el sistema parlamentario en uno presidencialista. Alexander Lukashenko en Bielorrusia elimin¨® los l¨ªmites a la reelecci¨®n mediante un refer¨¦ndum en 2004 y ha ama?ado sucesivas elecciones con represi¨®n y denuncias de fraude electoral.
No todos los l¨ªderes eligen este camino. Pero quienes han buscado perpetuarse en el poder han utilizado el debilitamiento de las instituciones y el control del aparato estatal como herramientas clave para su permanencia. Lo que empieza como una excepci¨®n, un ajuste institucional o una justificaci¨®n de estabilidad, termina transformando el sistema pol¨ªtico. Para cuando la erosi¨®n democr¨¢tica se vuelve evidente, suele ser demasiado tarde.
La pregunta ya no es si Trump puede modificar la Constituci¨®n para mantenerse en el poder, sino si el sistema democr¨¢tico estadounidense es lo suficientemente s¨®lido para resistir los desaf¨ªos de un l¨ªder con una base dispuesta a cuestionar sus l¨ªmites. ?l, por su parte, ya est¨¢ refiri¨¦ndose a s¨ª mismo como el Rey del pa¨ªs.
En Estados Unidos, el caos necesario para justificar medidas extraordinarias podr¨ªa parecerse al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero en una escala mayor y con respaldo dentro de las estructuras de poder. Un escenario donde disturbios, ataques o crisis de seguridad fueran presentados como una amenaza a la estabilidad nacional podr¨ªa generar las condiciones para que Trump o sus aliados argumenten la necesidad de ¡°proteger la democracia¡± con medidas fuera de lo com¨²n.
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