La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC para administrar la justicia transicional de los delitos cometidos durante el conflicto armado, abri¨® el que es considerado hasta ahora el mayor proceso por las violaciones de derechos humanos que se presentaron en el pa¨ªs antes del primero de diciembre de 2016, a?o de la firma del acuerdo. El macrocaso denominado cr¨ªmenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FACR-EP por causa, con ocasi¨®n, o en relaci¨®n directa o indirecta con el conflicto armado colombiano incluye 169.400 hechos como homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados y violencia sexual, entre otros, que todav¨ªa permanecen en la impunidad.

¡°Este es uno de los casos de mayor cobertura en el sentido que se extiende a todos los cr¨ªmenes no amnistiables de las FARC, en una l¨®gica m¨¢s de actor armado que de delito individualizado¡±, explic¨® el presidente del organismo, el magistrado Eduardo Cifuentes. Hasta ahora, los integrantes de esta guerrilla hab¨ªan afrontado la apertura de procesos por delitos espec¨ªficos como el secuestro y las acciones en algunas zonas concretas del pa¨ªs, principalmente, de la regi¨®n Pac¨ªfico.

Las investigaciones buscan reparar los derechos de las v¨ªctimas, ofreciendo verdad, justicia, reparaci¨®n y no repetici¨®n. ¡°Las v¨ªctimas hemos estado siempre en b¨²squeda de la verdad completa. Esa verdad es important¨ªsima para poder sanar las heridas y el coraz¨®n. Es importante que no se vuelva a repetir este conflicto para poder construir un pa¨ªs en paz¡±, expres¨® ?ngela Mar¨ªa Ballesteros, una madre v¨ªctima del conflicto armado en el municipio de Roncesvalles (Tolima). La mujer, de 77 a?os, perdi¨® a su hija, ?ngela Yesenia Bri?ez, quien era personera de la localidad y fue asesinada el 11 de julio de 2002.

La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz identific¨® tres patrones principales de cr¨ªmenes, siguiendo las mismas l¨®gicas o motivos, en el an¨¢lisis sobre la forma de actuar de la antigua guerrilla. El primero de ellos, relacionado con delitos cometidos para ejercer control social o territorial. ¡°Estos cr¨ªmenes los llevaron a cabo contra personas desconocidas por los guerrilleros por ser for¨¢neas a la regi¨®n, as¨ª como contra campesinos de las zonas para regular su comportamiento y castigarla en casos de desobediencia, para vaciar el territorio de autoridades estatales y liderazgos pol¨ªticos contrarios a su ideolog¨ªa y prop¨®sitos; todo esto con el fin dominar territorios considerados estrat¨¦gicos militar y econ¨®micamente. El pico de estos hechos fue entre el 2002 y el 2007, en medio de la confrontaci¨®n con paramilitares y con el Ej¨¦rcito nacional¡±, se?ala el tribunal de justicia transicional.

Tambi¨¦n se detectaron cr¨ªmenes cometidos en medio de las hostilidades y la confrontaci¨®n con otros actores como el ej¨¦rcito o grupos paramilitares, incluido el uso de m¨¦todos de guerra prohibidos en tomas guerrilleras a poblaciones civiles. Para ello, advierte la JEP, la guerrilla aument¨® y diversific¨® su arsenal incluyendo armas no convencionales y de uso indiscriminado.

El tercer patr¨®n est¨¢ asociado a cr¨ªmenes cometidos por redes urbanas en el que se advierte que ¡°si bien las FARC-EP fueron una guerrilla campesina originaria de zonas de la expansi¨®n agr¨ªcola, a partir de su r¨¢pido crecimiento en la d¨¦cada de los noventa tambi¨¦n incursion¨® en ¨¢reas urbanas, donde perpetr¨® homicidios de civiles bajo modalidad de sicariato, atentados a personas y bienes civiles con explosivos¡±.

En este ¨²ltimo est¨¢n incluidas las v¨ªctimas del atentado contra el club El Nogal en Bogot¨¢, uno de los m¨¢s exclusivos de la capital colombiana, el cual dej¨® 32 personas muertas y 198 heridos en el a?o 2003. ¡°Sentimos que finalmente nos tuvieron en cuenta. Hemos estado presentando pruebas desde 2018. Un crimen del tama?o del atentado a El Nogal, que ha sido el atentado urbano de mayor impacto a Bogot¨¢ y que puso en jaque a la capital, por parte de las FARC, ten¨ªa que ser tomado en consideraci¨®n por parte de la JEP. El 80% de las v¨ªctimas eran empleados¡±, afirm¨® Bertha Luc¨ªa Fr¨ªes, l¨ªder del grupo de v¨ªctimas de ese ataque.

De acuerdo con la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, una persona pudo haber sido v¨ªctima de varios de los cerca de 170.000 delitos atribuidos a la antigua guerrilla. Entre ellos, se incluye a 54.000 v¨ªctimas de desplazamiento forzado y 50.100 v¨ªctimas del uso de medios y m¨¦todos il¨ªcitos de guerra como el uso de artefactos explosivos y hechos tipificados como terrorismo. Adicionalmente, 48.000 v¨ªctimas de homicidio, 15.000 v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada y 2.300 v¨ªctimas de violencia sexual.

Participaci¨®n masiva de v¨ªctimas, el gran reto

Tras la apertura de la investigaci¨®n, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamar¨¢ a rendir versi¨®n colectiva sobre los hechos a exguerrilleros de todos los frentes, y a versi¨®n individual a los comandantes de la antigua guerrilla, quienes ya han comparecido ante el tribunal por algunos de los delitos cometidos. ¡°Los llamados a rendir versi¨®n deber¨¢n aportar verdad plena, detallada y exhaustiva sobre estos graves cr¨ªmenes¡±, se?al¨® la magistrada Belkis Florentina Izquierdo en la lectura del comunicado oficial sobre el caso.

Las versiones ante la JEP iniciar¨¢n cuando se resuelva uno de los m¨¢s grandes retos que haya afrontado la justicia transicional en Colombia: la implementaci¨®n de alternativas que permitan la participaci¨®n masiva de las v¨ªctimas. Esta investigaci¨®n agrupa 306 informes entregados por la sociedad civil en todo el pa¨ªs que no hab¨ªan sido abordados en los primeros procesos abiertos, as¨ª como los informes de la Fiscal¨ªa sobre cr¨ªmenes cometidos por las FARC durante el conflicto armado.

¡°Sin duda es el caso de mayor cobertura que hasta el presente ha decidido priorizar la Sala de Reconocimiento¡±, reconoci¨® el presidente de la JEP. Para ello, se contempla emplear la figura de representaci¨®n com¨²n como Organizaciones de Derechos Humanos, como se ha hecho en anteriores oportunidades, seg¨²n explic¨® la magistrada Julieta Lemaitre, quien lidera las investigaciones sobre toma de rehenes y otras violaciones graves de la libertad.

Otro de los desaf¨ªos es el temor que todav¨ªa sienten algunas de las v¨ªctimas. ¡°A¨²n persisten temores como: si hablo qu¨¦ me pasa, no quiero revivir lo sucedido o el temor a represalias por parte de distintos actores. Ojal¨¢ sea posible preparar a las v¨ªctimas para que podamos acercarnos a estas salas y contar lo que nos pas¨®, que escuchen la tragedia que se vivi¨® en este atentado y en las dem¨¢s acciones que cometieron las FARC, en algunos casos, con participaci¨®n de terceros¡±, precis¨® Bertha Luc¨ªa Fr¨ªes.

Tambi¨¦n la magistrada Marcela Giraldo reconoci¨® el tama?o que se trata de un reto a nivel de pa¨ªs. ¡°Este caso abarca la territorialidad de Colombia, distinto a otros en los que hemos estado concentrados en zonas espec¨ªficas. Una de las prioridades que tenemos es atender el clamor de v¨ªctimas de varias zonas del pa¨ªs a las que hasta ahora no hemos podido llegar dada nuestra capacidad institucional, log¨ªstica, t¨¦cnica y humana¡±, se?al¨®.

La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz ser¨¢ la encargada de determinar c¨®mo ser¨¢n reparadas las v¨ªctimas y de investigar, juzgar y sancionar a los comparecientes. Para ello, se emplear¨¢ la metodolog¨ªa de investigaci¨®n macrocriminal, enfocando los esfuerzos en la agrupaci¨®n de cr¨ªmenes por patrones de hechos y en la identificaci¨®n de los m¨¢ximos responsables.

Los otros macrocasos

El macrocaso por los delitos no amnistiables cometidos por las FARC es el primero que se inicia desde 2019. Su apertura se adelant¨®, seg¨²n la JEP, en respuesta a la orden de tutela emitida por la Secci¨®n de Apelaci¨®n del Tribunal de Paz en el marco de la solicitud de las v¨ªctimas del atentado al club El Nogal.

Desde su creaci¨®n tras la firma del acuerdo de paz, el organismo ha abierto otras siete investigaciones relacionadas con algunos de los hechos m¨¢s graves del conflicto armado. Los casos que ya se investigan son la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos tambi¨¦n como los ¡°falsos positivos¡±; la victimizaci¨®n de miembros de la Uni¨®n Patri¨®tica y el reclutamiento y utilizaci¨®n de ni?as y ni?os en el conflicto armado.

Tambi¨¦n se adelantan procesos por la situaci¨®n territorial de los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nari?o); el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca en el Pac¨ªfico colombiano, y de la regi¨®n del Urab¨¢, en los departamentos de Antioquia y Choc¨®, territorios que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y que han sido epicentro de disputas entre grupos armados por su ubicaci¨®n estrat¨¦gica entre los oc¨¦anos Atl¨¢ntico y Pac¨ªfico para el tr¨¢fico de drogas y armas.

Adicionalmente, se tiene prevista la apertura de otros tres macrocasos: los graves cr¨ªmenes cometidos por la fuerza p¨²blica en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado, los cr¨ªmenes cometidos en contra de pueblos y territorios ¨¦tnicos, y la violencia sexual y otros cr¨ªmenes motivados por el g¨¦nero, sexo, orientaci¨®n o identidad de g¨¦nero de la v¨ªctima en el marco del conflicto en Colombia.

La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz est¨¢ conformada por 38 magistrados en tres salas de justicia y el Tribunal para la Paz. Se enfoca en los delitos m¨¢s graves y representativos del conflicto armado. En particular, conoce de aquellos cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza P¨²blica, otros agentes del Estado y terceros civiles, estos ¨²ltimos con participaci¨®n voluntaria.

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