Las recomendaciones de la Comisi¨®n de la Verdad: cambiar la pol¨ªtica de seguridad, la paz con el ELN, reforma rural

La Comisi¨®n de la Verdad, una instituci¨®n que naci¨® de los acuerdos de paz del 2016, entrevist¨® a casi 30.000 personas que han vivido la guerra en Colombia con una pregunta en mente: ¡°por qu¨¦, a pesar de los m¨²ltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente¡± El pa¨ªs lleva al menos seis d¨¦cadas de violencia en las que entraron en confrontaci¨®n militares, guerrillas liberales, guerrillas de izquierda, grupos paramilitares, carteles del narcotr¨¢fico. Y junto a ellos hubo pol¨ªticos, empresarios, jueces, v¨ªctimas en unos casos, victimarios en otros. A pesar de los varios acuerdos de paz, la guerra persiste en algunos territorios del pa¨ªs. La Comisi¨®n de la Verdad entreg¨® este martes un extenso informe, de m¨¢s de 800 p¨¢ginas, sobre sus principales hallazgos y sus recomendaciones para frenar la guerra. Estas son las principales:

Un Pacto Nacional para la convivencia

M¨¢s del 90% de las v¨ªctimas de la guerra, dice el informe, son poblaci¨®n civil, si se tienen en cuenta solo los homicidios y desapariciones. Si se tienen en cuenta todas las formas de violencia, son aproximadamente 9 millones de v¨ªctimas, el 20% de la poblaci¨®n del pa¨ªs. Los grupos armados ¨Dparamilitares, guerrillas, Fuerzas Armadas y Polic¨ªa¨Dson los ¡°m¨¢ximos responsables¡±. La Comisi¨®n recomienda, a corto plazo, un pacto pol¨ªtico nacional promoviendo di¨¢logos regionales y locales para ¡°rechazar definitivamente la violencia como medio de resoluci¨®n de conflictos¡±. A mediano plazo recomienda una reforma al sistema pol¨ªtico y electoral que permita mejor representaci¨®n de las distintas regiones del pa¨ªs y, en particular, de las zonas rurales y de las v¨ªctimas. Y para proteger r¨¢pidamente la vida de quienes siguen amenazados por la violencia, exige al nuevo gobierno fortalecer lo antes posible el sistema de Alertas Tempranas de la Defensor¨ªa del Pueblo, las capacidades de la Unidad de Protecci¨®n, y las de la Unidad de Investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa.

Retomar el di¨¢logo con la guerrilla del ELN

Adem¨¢s de implementar el acuerdo de paz con las extintas FARC, el informe recomienda retomar el di¨¢logo con el ELN, la ¨²ltima guerrilla activa en Colombia. De car¨¢cter urgente, aseguraron los comisionados, hay que establecer medidas humanitarias, acuerdos humanitarios regionales para desescalar esa violencia. ¡°Urgente que la sociedad env¨ªe un mensaje a no tolerar m¨¢s armas ni a nombre de los ideales m¨¢s nobles. No es leg¨ªtimo tener las armas para defender una idea¡±, dijo la comisionada Marta Ruiz. El ELN se fortaleci¨® durante el gobierno de Iv¨¢n Duque y, a cifras de 2021, ten¨ªa m¨¢s de 5.180 combatientes.

Un nuevo Ministerio para la Paz y la Reconciliaci¨®n

La idea de esta nueva instituci¨®n es que ¡°lidere la implementaci¨®n y articule las instituciones, programas y pol¨ªticas orientadas al reconocimiento de las v¨ªctimas, la generaci¨®n de condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadan¨ªa y de esta con el Estado, y, en general, a la reconciliaci¨®n¡±. Los distintos procesos de paz han generado en Colombia una burocracia dif¨ªcil de acceder, y por eso este Ministerio articular¨ªa los trabajos que se hacen desde la Unidad de V¨ªctimas, el Museo de Memoria, el tribunal de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, la Unidad de B¨²squeda de Personas dadas por Desaparecidas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y la Defensor¨ªa del Pueblo.

Desarrollo territorial sostenible

La reforma rural integral, que se hab¨ªa negociado en el Acuerdo de Paz entre las extintas FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, qued¨® frenada bajo el gobierno de Iv¨¢n Duque. La Comisi¨®n de la Verdad pide retomar el esfuerzo de la reforma, adem¨¢s de promover relaciones de confianza entre sectores rurales y el gobierno para garantizar los derechos de quienes viven en el campo. Retomar, por ejemplo, el esfuerzo para hacer un catastro multiprop¨®sito, y la formaci¨®n de Zonas de Reserva Campesina. La Comisi¨®n dice que hay que distribuir tierra a campesinos que no la tienen (considera la cifra de al menos tres millones de hect¨¢reas para estos). Tambi¨¦n habla de hacer estas transformaciones protegiendo el medio ambiente, y pide al gobierno ratificar el acuerdo ambiental de Escaz¨².

Separar a la Polic¨ªa Nacional del Ministerio de Defensa

De acuerdo con el informe ¡°en la medida en que la Polic¨ªa Nacional fue subsumida en las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, tambi¨¦n fue involucrada en la doctrina militar y en la mentalidad del enemigo interno¡±. Esto se ha traducido en que atiende a las movilizaciones y protesta social ¡°como si fueran una guerra que atenta contra la existencia del Estado¡± y, por consiguiente no solo a no protege al ciudadano que se moviliza, sino que lo repele como un enemigo. Adem¨¢s, en otros ¨¢mbitos, la Polic¨ªa ¡°mezcla la persecuci¨®n del delito con la guerra contra un enemigo del conflicto, y termina persiguiendo m¨¢s al campesino cocalero que al propio actor armado¡±. La recomendaci¨®n es ubicarla en otro Ministerio, o en uno nuevo, para avanzar en el fortalecimiento de su car¨¢cter civil.

El fin de la polic¨ªa antidisturbios, ESMAD

A largo plazo, con el fin de proteger la protesta social, la Comisi¨®n recomienda: prohibir la militarizaci¨®n en caso de disturbios durante una manifestaci¨®n; nuevas medidas para evitar el uso del sistema penal contra los manifestantes; evitar acciones policivas para reprimir las protestas. Al igual que el presidente electo Gustavo Petro lo hizo en campa?a, la Comisi¨®n pide al gobierno ¡°la reforma o eliminaci¨®n del ESMAD¡±, como son conocidos los escuadrones antidisturbios.

Fortalecer controles disciplinarios a fuerzas militares

La reserva de la informaci¨®n de inteligencia y de seguridad nacional, el uso de gastos reservados y la informalidad del uso de los recursos p¨²blicos para las labores de seguridad facilitaron la comisi¨®n de cr¨ªmenes, dice el Informe. Y permitieron, como lo demostr¨® la justicia ordinaria, que las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad como el DAS negaran su participaci¨®n en los hechos ¡°o que sus recursos hab¨ªan financiado violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o la actuaci¨®n criminal de los grupos paramilitares¡±. Ante esto, recomienda fortalecer controles preventivos y disciplinarios para supervisar a las Fuerzas Militares y la Polic¨ªa. Y que las autoridades garanticen de manera inmediata el acceso a la informaci¨®n de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el t¨¦rmino legal de reserva a partir de la fecha de recolecci¨®n.

La justicia penal militar no debe juzgar violaciones a los derechos humanos

El Informe final afirma que la justicia penal militar oper¨® como ¡°mecanismo de impunidad durante d¨¦cadas¡± e incluso tuvo un papel encubridor en casos de ejecuciones extrajudiciales. Ante esto propone realizar un debate p¨²blico sobre la conveniencia de mantener el Fuero Penal Militar, y tambi¨¦n hacer ajustes para que la Fiscal¨ªa asuma la competencia de conductas punibles de la Polic¨ªa y Ej¨¦rcito, ¡°con excepci¨®n de las t¨ªpicamente militares¡±. Es decir, que la Justicia Militar no investigue ni juzgue en ning¨²n caso las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario .

Controlar la seguridad privada y el comercio de armas

La delegaci¨®n de la seguridad p¨²blica al conformar grupos de civiles y dotarlos con armas de uso privativo para apoyar las labores de defensa y seguridad p¨²blica que corresponden a las fuerzas estatales profundiz¨®, prolong¨® y degrad¨® la guerra, afirma el Informe. Por eso, la Comisi¨®n de la Verdad recomienda hacer un control efectivo de los departamentos de vigilancia y de seguridad privada para evitar ¡°que se involucren en acciones ilegales¡±. Tambi¨¦n propone robustecer la legislaci¨®n y los procedimientos de control y comercio de armas de fuego autorizadas legalmente en el pa¨ªs, as¨ª como su porte y tenencia, ¡°sobre la base de una caracterizaci¨®n del funcionamiento del mercado legal e ilegal de armas y municiones¡±.

Cambiar el modelo de seguridad del pa¨ªs por uno enfocado en la paz

El informe se?ala que el pa¨ªs est¨¢ atravesado por un modelo que confunde la seguridad con la defensa y que esa visi¨®n de la seguridad, ¡°fundamentada en la persecuci¨®n a las guerrillas¡± y del discurso del enemigo interno, ¡°han conllevado la comisi¨®n de cr¨ªmenes de extrema gravedad¡±. Estos delitos fueron cometidos tanto por las fuerzas del Estado como por los paramilitares frente a las acciones de las guerrillas, ¡°y han destruido la seguridad de los civiles no combatientes y, en general, la tranquilidad del pa¨ªs¡±. Ante esto hace ocho recomendaciones, entre ellas que la Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito sean dirigidas y lideradas por civiles y una profunda reforma de seguridad. Para ello propone que se creen una comisi¨®n internacional y una accidental del Congreso de la Rep¨²blica para acompa?ar ese proceso de transformaci¨®n.

Cambiar la cultura de la guerra por una de la paz

La Comisi¨®n hizo un cap¨ªtulo especial sobre la cultura de la guerra, en la que habla de ese discurso del enemigo interno. Con la guerra se han ¡°heredado y transmitido las identidades del enemigo; las l¨®gicas de odio, miedo, estigmatizaci¨®n, venganza, se?alamiento, resentimiento, rabia y deshumanizaci¨®n que caracterizan el conflicto¡±, dice el informe. Hace una serie de recomendaciones entonces que van dirigidas al sector educativo y a los medios de comunicaci¨®n. Al Ministerio de educaci¨®n le recomienda ¡°adaptaciones did¨¢cticas del informe final de la Comisi¨®n¡±, adem¨¢s de fortalecer la formaci¨®n docente para promover ¡°la convivencia, la promoci¨®n de los derechos humanos, la paz, la memoria y la verdad¡±. A los medios, por otro lado, les invita a ¡°un di¨¢logo nacional¡± para fortalecer su papel en la sociedad y ¡°el oficio period¨ªstico en la construcci¨®n de una cultura para la paz¡±.

No permitir ascensos de militares investigados por falsos positivos

La doctrina del enemigo interno facilit¨® las ejecuciones extrajudiciales que se conocen como falsos positivos. ¡°Durante el mandato de ?lvaro Uribe se consolid¨® una pol¨ªtica de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder p¨²blico para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la pol¨ªtica de seguridad oficial y publicitar su efectividad¡±, asegura el informe. Para la Comisi¨®n de la Verdad, ¡°al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH¡±. El expresidente Uribe, a trav¨¦s de su partido el Centro Democr¨¢tico, respondi¨® que no hubo una pol¨ªtica de body count y que gracias a las pol¨ªticas de su gobierno ¡°se acabaron los falsos positivos¡±. Durante su discurso, Francisco de Roux, presidente de la Comisi¨®n, dijo que ¡°el da?o causado por ese crimen a la ¨¦tica de la naci¨®n es inconmensurable¡±. El grueso de esos casos ocurri¨® entre 2002 y 2008. ¡°Estos cr¨ªmenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares¡±, agrega el documento. Ante este hecho, el Informe Final recomienda, entre otras cosas, no permitir ascensos de militares con denuncias cre¨ªbles o procesos abiertos en su contra ¡ªpor acci¨®n o por omisi¨®n¡ª en casos de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, o en casos de vinculaci¨®n y connivencia con grupos armados ilegales y delincuencia organizada.

Un nuevo enfoque frente a las drogas

El informe dice que ¡°todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotr¨¢fico¡±, como la guerrilla, los grupos paramilitares, pero tambi¨¦n varios pol¨ªticos y sectores de la fuerza p¨²blica. El Estado, influenciado por Estados Unidos desde los a?os ochenta, le declar¨® la guerra a narcotraficantes pero termin¨® tambi¨¦n declar¨¢ndole la guerra a muchos m¨¢s, como los campesinos. ¡°El campesino cocalero fue se?alado de ser un ?narcocultivador?¡±, dice. El dinero del narcotr¨¢fico tambi¨¦n ha sido un obst¨¢culo para la democratizaci¨®n del pa¨ªs, financiando campa?as y ¡°distorsionando las posibilidades de una verdadera competencia¡±. Al igual que expertos alrededor del mundo, el Informe coincide en que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Por esto recomienda priorizar la sustituci¨®n de cultivos por encima de cualquier otra forma de erradicaci¨®n, con participaci¨®n de las comunidades rurales en las zonas donde se cultiva y produce coca¨ªna. Tambi¨¦n insiste en abordar el tema del consumo desde una perspectiva de salud p¨²blica, y hacer una reforma pol¨ªtica para sancionar a quienes sean aliados del narcotr¨¢fico. Pero a largo plazo, y a nivel internacional, considera que Colombia debe promover ¡°una gran conferencia internacional para hacer una evaluaci¨®n objetiva de la lucha contra las drogas y avanzar en la construcci¨®n de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender¡±.

Los terceros civiles deben ser investigados

El informe menciona en varios momentos los sectores pol¨ªticos y econ¨®micos que se beneficiaron del conflicto armado, y que no han sido investigados en los procesos de justicia transicional que cobijan a los actores armados. Por ejemplo, en el tribunal de Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), solo pueden testificar miembros de la exguerrilla de las FARC y de las fuerzas militares. La Comisi¨®n recomienda abrir una puerta para los terceros, aunque no especifica en qu¨¦ tribunal. Le pide a las instituciones del gobierno ¡°garantizar la priorizaci¨®n de la investigaci¨®n contra terceros civiles y agentes del Estado¡±.

M¨¢s lento con la extradici¨®n

La Comisi¨®n de la Verdad le pide al presidente que, en caso de que haya un pedido de extradici¨®n a alg¨²n actor armado o civil, le de prioridad primero a ¡°la investigaci¨®n, el juzgamiento y la sanci¨®n en Colombia¡±, antes de aprobar la extradici¨®n. El padre de Roux, presidente de la Comisi¨®n de la Verdad, explic¨® en la rueda de prensa que la extradici¨®n ha sido un obst¨¢culo contra los procesos de verdad en Colombia. Por ejemplo, en 2008, el gobierno de Uribe fue criticado por la extradici¨®n masiva de varios jefes paramilitares que estaban en el proceso de verdad incluido en el acuerdo de Justicia y Paz. M¨¢s recientemente, el gobierno de Iv¨¢n Duque fue criticado por la extradici¨®n de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo, a pesar de que varias organizaciones de v¨ªctimas pidieron que no fuera extraditado.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.