Gustavo Petro recibe un plan de emergencia para proteger la vida de los l¨ªderes sociales

En la tarde de este viernes varias organizaciones de derechos humanos le presentaron al presidente electo, Gustavo Petro, un plan de emergencia para proteger la vida de los l¨ªderes sociales y los firmantes de paz. Durante un evento, representantes de la Cumbre Agraria, la plataforma Colombiana de Derechos Humanos y del Programa Somos Defensores le expusieron al mandatario las ideas centrales de una estrategia que est¨¢ pensada para que la ejecute en los primeros 100 d¨ªas de gobierno, con 29 acciones concretas para siete subregiones y en 65 municipios del pa¨ªs.

El plan lo apoyan cinco senadores y un representante a la C¨¢mara del Pacto Hist¨®rico, la coalici¨®n por la que fue elegido Petro: Iv¨¢n Cepeda Castro, Jahel Quiroga Carrillo, Gloria Fl¨®rez, Isabel Zuleta, Aida Avella, Pablo Catatumbo y Alirio Uribe. Durante la presentaci¨®n del documento, Franklin Casta?eda, vocero de las plataformas de derechos humanos, le agradeci¨® al nuevo presidente por recibir sus propuestas. ¡°Nos alegra mucho contar con usted esta tarde, se?or presidente Petro, porque para reunirnos con Iv¨¢n Duque tuvimos que hacer muchos tr¨¢mites y gestiones burocr¨¢ticas y nunca nos escuch¨®¡±, dijo.

El documento muestra c¨®mo se intensific¨® la violencia contra los l¨ªderes sociales, las personas defensoras de derechos humanos y los firmantes de la paz en los ¨²ltimos cuatro a?os. El Programa Somos Defensores registr¨®, en 2021, 996 agresiones al liderazgo social, de las que 139 fueron homicidios, 665 fueron amenazas y 93 fueron atentados. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registra en 2022, hasta julio, 102 homicidios de personas defensoras y 26 de personas firmantes, que suman 337 desde la firma del Acuerdo Final de Paz.

La estrategia se construy¨® con la asistencia t¨¦cnica de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en consulta con la Misi¨®n de Verificaci¨®n de la ONU.

El plan de emergencia tiene tres objetivos: 1) que las instituciones del Estado reaccionen r¨¢pido, especialmente en los municipios que concentran el incremento de agresiones; 2) que el Gobierno ponga en marcha acciones preventivas para reducir la hostilidad y estigmatizaci¨®n; 3) empezar a construir una pol¨ªtica p¨²blica de garant¨ªas.

Para su funcionamiento, explican los defensores de derechos humanos, el Gobierno debe conformar la Comisi¨®n Nacional de Garant¨ªas de Seguridad, que se deber¨ªa crear en funci¨®n del Acuerdo con las FARC, pero que a¨²n no se ha instalado. La Comisi¨®n debe verificar que se cumpla la estrategia y recomendar c¨®mo aplicarla, en elementos que van desde que el Ministerio de Interior cree puestos de mando unificados de prevenci¨®n y protecci¨®n en todas las regiones hasta que haya oficiales del ej¨¦rcito encargados de esos planes, pasando por sacar a las personas m¨¢s amenazadas de los territorios.

El plan tiene una mirada territorial clara, con seis regiones priorizadas (Pac¨ªfico y Cordillera Nari?ense, Sur y Norte de Cauca, Pac¨ªfico Chocoano, Nordeste Antioque?o, corredor del Magdalena Medio, regi¨®n de frontera de Colombia y Venezuela, incluyendo Catatumbo y Arauca y la regi¨®n del Putumayo) y especial atenci¨®n a los 5 municipios con niveles de violencia m¨¢s cr¨ªticos en contra de personas defensoras y firmantes del Acuerdo de Paz: Argelia (Cauca); Roberto Pay¨¢n y Tumaco (Nari?o); Tib¨² (Norte de Santander); e Ituango, (Antioquia). La idea es que esa priorizaci¨®n pueda ir cambiando si es necesario.

Adem¨¢s, el plan busca realizar los estudios de riesgo pendientes a los l¨ªderes y a las personas en proceso de reincorporaci¨®n que se encuentran en los 65 municipios, en un plazo no mayor a 30 d¨ªas, e implementar las medidas de protecci¨®n en un plazo no mayor a 15 d¨ªas, con enfoque ¨¦tnico y de g¨¦nero. Tambi¨¦n se solicita que se pongan en marcha los juzgados penales para la investigaci¨®n espec¨ªfica de conductas contra l¨ªderes y firmantes del acuerdo.

Al recibir el plan, el presidente electo, Gustavo Petro, anunci¨® que una de las apuestas para mejorar la seguridad durante su mandato ser¨¢ la prohibici¨®n total del porte de armas para civiles. El mandatario record¨® que esa estrategia funcion¨® durante su alcald¨ªa, e insisti¨® en que quiere implementarla en todo el pa¨ªs. ¡°Eso ayud¨® en la disminuci¨®n de homicidios en la ciudad¡±, dijo Petro.

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