La promesa del cannabis medicinal se esfuma para los peque?os productores

Cuando en 2016 se regulariz¨® el cannabis medicinal en Colombia mediante la Ley 1787, varios ministros y expertos aterrizaron en Corinto, en el departamento del Cauca, para vender el cultivo como una posibilidad para mejorar la vida de cientos de familias. Entre los campesinos que buscaron aprovecharla estaba Artemio Salazar, un ind¨ªgena caucano con medio siglo de vida a sus espaldas y quien desde entonces lidera, junto a otras personas, la apuesta en su regi¨®n por entrar en ese sector econ¨®mico. Cinco a?os despu¨¦s ve que la promesa sigue en veremos para los peque?os y medianos productores como ¨¦l.

¡°Es un tema que, entre comillas, lo acapararon las grandes, las grandes empresas, las grandes sociedades y pr¨¢cticamente los peque?os cultivadores nos quedamos ah¨ª sin esa posibilidad de acceder¡±, dice Salazar.

De entrada, seg¨²n Luis Felipe Cruz, investigador de DeJusticia, un centro de investigaci¨®n que lleva varios a?os trabajando sobre pol¨ªtica de drogas, el cultivo enfrenta los problemas de cualquier proyecto en la ruralidad colombiana: inseguridad, falta de v¨ªas, apoyo t¨¦cnico, cr¨¦dito. Y suma unos propios.

Desde el 2016, distintas entidades han emitido dos decretos, seis resoluciones y varias circulares. Todo un entramado que no ha permitido avanzar a los peque?os y medianos productores. Para David Curtidor, abogado e impulsor del proyecto Coca Nasa, que ha encabezado batallas jur¨ªdicas para que el Estado reconozca la coca como planta ancestral de los pueblos ind¨ªgenas en Colombia, esa regulaci¨®n era innecesaria porque ¡°las drogas son legales en su uso¡± Para ¨¦l, la Ley de 2016 sirvi¨® para regular el comercio, imponer tasas y entregar a privados el negocio de la transformaci¨®n, algo que a su juicio es inconstitucional.

Cuando se aprob¨® la Ley y se abri¨® la oportunidad, Artemio y sus compa?eros lograron inscribir cerca de 3.000 personas como peque?os cultivadores en el Cauca, departamento ubicado en el suroccidente colombiano. Solamente quedan 80, amparados por las dos licencias que lograron sacar para producir cannabis no psicoactivo. Artemio tambi¨¦n impuls¨®, junto con otras personas, la creaci¨®n de 15 cooperativas y asociaciones, de las que solamente dos cuentan con licencia y est¨¢n trabajando. Esa p¨¦rdida de interesados no es una excepci¨®n. La Asociaci¨®n de Productores de Corinto (APROCOR), una de las asociaciones creadas en Corinto (Cauca), uno de los epicentros del cultivo de cannabis ilegal en Colombia, tuvo 450 personas en su primera asamblea y solo quedan 150.

Los obst¨¢culos que trae el marco legal han hecho que la mayor¨ªa de los campesinos que vieron una oportunidad de vida en la legalizaci¨®n del cannabis medicinal se hayan quedado en el camino, incluso cuando hicieron los tr¨¢mites para operar. ¡°Esas licencias que hoy hay en su mayor¨ªa, digamos que un 80% est¨¢n en papel o las tenemos en papel, porque no se est¨¢n trabajando¡±, se?ala Artemio.

En un inicio, un peque?o o mediano productor deb¨ªa inscribirse en un listado del Ministerio de Justicia para asociarse y luego solicitar una licencia por medio de las asociaciones o cooperativas. Seg¨²n Artemio, a la ¨²ltima fecha de corte, el 21 de abril de 2021, eran 4.264 personas inscritas en el listado. Pero despu¨¦s ¡°sali¨® otra norma que dice que solo pueden ser peque?os cultivadores aquellos que ya tienen licencia¡±. As¨ª, tras conseguir la licencia les toc¨® hacer de nuevo el proceso de inscripci¨®n. Hoy hay 34 personas naturales y 26 jur¨ªdicas en el listado.

Efectivamente, en 2021 el Gobierno de Iv¨¢n Duque hizo un cambio sustancial a la normatividad, que mostr¨® como un impulso al cultivo. Emiti¨® un decreto, el 811 de ese a?o, que reemplazaba al original, de la administraci¨®n de Juan Manuel Santos y de 2017. En el inicial, era peque?o o mediano productor quien tuviera m¨¢ximo media hect¨¢rea de cultivo de marihuana; con el de Duque, y su desarrollo en la resoluci¨®n 227 de 2022, ya no importaba el tama?o de la finca sino la inversi¨®n de capital. Ese cambio de reglas oblig¨® a revisar qui¨¦n entraba en el listado y qui¨¦n no.

En el ¨¢mbito del cannabis medicinal existen varios tipos de licencias diferentes, que se deben solicitar separadamente, seg¨²n la actividad que quiera hacer el solicitante. El panorama en los siete a?os desde la aprobaci¨®n de la ley va en que el Estado ha expedido 861 licencias para cultivo de cannabis psicoactivo o THC; 1.264 para el de cannabis no psicoactivo o CBD; 735 para fabricaci¨®n de derivados (674 por el Ministerio de Salud y 61 por INVIMA); y 278 de uso de semillas para siembra y cultivo.

Adem¨¢s de los cambios en las reglas, las licencias son costosas: la de cultivo de cannabis psicoactivo tiene un precio de 39.030.488,04 pesos en 2022, y la de cultivo no psicoactivo, 13.321.542,12. Las de fabricaci¨®n de derivados est¨¢n por encima de 27 millones de pesos.

Adem¨¢s, para adquirir la licencia se requiere presentar planes de cultivo y de seguridad, pagos de profesionales y de arriendos, comprobar que las semillas est¨¢n registradas o se le compran a un tercero que tenga ese registro, construir infraestructura y tener resultados de pruebas de evaluaci¨®n agron¨®mica. En total, son por lo menos 200 millones de pesos, reduciendo los costos al m¨ªnimo, para conseguir una licencia y ponerla a andar. La necesidad de ese capital hace que entrar al negocio sea imposible para los campesinos, si se tiene en cuenta que los ingresos mensuales de una familia campesina no alcanzan, por lo general, el salario m¨ªnimo, hoy situado en un mill¨®n de pesos. De acuerdo con el DANE, en 2021 el 44.6% de la poblaci¨®n rural recib¨ªa menos de 354.031 pesos mensuales.

Para Alexandra Torres, presidenta de APROCOR, los elevados costos implican en la pr¨¢ctica que la licencia ¡°viene amarrada a un inversionista¡±. En el caso de las de cannabis psicoactivo, como la asociaci¨®n que dirige, la ciencia vale m¨¢s, requieren m¨¢s medidas de seguridad y solo pueden producir si tienen un cupo que otorga anualmente el Fondo Nacional de Estupefacientes. Alexandra explica que se solicitan ¡°cada vez que usted tiene un contrato¡±, pero finalizan el 31 de diciembre de cada a?o, sin tener en cuenta que los ciclos de la cosecha son de cinco meses.

Para Salazar, otro obst¨¢culo para producir cannabis medicinal fue que no era claro si se pod¨ªa sembrar en minifundios. ¡°En su momento la propuesta era que los peque?os cultivadores pod¨ªan cultivar cannabis en sus parcelas¡±, recuerda. Pero luego los requisitos del Decreto 613 de 2017 demostraron que eso no era posible y se debe sembrar en extensiones mayores.

Cada licencia se otorga para un determinado predio, que debe adem¨¢s cumplir con una serie de requisitos, incluyendo claridad en sus due?os. En la realidad de muchas tierras colombianas, en las que la informalidad en la propiedad campea, eso es dif¨ªcil. Cruz, el investigador de DeJusticia, destaca que en Colombia ¡°el problema de la tenencia de la tierra es un problema tan profundo que uno indaga cualquier cosa y sale¡±.

Entre los estudios previos para que el Estado otorgue una licencia est¨¢ georreferenciar el predio. ¡°En su momento ven¨ªa un funcionario del Ministerio de Justicia, encargado de ir y verificar si la finca cumpl¨ªa los requisitos¡±, recuerda Artemio. En una de las licencias que consigui¨® con sus compa?eros, la due?a de la tierra prefiri¨® darle otro, as¨ª que cuando lleg¨® el permiso, ya no ten¨ªan predio para usarlo. Eso signific¨® buscar otro lugar y a¨²n no han podido oficializar el cambio de la finca.

Los funcionarios del Ministerio de Justicia que deben realizar las visitas solo van con el acompa?amiento de la Polic¨ªa, algo muy dif¨ªcil y riesgoso en las zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales. Como el norte del Cauca, donde hacen presencia las disidencias de las FARC-EP, el ELN y grupos de crimen organizado. Como consecuencia, casi el 50% de las licencias se concentran en Cundinamarca y Antioquia, departamentos m¨¢s ricos y con menos problemas de conflicto, mientras que en el Cauca, que hist¨®ricamente ha producido marihuana, solamente se ubican el 4%.

Jaime D¨ªaz, de la Asociaci¨®n de Cabildos Ind¨ªgenas del Norte del Cauca (ACIN), se?ala que las exigencias legales son barreras insalvables para ind¨ªgenas que viven en los resguardos. En ellos la propiedad de la tierra es colectiva, y esa posibilidad no est¨¢ contemplada en el marco legal del cannabis. Adem¨¢s, los Cabildos y la Guardia Ind¨ªgena ¡°no tienen competencia legal para verificar los requisitos de las licencias¡±.

Las licencias de semillas son las que est¨¢n m¨¢s concentradas. En parte, porque cuando se regul¨® el cannabis muchos se centraron en el cultivo, y no tuvieron en cuenta que para cultivar requer¨ªan tener una fuente de semillas registrada ante el Instituto Colombiano Agropecuario, que cerr¨® esta posibilidad el 31 de diciembre de 2018.

Seg¨²n cuenta Artemio, ¡°como organizaci¨®n no logramos solicitar la fuente semillera, entonces nos tocaba utilizar una empresa que ya tuviera su semilla legalmente avalada por el ICA. Nos toc¨® comprarle las semillas¡±. Eligieron a la empresa One World Pharma SAS, con sede en Popay¨¢n, que les vendi¨® las semillas sin el paquete tecnol¨®gico, es decir, sin el acompa?amiento de profesionales para el desarrollo del cultivo, lo que ha implicado un menor aprovechamiento de las semillas adquiridas en el proceso de producci¨®n.

En el norte del Cauca, la aprobaci¨®n de la Ley de 2016 se recibi¨® con muchas expectativas que fueron mayores porque coincidi¨® con la firma del Acuerdo Final de Paz y la reducci¨®n del conflicto en la regi¨®n. Pero el panorama ha cambiado. La violencia se ha incrementado y los grupos armados han retomado el control de las zonas rurales. El Programa de Sustituci¨®n de Cultivos de Uso Il¨ªcito (PNIS), la soluci¨®n del Acuerdo para enfrentar los cultivos de uso il¨ªcito con apoyo a los cultivadores, no incluy¨® la marihuana, y la Ley de cannabis dice expl¨ªcitamente que un cultivador no puede acceder a licencia si cuenta con cultivos de uso il¨ªcito en su finca.

Aunque la Ley 1787, que regul¨® el cannabis medicinal, contempl¨® que los programas de sustituci¨®n incluir¨ªan ¡°esquemas asociativos de peque?os y medianos cultivadores nacionales de plantaciones de cannabis con fines exclusivamente medicinales y cient¨ªficos¡±, de acuerdo con informaci¨®n de la Direcci¨®n de Sustituci¨®n de Cultivos Il¨ªcitos de la Agencia para la Renovaci¨®n del Territorio, a d¨ªa de hoy ning¨²n proyecto de sustituci¨®n ha contemplado el cannabis medicinal como una opci¨®n.

Eso porque para algunos, es m¨¢s rentable continuar en la ilegalidad: ¡°Lo il¨ªcito es muy f¨¢cil, cualquiera siembra eso¡±, dice Jos¨¦ Guillermo, un campesino de la regi¨®n. En Corinto el precio de la libra de cannabis ilegal oscila entre 80 y 100 mil pesos. Actualmente ninguna familia puede sembrar m¨¢s de 500 matas por cosecha seg¨²n un acuerdo de enero de 2021 de las comunidades productoras del municipio, para as¨ª regular la producci¨®n y estabilizar los precios. As¨ª, cada familia obtiene aproximadamente 250 libras cada cinco meses, que le dan un ingreso de entre 20 y 25 millones para una inversi¨®n que no supera los 10 millones. Eso equivale a un ingreso de unos 3 millones de pesos mensuales.

En el mercado legal el resultado es menor. La libra de cannabis psicoactivo est¨¢ en unos 336.000 pesos, lo que dar¨ªa ingresos de 84 millones por las mismas 250 libras, cada cinco meses. Pero como se debe invertir por lo menos 200 millones de pesos en la licencia y en la adecuaci¨®n inicial para comenzar a producir, sin capital semilla grande no hay forma de que sea viables para una asociaci¨®n campesina sin capital.

La comparaci¨®n es a¨²n m¨¢s negativa para otros productos legales, como el caf¨¦, que es el principal cultivo legal de Corinto; la libra se vende a 8 o 9 mil pesos, pero solo hay una cosecha por a?o. Seg¨²n cifras de la Federaci¨®n Nacional de Cafeteros, cada hect¨¢rea de caf¨¦ le estar¨ªa generando ingresos anuales de aproximadamente 20 millones de pesos anuales, de lo que habr¨ªa que descontar los costos de producci¨®n. Los ingresos anuales del cultivo de marihuana en la ilegalidad duplican los del caf¨¦.

El sistema financiero tampoco ha apoyado el cannabis medicinal. Hasta inicios de 2022 ning¨²n banco, incluyendo al Banco Agrario, abr¨ªa cuentas a cooperativas o asociaciones de cannabis medicinal, por temor a sanciones en Estados Unidos, pa¨ªs donde realizan sus transacciones. Solo una de las cuatro asociaciones y cooperativas con las que pudo conversar EL PA?S ha logrado abrir una cuenta. Encima, los bancos tampoco dan cr¨¦dito, ni permiten canalizar la inversi¨®n extranjera. Leonardo Nore?a, de APROCOR, destaca: ¡°estuvimos un tiempo detenidos por eso. Pero uno o dos a?os atr¨¢s los inversionistas se cansaron de esperar a que les abrieran las puertas para manejar los recursos y muchas asociaciones cerraron, muchas empresas se quedaron en el camino. La plata no se puede traer, no se puede hacer inversi¨®n¡±.

Este no es problema para empresas m¨¢s grandes; Clever Leaves, una de las principales compa?¨ªas del sector, tambi¨¦n tuvo problemas con los bancos pero eso no impidi¨® la inversi¨®n desde el exterior. Juli¨¢n Wilches, cofundador y Director de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Clever Leaves, se?ala que desde 2018 se han invertido entre 60 y 80 millones de d¨®lares en Colombia. Para ¨¦l, los beneficios hay que mirarlos a largo plazo; con una inversi¨®n de m¨¢s de 226 millones de d¨®lares a nivel global en cuatro a?os, en 2021 factur¨® apenas 15 millones en sus operaciones en distintos pa¨ªses. En la actualidad, est¨¢n produciendo cannabis medicinal en Colombia y en Portugal.

A pesar de ese optimismo, todav¨ªa est¨¢ en duda si el cannabis medicinal es rentable en Colombia, incluso para los grandes productores. ¡°Si hablamos de qui¨¦n se est¨¢ apropiando de las ganancias o de los beneficios, pues tampoco hay beneficios¡±, sentencia Felipe Cruz.

Este art¨ªculo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundaci¨®n Gabo

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