La burocracia interminable que enfrentan las tierras ind¨ªgenas en Colombia
El Gobierno formaliza la constituci¨®n o ampliaci¨®n de 10 resguardos de pueblos originarios, tras a?os de obst¨¢culos para las comunidades
Saudi Muchaviso, gobernadora del resguardo ind¨ªgena Rumi?awi (Cauca), estuvo este martes de visita en Bogot¨¢. Culmin¨® casi veinte a?os de lucha: recibi¨® de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la titularidad de la tierra en la que vive su comunidad. En 1997, doce familias del pueblo Inga compraron 1.222 hect¨¢reas en el municipio de Piamonte a un colono mestizo, tras realizar rifas y eventos para recolectar los fondos. El problema fue que formalmente la tierra no era de ¨¦l. Los Inga intentaron regularizar la situaci¨®n desde el 2003, pero la burocracia y la falta de asistencia del Estado obstacu...
Saudi Muchaviso, gobernadora del resguardo ind¨ªgena Rumi?awi (Cauca), estuvo este martes de visita en Bogot¨¢. Culmin¨® casi veinte a?os de lucha: recibi¨® de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la titularidad de la tierra en la que vive su comunidad. En 1997, doce familias del pueblo Inga compraron 1.222 hect¨¢reas en el municipio de Piamonte a un colono mestizo, tras realizar rifas y eventos para recolectar los fondos. El problema fue que formalmente la tierra no era de ¨¦l. Los Inga intentaron regularizar la situaci¨®n desde el 2003, pero la burocracia y la falta de asistencia del Estado obstaculizaron el proceso.
El primer intento, en 2003, fue con la Asociaci¨®n Nukanchipa Atunkunapa Alpa. Fracas¨® antes de comenzar porque era un proceso asociativo con otras comunidades que no entregaron los papeles necesarios o los entregaron incompletos. La gran oportunidad lleg¨® en 2010, de la mano de Argosy Energy International (hoy Gran Tierra Energy), una compa?¨ªa petrolera que quer¨ªa emprender un proyecto de exploraci¨®n s¨ªsmica en la zona. La comunidad accedi¨® a autorizar la iniciativa a cambio de recibir ayuda con los tr¨¢mites para la formalizaci¨®n del resguardo, una propiedad colectiva ind¨ªgena protegida.
El proceso inici¨® ese mismo a?o con una resoluci¨®n del Ministerio del Interior de Colombia de que decretaba la viabilidad del resguardo, pero los obst¨¢culos se extendieron durante toda una d¨¦cada. Muchaviso explica que el Estado les notific¨® en 2013 que no exist¨ªan los recursos t¨¦cnicos necesarios para realizar un estudio topogr¨¢fico, uno de los requisitos para avanzar con los tr¨¢mites. En 2018, la ANT les comunic¨® que deb¨ªan entregar la solicitud en Popay¨¢n, la capital del Cauca, pero las autoridades del resguardo no la realizaron.
El caso del resguardo Rumi?awi no es un caso aislado, pese a que los derechos ind¨ªgenas est¨¢n reconocidos en la Constituci¨®n Pol¨ªtica de Colombia. El martes el Gobierno entreg¨® t¨ªtulos sobre las tierras de otras nueve comunidades, para un total de casi 300.000 hect¨¢reas. Present¨® el evento como el primer paso de la reforma agraria que promete el presidente Gustavo Petro para cumplir con el cap¨ªtulo primero de los Acuerdos de Paz con las FARC. Varios de los representantes de las comunidades resaltaron en el acto que ha sido una lucha larga. El nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, reconoci¨® que el proceso ha sido ¡°tortuoso¡±. ¡°Se debe a la falta de voluntad para reconocer derechos¡±, declar¨® en clara cr¨ªtica a las administraciones anteriores.
Entre los principales problemas est¨¢n la burocracia, la falta de recursos t¨¦cnicos para ayudar a las comunidades y la violencia en algunas zonas de Colombia. El miembro de la asociaci¨®n ind¨ªgena Gobierno Mayor Eduard Imbachi comenta que hay comunidades que esperan desde hace m¨¢s de 40 a?os. El Estado no les ha agendado la visita t¨¦cnica necesaria para avanzar porque no hay profesionales disponibles o porque es peligroso acceder a los territorios. Imbachi remarca que especialmente en el sur del pa¨ªs hay una gran cantidad de t¨ªtulos coloniales que a¨²n no han sido reconocidos. Para ¨¦l, a la voluntad pol¨ªtica se debe sumar la cooperaci¨®n con oeneg¨¦s que aporten los insumos t¨¦cnicos necesarios.
Soluciones
El resguardo Rumi?awi, en el que viven 202 personas de 64 familias, pudo avanzar en el proceso cuando se involucr¨® Amazon Conservation Team (ACT), una ONG que coopera con la ANT. Saudi Muchaviso remarca que, en 2020, ACT les mand¨® los profesionales necesarios para avanzar. Aunque la pandemia ralentiz¨® los tr¨¢mites, consiguieron la aprobaci¨®n de la titulaci¨®n de tierras en junio de 2022, antes de la llegada de Petro al poder. La decisi¨®n la tom¨® el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, conformado por delegados de 11 entidades estatales, entre ellas los ministerios de Justicia, Agricultura, Ambiente e Interior. Faltaba la inscripci¨®n en el Registro de Instrumentos P¨²blicos, el tr¨¢mite formal que determina qui¨¦n es due?o de un inmueble, que ocurri¨® con el nuevo Gobierno.
La coordinadora del programa de tierras de la ACT, Linda Garc¨ªa, explica que la visita t¨¦cnica que se necesita, y que ellos garantizaron para Rumi?awi, incluye aspectos como realizar un censo, estudiar en qu¨¦ se utiliza la tierra y conocer si hay conflictos con campesinos vecinos. Despu¨¦s vienen estudios socioecon¨®micos, jur¨ªdicos y topogr¨¢ficos, para lo cual el Estado no tiene los instrumentos necesarios, seg¨²n Garc¨ªa. En el caso del resguardo Rumi?awi fue clave identificar que las tierras eran originalmente del Estado colombiano.
La ACT defiende que las oeneg¨¦s son importantes para asegurar un seguimiento constante de los casos, frente a la rotaci¨®n de personal que se ve en el Estado. No obstante, Garc¨ªa remarca que la participaci¨®n de ACT en el caso del resguardo Rumi?awi se debe a que era una oportunidad estrat¨¦gica para la organizaci¨®n, que se constituy¨® para proteger bosques tropicales. Eso porque en ese lugar los ind¨ªgenas son ¡°guardianes¡± de una zona de gran biodiversidad, superpuesta con parte del Parque Nacional Serran¨ªa de los Churumbelos, ubicado en el sur de Colombia. ¡°Sabemos que las comunidades ¨¦tnicas tienen un manejo de recursos naturales m¨¢s amigable que otros que a veces est¨¢n al margen de la ley¡±, comenta.
El director de la ANT, Gerardo Vega, sostiene que para acelerar estos procesos la voluntad pol¨ªtica es m¨¢s importante que las herramientas t¨¦cnicas. No obstante, reconoce en su despacho que ¡°hay que simplificar los procedimientos¡± y promete que el Gobierno revisar¨¢ la burocracia que implica que la decisi¨®n final la deba tomar un consejo directivo conformado por delegados de 11 entidades. Explica que en contraste la creaci¨®n de un sindicato basta con una resoluci¨®n de una entidad especializada en el tema, el Ministerio de Trabajo. Los resguardos ind¨ªgenas, en cambio, est¨¢n sometidos a largos procedimientos en varios organismos. ¡°Esas personas, para las cuales nunca se hizo una reforma agraria, tienen que tener igualdad de derechos para asociarse y hacer valer sus derechos¡±, remarca.
Vega tambi¨¦n afirma que es necesario delegar facultades en oficinas regionales que agilicen los procesos. ¡°El tema de la tierra est¨¢ en los departamentos, hacerlo desde Bogot¨¢ tiene muy poco sentido. All¨¢ est¨¢ el conflicto, hay que desplazarse¡±, enfatiza. El acto, sin embargo, se hizo en la capital. Vega explic¨® durante la entrega que quer¨ªan hacerlo en Leticia (Amazonas), pero que no fue posible porque el d¨ªa previsto tuvo que asistir al Congreso para dar explicaciones por el fen¨®meno de invasiones de tierras. Seg¨²n Vega, el presidente Petro cuestion¨® su decisi¨®n de priorizar el Legislativo: ¡°Dijo que la pr¨®xima vez vayamos para all¨¢ e invitemos a la C¨¢mara para que sesionen all¨¢. Y tiene raz¨®n¡±.
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