Los taxistas levantan el paro tras un acuerdo con el Gobierno

Los taxistas han levantado el paro de este mi¨¦rcoles tras firmar un acuerdo con el Gobierno. El documento, de 18 puntos, incluye un compromiso del Ejecutivo de reforzar la presi¨®n contra las alcald¨ªas para que sancionen el uso de aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Indrive. ¡°El Ministerio de Transporte fija pol¨ªticas y expide actos de car¨¢cter general. Las medidas que corresponden en materia de r¨¦gimen sancionatorio son de las autoridades municipales¡±, h...

Los taxistas han levantado el paro de este mi¨¦rcoles tras firmar un acuerdo con el Gobierno. El documento, de 18 puntos, incluye un compromiso del Ejecutivo de reforzar la presi¨®n contra las alcald¨ªas para que sancionen el uso de aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Indrive. ¡°El Ministerio de Transporte fija pol¨ªticas y expide actos de car¨¢cter general. Las medidas que corresponden en materia de r¨¦gimen sancionatorio son de las autoridades municipales¡±, ha explicado el ministro, Guillermo Reyes. Por su parte, el sindicalista Juli¨¢n Osorio ha pedido al Gobierno que les ayude a profesionalizar el gremio para ¡°que dejen de llegar manzanas podridas que se camuflan de taxistas¡±.

Las presiones al Ejecutivo por parte de taxistas y plataformas han llevado a idas y vueltas que mantienen la incertidumbre. El ministro dijo en septiembre que las plataformas eran ilegales y que hab¨ªa que desmontarlas gradualmente, tras una reuni¨®n de los taxistas con el presidente de la Rep¨²blica, Gustavo Petro. En enero, se filtr¨® un borrador de un proyecto de ley que planteaba el bloqueo de las aplicaciones y multas contra los usuarios. Aument¨® entonces la preocupaci¨®n por una forma de transporte que utilizan miles de colombianos cada d¨ªa. Ante esto, Reyes matiz¨® los cambios: ¡°No es prohibir las plataformas, es regularlas¡±.

El acuerdo de este mi¨¦rcoles resalta que cualquier cambio debe pasar por el Congreso. Hasta entonces, el Gobierno entiende que las plataformas son ilegales porque la ley 336 de 1996 establece que los servicios p¨²blicos de transporte deben ser prestados por veh¨ªculos autorizados y registrados. ¡°Exhortamos a las autoridades municipales a realizar el cumplimiento de dichas disposiciones¡±, dice uno de los compromisos que el ministro enumer¨® este mi¨¦rcoles. Seg¨²n el texto, la Superintendencia de Transporte trabajar¨¢ en el seguimiento de las entidades responsables ¡°para compelerlas en el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y deberes legales¡±.

El documento, adem¨¢s, resalta que el Ministerio de Transporte prepara un proyecto de ley que reformular¨¢ ¡°el precario r¨¦gimen sancionatorio¡± para todas las modalidades de transporte. ¡°Se establecer¨¢n herramientas para el control del transporte informal e ilegal que pulula en varias regiones del pa¨ªs¡±, ha declarado Reyes.

El ministro ha valorado el desarrollo de las protestas, a pesar de que los taxistas denunciaran a lo largo del d¨ªa que no pod¨ªan ejercer sus derechos adecuadamente. ¡°Si bien tuvo algunas dificultades, de peque?as obstrucciones a la movilidad, hay que reconocer que hubo respeto, que hubo civismo y que hubo buen comportamiento¡±, ha subrayado Reyes. El mensaje contrastaba con el de Osorio, que felicit¨® a los trabajadores que sacaron adelante el acuerdo pese a que ¡°fueron hostigados por la fuerza p¨²blica¡±.

El sindicalista ha asistido a la reuni¨®n vestido con una camiseta de la selecci¨®n colombiana de f¨²tbol que, seg¨²n ¨¦l, simboliza el reclamo de los taxistas. ¡°El amarillo significa el oro que las plataformas ilegales se quieren llevar a migrar a otras partes del territorio nacional. El azul, que significa los mares, son las l¨¢grimas que nuestras familias han derramado porque la ilegalidad ha retirado su sustento¡±, ha explicado. El color restante, el rojo, representa la sangre a la que no se quiere llegar por ¡°una pelea injusta¡±.

Osorio se ha mostrado consciente de las cr¨ªticas de la ciudadan¨ªa al servicio de taxis, evidenciadas en los mensajes que circularon este mi¨¦rcoles en redes sociales. ¡°Reconocemos que tenemos grandes errores y que tenemos que mejorar¡±, ha afirmado. Sin embargo, ha explicado que necesitan de la ayuda del Gobierno para profesionalizar el sector.

Las protestas no logran la adhesi¨®n esperada

Algunos sindicalistas afirmaron m¨¢s temprano que no tuvieron las garant¨ªas necesarias para protestar contra el Gobierno. ¡°En los distintos puntos de la ciudad de Bogot¨¢ nos est¨¢n inmovilizando los carros, los est¨¢n rompiendo¡±, declar¨® un vocero. El presidente Petro neg¨® las acusaciones en redes sociales: ¡°En mi Gobierno no hay falta de garant¨ªas. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo. Las puertas del di¨¢logo est¨¢n abiertas¡±.

La protesta se hab¨ªa confirmado el martes por la noche, despu¨¦s de que fracasara una negociaci¨®n previa con el Ejecutivo. Reyes advirti¨® entonces de que la polic¨ªa iba a actuar para evitar obstrucciones en las calles. ¡°Aceptamos la protesta social y respetuosa, pero no vamos a permitir que ma?ana se atente contra el inter¨¦s general de los colombianos con bloqueos¡±, se?al¨®. Algo similar declar¨® la alcaldesa de Bogot¨¢, Claudia L¨®pez: ¡°Ojal¨¢ cumplan las movilizaciones pac¨ªficas sin bloqueos al transporte p¨²blico. Ni los bloqueos ni obstrucciones al derecho al transporte p¨²blico de las mayor¨ªas se permiten¡±.

Reyes y el director de la Polic¨ªa, Henry Sanabria, informaron en la ma?ana del mi¨¦rcoles que las fuerzas de seguridad hab¨ªan actuado contra los bloqueos en ciudades como Ibagu¨¦, Villavicencio, Riohacha y Popay¨¢n. ¡°No podemos permitir que reine la anarqu¨ªa en nuestras ciudades¡±, justific¨® el ministro. Seg¨²n ambos, varios de los responsables fueron judicializados por los delitos de obstrucci¨®n de v¨ªas y perturbaci¨®n del transporte p¨²blico.

El paro no cont¨® con la adhesi¨®n que se esperaba. Una de las dificultades fue que no tuvo el apoyo de Hugo Ospina, uno de los principales representantes del gremio y presidente de la Asociaci¨®n de Propietarios y Conductores de Taxi. El sindicalista adujo que la protesta estaba mal formulada: era en contra del Gobierno, cuando los responsables de controlar a las plataformas son los municipios. ¡°No hay que regular nada, ya existen normativas que proh¨ªben que las motos y los autos particulares presten estos servicios. Controlar el transporte nacional es responsabilidad de los alcaldes¡±, explic¨® por tel¨¦fono a este peri¨®dico. Seg¨²n ¨¦l, la protesta fue un intento de deslegitimar su vocer¨ªa y promover liderazgos alternativos.

Ospina pidi¨® a los afiliados de su sindicato que salieran a trabajar con normalidad. Y no se sorprendi¨® cuando la adhesi¨®n al paro fue limitada: ¡°Hoy se demostr¨® ante la opini¨®n p¨²blica que el gremio de taxistas conf¨ªa en Hugo Ospina¡±. Para ¨¦l, la movilizaci¨®n fue contraproducente porque mostr¨® la divisi¨®n del sector. ¡°Si quieren un nuevo liderazgo, hagamos una asamblea gigante de taxistas. Estas protestas hacen da?o a la industria. Maltratamos al usuario y generamos incertidumbre sin haber agotado las v¨ªas del di¨¢logo¡±, enfatiz¨®.

Los l¨ªderes del paro, sin embargo, lograron firmar con el Gobierno el acuerdo de 18 puntos, que incluye varios aspectos m¨¢s all¨¢ de las plataformas. Entre ellos est¨¢n la creaci¨®n de un protocolo de procedimientos para agentes de tr¨¢nsito, la preocupaci¨®n por la seguridad social de los taxistas y el establecimiento de un fondo que otorgue incentivos para la transici¨®n energ¨¦tica del sector. Adem¨¢s, el Ministerio se ha comprometido a a crear un comit¨¦ encargado de revisar los precios de la gasolina, que han aumentado aceleradamente desde mediados de 2022.

El desaf¨ªo es que una gran parte de los puntos expresan buenas intenciones, crean o mantienen mesas de di¨¢logo y prometen proyectos que no terminan de materializarse. El Ejecutivo declara su compromiso con el tema de las plataformas, pero delega el tema en otras entidades. M¨¢s all¨¢ del apoyo Reyes, el documento recuerda que la legalizaci¨®n debe pasar por el Congreso y que, hasta entonces, las sanciones dependen de las autoridades locales.

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