El Gobierno colombiano se abre a la negociaci¨®n en un nuevo pulso con Uber

La agitada noche de protestas del martes en Bogot¨¢, organizadas por conductores de diversas plataformas como Uber, ha surtido efecto. El Ministerio de Transporte ha informado hoy que se reunir¨¢ ma?ana en la tarde con representantes del gremio de conductores de taxis y de las compa?¨ªas tecnol¨®gicas para negociar los t¨¦rminos del hasta ahora dr¨¢stico plan gubernamental que busca regular a estas aplicaciones. Se trata de un nuevo intento de concertaci¨®n, en aras de actualizar la normativa y darle claridad a la operaci¨®n de negocios digitales que llevan a?os trabajando en una zona gris.

El borrador del proyecto, que plantea multas de hasta 10.000.000 de pesos (unos 2.000 euros) para los usuarios de plataformas, as¨ª como el bloqueo de las apps, se filtr¨® ayer a trav¨¦s de redes sociales. El documento justifica las medidas por considerar que los negocios digitales en su funcionamiento actual suponen una amenaza para ¡°la sostenibilidad de la industria del transporte p¨²blico, amenazando la continuidad y regularidad del servicio b¨¢sico¡±.

La irrupci¨®n de Uber en Colombia (2013) signific¨® para muchos usuarios un alivio a la hora de sortear las m¨²ltiples falencias del sistema de transporte p¨²blico local. Luego se sumaron otras empresas, como Didi, Cabify o InDriver. El problema radica en que su operaci¨®n se ha desarrollado por fuera de la legislaci¨®n vigente que, como explica el experto Dar¨ªo Hidalgo, data de los a?os 80: ¡°Ese estatuto dice, b¨¢sicamente, que el servicio de transporte debe ser prestado por empresas, no por individuos¡±.

De esta forma, los taxistas de las grandes ciudades colombianas, asediados por la posibilidad latente de perder una cuota de pasajeros importante, han impuesto una implacable mano de hierro para frenar cualquier asomo de modificaci¨®n. Una madeja que en otros lugares del mundo se ha tratado de desenredar desde hace diez a?os con m¨¢s o menos suerte.

En Colombia, las propuestas de regulaci¨®n en el legislativo han naufragado, una tras otras, y con el tiempo se ha establecido una suerte de inmovilismo donde el viejo orden observa de reojo la operaci¨®n ilegal o informal de los nuevos modos de transporte.

El experto en urbanismo Carlos Felipe Pardo asegura que la propuesta del Gobierno del progresista Pacto Hist¨®rico de bloquear las aplicaciones es mala idea: ¡°prohibir estos negocios no los va a anular. Es como querer echar el mugre bajo la alfombra. Ahora bien, s¨ª se debe regular en un sentido amplio: que el usuario pueda tener formas de moverse accesibles, seguras y con mejores condiciones¡±.

El gremio de taxistas, cuyo n¨²cleo fuerte se encuentra en Bogot¨¢ con unos 54.000 veh¨ªculos registrados, ha exigido la imposici¨®n de los mismos permisos y requisitos para las aplicaciones. Un reclamo que la mayor¨ªa de los expertos desechan por tratarse de negocios emergentes que funcionan bajo otras l¨®gicas: ¡°El Gobierno tiene que dejar claro qu¨¦ quieren hacer y cu¨¢l es su pol¨ªtica completa. Surgen anuncios de regular las motos y SOAT, por un lado. Transporte p¨²blico por otro, y ahora a las plataformas¡±, se?ala Pardo, ¡°pero no parece responder a problemas con principios claros sino como reacci¨®n individual de qu¨¦ ¡®tan popular suena esto¡¯¡±.

A pesar de los problemas de Uber, que naci¨® en California y tiene unos 600.000 conductores conectados a su plataforma en Colombia, Hidalgo recuerda que cuando el excongresista del Partido Verde Mauricio Toro present¨® en 2021 una reglamentaci¨®n para legalizar y ¡°darle garant¨ªas a los usuarios de estos nuevos servicios¡± estall¨® una huelga de taxistas. Entonces el Congreso fren¨® el tr¨¢mite: ¡°El Ministerio de Trabajo se equivoca de nuevo. No se puede quedar bien con todo el mundo, que es lo que est¨¢ tratando. El actual borrador lo trabaj¨® el Gobierno con la Superintendencia de Transporte y con los taxistas para acabar con las plataformas y castigar a los usuarios y a los informales¡±.

Ahora el Gobierno levanta, de nuevo, una bandera blanca y exhibe una disposici¨®n negociadora. Pero Hidalgo no es optimista y trae a colaci¨®n una paradoja: ¡°El gremio de taxistas exige y presiona para que se cumpla con un marco legal, de licencias o cupos, que los ha beneficiado durante a?os. Pero, al mismo tiempo, una buena parte de ellos no la cumple: es un servicio precario, inseguro, donde los conductores no son contratados de acuerdo con la legislaci¨®n laboral, no tienen protecci¨®n social, de salud o de pensiones¡±.

De la misma forma, Pardo recuerda que si bien los ¡°efectos negativos de las aplicaciones, como los fallos en seguridad, est¨¢n bien documentados¡±, se trata un campo en constadesarrollo con m¨²ltiples ventajas potenciales en temas de seguridad vial, por ejemplo. A falta de soluciones m¨¢gicas, precisa que la crisis est¨¢ destinada a prolongarse en un debate que, a menudo, parece un di¨¢logo de sordos. Por lo pronto, opina, no hay un actor dentro en el oficialismo que sugiera una ruta hacia delante: ¡°El Gobierno est¨¢ buscando proteger a un gremio sobre protegido¡±. Y concluye as¨ª mismo: ¡°es un sector (Transporte) cobarde, que solo sabe regular hacia atr¨¢s¡±.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.