Ordenada la demolici¨®n del edificio Aquarela: un respiro para el legado colonial de Cartagena

Al esqueleto gris¨¢ceo del edificio bautizado Aquarela, en el popular barrio Torices, le quedan m¨¢ximo tres meses en pie. As¨ª lo estipula el fallo en primera instancia de la jueza 12 administrativa del circuito de Cartagena de Indias que ordena a ese distrito y a los promotores derrumbar la totalidad de la estructura. Su construcci¨®n, que iba por el d¨¦cimo de una treintena de pisos estipulados, salt¨® al centro de la pol¨¦mica en 2017 por haberse levantado en la periferia del centro hist¨®rico, un entorno que cuenta con una vigilancia especial de conservaci¨®n patrimonial por parte del ministerio de Cultura y de la UNESCO, que desde 1984 lo incluy¨® en su lista de lugares protegidos.

A pesar de que la acci¨®n popular impulsada por el ministerio de Cultura contra el distrito, la promotora y la curadur¨ªa cartagenera a¨²n puede ser apelada, despu¨¦s de seis a?os de litigios m¨¢s de un cartagenero respira aliviado por una decisi¨®n que abre la puerta a la desaparici¨®n de un proyecto que contemplaba cuatro torres m¨¢s, de m¨¢s de 32 pisos cada una, y que habr¨ªa deteriorado notablemente la panor¨¢mica del fuerte de San Felipe de Barajas, una mole maciza sobre el mar Caribe desde donde el marino vasco Blas de Lezo repeli¨® un feroz ataque de la flota brit¨¢nica en 1714.

Los se?alamientos por presuntas irregularidades en la expedici¨®n de la licencia para construir el Aquarela, seg¨²n cargos formulados en 2020 por la Procuradur¨ªa, engloban a funcionarios de la curadur¨ªa urbana local, promotores de vivienda de inter¨¦s social, y otros actores del distrito que obviaron las normas de patrimonio para adjudicar el proyecto como si se tratara de una urbanizaci¨®n para dar hogar a personas de bajos recursos.

Tampoco se salvan funcionarios del ministerio de Cultura de entonces, que tendr¨ªan su cuota de responsabilidad: si bien el cuidado del mobiliario urbano del centro hist¨®rico corresponde a la ciudad, las murallas que la arropan y la fortaleza son responsabilidad de la cartera en Bogot¨¢. Se trata, en ¨²ltimas, de un armaz¨®n burocr¨¢tico con fisuras y ligerezas administrativas.

La Unesco, la agencia de la ONU dedicada a temas culturales y educativos, hab¨ªa urgido desde 2021 al Gobierno de Iv¨¢n Duque a acelerar la demolici¨®n del Aquarela. Tras varios aplazamientos se fij¨® la fecha l¨ªmite para el 1 de diciembre de 2022, bajo sospechas de que, en caso de incumplimiento, la ciudad pod¨ªa llegar a perder el r¨®tulo de patrimonio inmaterial de la humanidad (como le sucedi¨® al puerto mercantil de Liverpool en 2021).

Esa sanci¨®n tambi¨¦n estaba ligada al descuido de monumentos, museos, y otros complejos de una de las joyas arquitect¨®nicas del Caribe, pero ten¨ªa el problema del Aquarela como prueba del compromiso de las autoridades en la protecci¨®n del patrimonio. El estatus de patrimonio ha servido para posicionar a la ciudad como una marca tur¨ªstica internacional, y beneficiarse de los recursos del fondo com¨²n de la agencia internacional para asesor¨ªas t¨¦cnicas en conservaci¨®n de barrios y monumentos.

Ese reconocimiento, al igual que en el caso del turismo de masas en otros lugares del mundo, ha generado m¨²ltiples cr¨ªticas desde colectivos vecinales y estudiosos de los cambios urbanos que denuncian desde a?os la forma como la ¡°patrimonializaci¨®n¡± del suelo en el casco hist¨®rico ha dado pie para movimientos de especulaci¨®n en el mercado inmobiliario, expulsando a miles de residentes tradicionales y convirtiendo la zona en un entorno desconocido para la mayor¨ªa de los habitantes de la ciudad, una de las m¨¢s pobres entre las grandes urbes colombianas.

Entre tanto, al menos la mitad de las 950 familias que hab¨ªan invertido dinero en el Aquarela siguen en un limbo jur¨ªdico y a la espera de una soluci¨®n por parte de la cuestionada Promotora Calle 47, responsable del fallido proyecto, o del Estado, como responsable por haber otorgado los permisos para la obra. De los cientos de demandantes, los m¨¢s afectados, quiz¨¢s, son los propietarios de apartamentos en las torres 1 y 2, cuyo dinero ya se hab¨ªa invertido en los cimientos y edificaci¨®n de las primeras estructuras. Seg¨²n estimados de la constructora, son unas 250 familias cuyas posibilidades de recuperar su inversi¨®n est¨¢ sujeta a los inciertos tiempos de un fallo judicial.

Los inversionistas de las otras torres, cuyos aportes siguen en el sistema finaicero y no se han convertido en concreto y hierro, ¡°pod¨ªan retirar su dinero de la fiducia con sus respectivos intereses¡±, afirma la encargada de comunicaciones de la promotora, Gilma ?suga. La mism portavoz aclara que a¨²n hay ¡°400 casos activos que no han querido retirar sus dineros a la espera de que haya un fallo en la demanda de los constructores contra el Estado¡±. La constructora, por lo pronto, no ha aclarado si apelar¨¢ la decisi¨®n.

Tampoco queda claro qu¨¦ uso se le dar¨¢ a los 619 metros cuadrados de terreno que, seg¨²n el fallo, tendr¨¢n que ser restituidos como espacio p¨²blico. Fuentes de la alcald¨ªa de Cartagena le aseguraron a este diario que la administraci¨®n del independiente William Dau interpondr¨¢ recursos contra el fallo, ya que, a pesar de estar de acuerdo con la demolici¨®n, no encuentran razones para asumir los costos del desplome. Tambi¨¦n preocupa la planeaci¨®n para un proceso que no se puede llevar a cabo de cualquier forma por su cercan¨ªa de tan solo 200 metros al castillo de San Felipe.

Pero para Jackeline Godin, una de las compradoras en el Aquarela, el gran nudo, seg¨²n declaraciones recogidas por el diario El Universal de Cartagena, se el fallo puede ser un primer paso para empezar a desenredar el embrollo: ¡°La decisi¨®n ha sido favorable en el sentido de que ya tenemos a quien demandar, porque no sab¨ªamos si era al distrito a la naci¨®n. El fallo dice claro que a orden es hacia la alcald¨ªa¡±.

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