M¨¢s de quince a?os lleva Gladys Aristiz¨¢bal luchando por los derechos de las v¨ªctimas del conflicto. Su historia de vida la convirti¨® en lideresa social. Lleg¨® desplazada a Bogot¨¢ por amenazas y fue v¨ªctima de violencia sexual. Nada la ha tenido y desde que lleg¨® a la capital lidera un grupo de lideresas que le hacen seguimiento al auto 092 de 2008, en el que la Corte Constitucional orden¨® adoptar medidas para proteger a las mujeres v¨ªctimas de desplazamiento forzado. Las ilusiones de Gladys, y m¨¢s de 900 l¨ªderes amenazados del pa¨ªs estaban puestas en el nuevo Gobierno. Con diversas plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, a partir de su experiencia construyeron y le entregaron al presidente Petro un par de d¨ªas despu¨¦s de posesionado un Plan de Emergencia para la protecci¨®n de l¨ªderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

El documento presentado por las organizaciones sociales propon¨ªa 7 ejes, 26 acciones para los primeros 30 d¨ªas, y 23 para los primeros tres meses. Se pondr¨ªan en marcha en 65 municipios y 6 capitales priorizadas en todo el pa¨ªs. La idea era hacer un primer corte de cuentas pasados 100 d¨ªas de Gobierno. Ya han pasado nueve meses y el avance es escaso. As¨ª lo alert¨® la Misi¨®n de Verificaci¨®n de la ONU en su informe trimestral, en el que afirma ¡°el gobierno a¨²n no ha elaborado una hoja de ruta para materializar sus compromisos en materia de seguridad y protecci¨®n de l¨ªderes sociales y excombatientes en el marco del plan de emergencia adoptado en 2022¡å. Tampoco han cambiado las cifras de homicidios de l¨ªderes: seg¨²n la Defensor¨ªa del Pueblo, fueron asesinados 35 l¨ªderes en el primer trimestre del 2023, cuando en el mismo per¨ªodo de 2022 se contabilizaron 33.

Fortalecer lo ganado

Para Lourdes Castro, de Somos Defensores, que el ejecutivo haya acogido la propuesta ya fue un primer gran paso. ¡°Valoramos positivamente que una propuesta construida desde las plataformas de derechos haya sido adoptada en su integralidad como una hoja de ruta. Nos parece una se?al de voluntad pol¨ªtica que supera el negacionismo frente a la gravedad de la situaci¨®n que tuvimos los cuatro a?os anteriores¡±, afirma. En estos nueve meses el principal avance es la instalaci¨®n de 235 puestos de mando unificados por la vida. Aunque inicialmente se hab¨ªan propuesto 65 municipios priorizados, empezando por Caldono (Cauca), con el tiempo el n¨²mero de municipios se ha ido incrementando. Asimismo, las organizaciones sociales destacan la reactivaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Garant¨ªas de Seguridad, una instancia que naci¨® del Acuerdo de Paz de 2016 y que durante el mandato de Iv¨¢n Duque estuvo eclipsada y no cumpli¨® con uno de sus objetivos fundamentales: dise?ar una pol¨ªtica p¨²blica para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Ana Mar¨ªa Rodr¨ªguez, directora de la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, una de las plataformas de derechos humanos que construyeron el plan, destaca que se reiniciaran las reuniones de la Comisi¨®n de Garant¨ªas, y valora que se han empezado a trabajar las medidas m¨¢s estructurales. ¡°El Ministerio del Interior ha empezado a dar pasos en medidas de largo plazo como la pol¨ªtica integral de garant¨ªas y la reactivaci¨®n del proceso nacional de garant¨ªas. Eso es muy significativo porque permite que se aborde de manera integral la situaci¨®n¡±, sostiene.

Avanzar en lo pendiente

A las organizaciones sociales les entusiasmaban las medidas orientadas a reconstruir la confianza en las instituciones gubernamentales. Para ello se buscaba derogar lod decretos que reglamentaban el Plan de Acci¨®n Oportuna. Este fue ideado en el Gobierno Duque y pretend¨ªa proteger la vida de los l¨ªderes a trav¨¦s de una concepci¨®n de seguridad militarista y aumentando del pie de fuerza militar. Las organizaciones lo criticaron duramente porque el movimiento social no particip¨® en su elaboraci¨®n y en cuatro a?os no fue eficaz.

Con la misma idea de generar confianza y para exaltar la labor de los lideres, el plan propon¨ªa que Petro expidiera una directiva presidencial que reconociera su labor. Aunado a la directiva, el plan preve¨ªa la realizaci¨®n de actos p¨²blicos que rescataran los aportes que hacen los defensores de derechos humanos, en cabeza de la Presidencia. La idea era ayudar a reducir la estigmatizaci¨®n de sus luchas. Hasta el momento, m¨¢s all¨¢ de los actos protocolarios al instalar los puestos de mando unificados por la vida, no se han realizado esos eventos. ¡°Quienes hemos vivido la guerra, los m¨¢s humildes, los m¨¢s vulnerables, esos son los que hoy pedimos que lo que no se garantiz¨® en a?o anterior, que lo que no se aplic¨® en cuatro a?os, hoy se cumpla. Ser esa voz que promueve el cambio tambi¨¦n nos est¨¢ exponiendo much¨ªsimo m¨¢s en este momento¡±, se?ala la lideresa Aristizabal. La mayor¨ªa de las metas del plan estaban en responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Presidencia. Para conocer a detalle en qu¨¦ iban cada una de estas tareas El Pa¨ªs se comunic¨® con las entidades, pero no obtuvo respuesta.

El gran reto de la articulaci¨®n

Uno de los mayores desaf¨ªos para aplicar el plan es la articulaci¨®n entre las instituciones que tienen responsabilidad en la protecci¨®n de l¨ªderes sociales y excombatientes. Ese reto, heredado por este Ejecutivo, sigue sin sortearse.

As¨ª qued¨® claro en una citaci¨®n que le hizo la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz al Alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. En el auto la justicia transicional le pidi¨® a Rueda que en el marco de la pol¨ªtica de paz total se tengan en cuenta los mecanismos provenientes del Acuerdo de Paz de 2016: ¡°Estas cifras alarmantes [de homicidios] llevan a reclamar con car¨¢cter urgente y prioritario que el nuevo Gobierno concentre sus esfuerzos en asegurar que la pol¨ªtica p¨²blica y plan de acci¨®n sean aprobadas, as¨ª como la coordinaci¨®n, articulaci¨®n y optimizaci¨®n de recursos, estrategias y acciones de las entidades comprometidas con dicho prop¨®sito¡±. Otra encrucijada ha sido la armonizaci¨®n con la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, especialmente con la Unidad Especial de Investigaci¨®n para desmantelar organizaciones criminales, que se cre¨® en 2017 como una instancia aut¨®noma, pero actualmente depende del Fiscal General. Eso suscit¨® cr¨ªticas por los cambios en su autonom¨ªa investigativa y la posible limitaci¨®n de destinados para ella.

Para los l¨ªderes, esa decisi¨®n trajo consigo problemas en el acceso a la informaci¨®n de los procesos que se llevan a cabo por homicidios contra l¨ªderes sociales. ¡°Ha sido dif¨ªcil conocer el estado de las investigaciones, incluso en las investigaciones que deber¨ªan estar en curso a ra¨ªz de las denuncias que se han presentado en los puestos de mando unificado¡±, cuenta Rodr¨ªguez. En ello coincide la directora de Somos Defensores: ¡°yo le har¨ªa un llamado a la Fiscal¨ªa porque sino avanzamos en esclarecer las responsabilidades, tanto de factores materiales como intelectuales o de los patrones que est¨¢n detr¨¢s de las agresiones, pues se perpet¨²a la impunidad que ha sido un factor de determinante para que se sigan reproduciendo estas violencias¡±.

Las plataformas y organizaciones sociales preparan un seguimiento detallado al plan para las pr¨®ximas semanas y aseguran que est¨¢n dispuestos a mejorar lo que sea necesario, pero asimismo invitan al gobierno y sus instituciones a que se apropien del plan, pues la vida de l¨ªderes como Gladys y miles m¨¢s a lo largo del pa¨ªs siguen en riesgo.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.