Ib¨¢?ez, el magistrado conservador que tiene en sus manos la paz total de Petro

Un juez conservador deber¨¢ decidir sobre la viabilidad jur¨ªdica de uno de los proyectos bandera del primer Gobierno de izquierda en Colombia. Jorge Enrique Ib¨¢?ez, magistrado de la Corte Constitucional, es el encargado de evaluar si la Ley 2272, que dio sustento legal a la paz total, respeta los principios de la Constituci¨®n y si su tr¨¢mite en el Congreso estuvo libre de vicios de procedimiento. La norma bien podr¨ªa superar el examen judicial y dar v¨ªa libre al presidente Gustavo Petro para que negocie una salida concertada al conflicto con una multiplicidad de grupos armados o fracasar en el intento y ser una m¨¢s de las tantas promesas de campa?a que nunca llegan a concretarse. Esta ¨²ltima opci¨®n ha tomado fuerza recientemente despu¨¦s de que diferentes medios de comunicaci¨®n aseguraran conocer el sentido de la decisi¨®n de Ib¨¢?ez, desatando as¨ª un debate alrededor de si debe o no seguir al frente del caso.

Desde antes de alzarse con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Petro manifest¨® su inter¨¦s por pasar a la historia como el responsable de desarmar a las diferentes estructuras criminales del pa¨ªs. Su ambici¨®n, ingenua para unos y valiente para otros, abarca un amplio n¨²mero actores, que van desde organizaciones paramilitares hasta bandas delincuenciales, por lo que fue necesario crear una ley que lo faculte para dialogar y llegar a acuerdos que culminen en la entrega de armas y sometimiento a la justicia. Como sucede con muchas otras iniciativas que son aprobadas por el Congreso, fue demandada ante la Corte Constitucional y su futuro, hasta que los magistrados se pronuncien, ser¨¢ incierto.

La demanda fue presentada por Jorge Pava, abogado y columnista de peri¨®dicos locales de la regi¨®n cafetera, quien solicit¨® que 3 de los 20 art¨ªculos de la ley fueran declarados inconstitucionales por desconocer ¡°el deber del Estado de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci¨®n de las v¨ªctimas de graves violaciones de derechos humanos¡±. Por azares del reparto que emplea la Corte para asignar los expedientes, la acci¨®n presentada por Pava fue a parar al despacho de Jorge Enrique Ib¨¢?ez, magistrado que pertenece al bloque conservador del tribunal.

Nacido en Tunja, Boyac¨¢, una regi¨®n hist¨®ricamente ligada al Partido Conservador, Ib¨¢?ez se destac¨® como un alumno aventajado e intelectualmente inquieto. Cuando apenas era un adolescente fund¨® un centro de estudios de derecho econ¨®mico y tan pronto lleg¨® a la mayor¨ªa de edad fue elegido concejal de su ciudad. Esa etapa como cabildante coincidi¨® con el inicio de su ingreso a la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana en Bogot¨¢, por lo que durante sus primeros semestres tuvo que distribuir su tiempo entre sus obligaciones pol¨ªticas y acad¨¦micas.

¡°Las sesiones del Concejo eran los viernes y los lunes. Yo sal¨ªa de clases el viernes temprano y llegaba a Tunja a las dos horas y media. Finalizando la tarde iniciaban las sesiones y acababan a las nueve de la noche. El fin de semana lo dedicaba a hacer tareas y preparar ex¨¢menes, para poder asistir otra vez el lunes al Concejo. El padre Giraldo, decano de la facultad en esa ¨¦poca, me dio permiso, pero me dec¨ªa que la formaci¨®n de un buen jurista no deb¨ªa perderse por la pol¨ªtica. Le hice caso¡±, recuerda.

Acatar esa recomendaci¨®n lo convirti¨® en uno de los mejores alumnos de su generaci¨®n. Conform¨® un grupo de estudio con dos de sus compa?eros, quienes posteriormente tambi¨¦n adquirir¨ªan renombre a nivel nacional, y obtuvieron las mejores calificaciones en sus asignaturas. Se trataba de Jaime Granados, connotado abogado penalista que es apoderado de importantes personalidades como ?lvaro Uribe, y Rodrigo Escobar Gil, miembro de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009. Por su desempe?o los apodaron ¡°los magistrados¡±, un remoquete que posteriormente prob¨® ser prof¨¦tico y agradaba a Ib¨¢?ez, quien confiesa que ¡°quer¨ªa ser magistrado desde que estaba en el colegio¡±.

¡°Cuando uno reci¨¦n entra a la universidad siempre est¨¢ dispuesto a estudiar, pero tambi¨¦n le encanta salir de fiesta y conocer lugares. Pues mientras todos nosotros, sus compa?eros, sal¨ªamos de rumba, ¨¦l hac¨ªa parte de un grupo de estudiantes que se dedicaban a consultar los anales del Consejo de Estado y el Congreso. Los profesores ten¨ªan que preparar muy bien sus clases porque las preguntas de Jorge Enrique siempre eran con conocimiento, siempre actualizadas¡±, relata Liliana Caicedo, una de sus compa?eras durante esos a?os. Asegura que desde que se graduaron tuvo la certeza de que Ib¨¢?ez ¡°se estaba preparando para llegar alg¨²n d¨ªa a una Alta Corte¡±. Dicha certeza se materializ¨® cuatro d¨¦cadas despu¨¦s.

Luego de un elogiado paso por el Banco de la Rep¨²blica, en donde trabaj¨® entre 1983 y 1994, Ib¨¢?ez fue docente de su alma mater y otras prestigiosas instituciones como la Universidad Externado, la Universidad del Rosario y la Universidad de Los Andes. Tambi¨¦n asesor¨® al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual promulg¨® la actual Constituci¨®n Pol¨ªtica y en la que se acogieron propuestas que Ib¨¢?ez present¨®. Su tesis de grado, que planteaba la autonom¨ªa de los ¨®rganos de control, fue una de ellas. El cambio de Constituci¨®n tambi¨¦n trajo consigo la creaci¨®n de un cuerpo colegiado encargado de salvaguardar su integridad y principios, la Corte Constitucional. Hoy Ib¨¢?ez es uno de los nueve magistrados que la conforman.

Pero para llegar all¨ª, primero tuvo que ser ternado por otra corte: el Consejo de Estado. Marino Tadeo Henao y Natalia ?ngel, que tambi¨¦n es magistrada en la actualidad, fueron los otros abogados postulados . El perfil de Henao y ?ngel, m¨¢s ligados a posturas liberales y progresistas, le permiti¨® a Ib¨¢?ez partir con una ventaja inicial al acaparar r¨¢pidamente el visto bueno de los congresistas conservadores y de algunos uribistas.

Se posesion¨® dos meses m¨¢s tarde y, desde entonces, se ha situado a la derecha de decisiones trascendentales proferidas por el tribunal, como la que despenaliz¨® el aborto hasta la semana 24. En esa oportunidad, febrero de 2022, Ib¨¢?ez fue uno de los cuatro magistrados que se opuso a la posici¨®n mayoritaria y vot¨® a favor de que la interrupci¨®n del embarazo solo se autorizara bajo las tres causales previamente reconocidas (que se identificara una malformaci¨®n del feto, que el embarazo fuera producto de acceso carnal violento y que continuar con la gestaci¨®n implicara un riesgo para la salud de la mujer).

Ib¨¢?ez ha optado por mantener un perfil discreto y apartado del foco medi¨¢tico. Pero el reflector le apunta desde hace unas semanas, luego de que medios nacionales aseguraran que su proyecto de sentencia respecto de la Ley 2272 ser¨ªa desfavorable por vicios en su tr¨¢mite. El impacto de la noticia fue inmediato e Ib¨¢?ez fue recusado por el Colectivo de Abogados Jos¨¦ Alvear Restrepo, que argumenta que la filtraci¨®n de decisiones judiciales a la prensa puede generar ¡°presiones p¨²blicas¡± sobre los dem¨¢s magistrados que deben estudiar la demanda y cuestionaron que no se haya anunciado ¡°el inicio de investigaciones disciplinarias¡± para castigar a los responsables.

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunir¨¢ hasta el pr¨®ximo 12 de julio para determinar si procede la recusaci¨®n y, de no considerarlo as¨ª, entrar a estudiar el proyecto de sentencia de Ib¨¢?ez. El desenlace dictaminar¨¢ si el Gobierno puede o no continuar con sus planes de negociar la paz con estructuras ilegales. M¨¢s all¨¢ de cu¨¢l sea el sentido la decisi¨®n, el nombre de Jorge Enrique Ib¨¢?ez estar¨¢ en ella.

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