Litigio en La Haya: un alivio para Colombia

El litigio con Nicaragua se convirti¨® en un dolor de cabeza para los gobiernos colombianos que se acostumbraron a evitar el tema y aplazar su gesti¨®n con tal de no asumir la responsabilidad de un tema complejo y t¨¦cnico. Desde 2012 ha significado uno de los traumas nacionales m¨¢s significativos de la historia, pues en ese momento, la Corte Internacional de Justicia le concedi¨® a Nicaragua 72 mil km2 de mar que Colombia consideraba parte de su soberan¨ªa. Aquello signific¨® una crisis pol¨ªt...

El litigio con Nicaragua se convirti¨® en un dolor de cabeza para los gobiernos colombianos que se acostumbraron a evitar el tema y aplazar su gesti¨®n con tal de no asumir la responsabilidad de un tema complejo y t¨¦cnico. Desde 2012 ha significado uno de los traumas nacionales m¨¢s significativos de la historia, pues en ese momento, la Corte Internacional de Justicia le concedi¨® a Nicaragua 72 mil km2 de mar que Colombia consideraba parte de su soberan¨ªa. Aquello signific¨® una crisis pol¨ªtica de grandes proporciones y confront¨® al pa¨ªs a una realidad de la que no era consciente. Por a?os, los presidentes colombianos subvaloraron el reclamo nicarag¨¹ense y se negaron a negociar directamente con Managua por la impopularidad que ese di¨¢logo revest¨ªa. Ahora parece no haber opci¨®n.

Desde el triunfo de la revoluci¨®n sandinista en 1979, Nicaragua emprendi¨® una cruzada legal para reivindicar sus derechos que consideraba vapuleados por sus vecinos. A mediados de los 80, llev¨® a la Corte Internacional de Justicia el reclamo contra EEUU por el apoyo a los contras. En tal proceso se parti¨® su historia pues uno de los Estados m¨¢s pobres de Am¨¦rica Latina se impuso en derecho, sobre el pa¨ªs m¨¢s poderoso del mundo. Esa victoria legal la envalenton¨® y Nicaragua vio en el derecho la posibilidad de obtener una compensaci¨®n por haber sufrido durante a?os la ocupaci¨®n militar, el desmembramiento de su territorio o la injerencia. En 2001 demand¨® a Colombia y poco m¨¢s de diez a?os despu¨¦s obtuvo mar y acceso a ingentes recursos. Por eso, a finales de 2013, intensific¨® su ofensiva legal y acudi¨® a la Corte para que le fuera reconocida la plataforma continental extendida. A entender de Managua parte de su costa queda por debajo del agua, raz¨®n por lo cual merec¨ªa acceso a una plataforma m¨¢s all¨¢ de las 200 millas n¨¢uticas. Y en diciembre de ese a?o, volvi¨® a demandar (tercera demanda) a Colombia por la violaci¨®n de sus derechos soberanos y jurisdiccionales. El Gobierno de Juan Manuel Santos hab¨ªa declarado una ¡°zona contigua integral¡± para proteger la unidad del archipi¨¦lago, directamente amenazada por la decisi¨®n de la Corte de 2012. En abril de 2022, la Corte le volvi¨® a dar la raz¨®n a Managua y reconoci¨® que efectivamente Bogot¨¢ hab¨ªa violado los derechos de su vecino.

Con estos antecedentes, se tem¨ªa en Colombia que la Corte tomara otra vez una decisi¨®n que afectara sus intereses y empezara un proceso para delimitar la plataforma continental abriendo la puerta a a?os de tensiones geopol¨ªticas. Sin embargo, la Corte rechaz¨® categ¨®ricamente el pedido nicarag¨¹ense. ?Qu¨¦ pudo haber tenido en cuenta el tribunal? Primero, Colombia hizo una buena defensa acudiendo al art¨ªculo 76 (numerales 2 y 4) de la Convenci¨®n sobre Derechos del Mar (de la que no hace parte) en el que la plataforma continental de los Estados no debe extenderse. La votaci¨®n de 13 contra 4 sugiere que no hubo un marcado disenso y que, de forma r¨¢pida se entendi¨® que no hab¨ªa razones para abrir un proceso incierto y dispendioso. Y, es posible que la Corte haya sido consciente de los efectos pol¨ªticos del fallo de 2012 y de la renuencia colombiana a respetarlo en buena medida por la necesidad de la protecci¨®n de las comunidades que all¨ª habitan. Abrir la puerta a un proceso, hubiera significado poner a Colombia contra la pared y entregarle la raz¨®n perfecta para omitir la decisi¨®n de 2012 acudiendo a la ret¨®rica (no del todo injustificada) de que, con sus decisiones, la Corte pone en riesgo los derechos de raizales, palenqueros y pescadores del archipi¨¦lago. Eso sin contar los efectos sobre terceros preocupados por las pretensiones para la explotaci¨®n de recursos del subsuelo que pueden alterar y afectar la reserva de la biosfera del Seaflower que comparten Colombia, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Panam¨¢.

?Con esto queda clausurado el litigio entre Colombia y Nicaragua? Si bien se cierra el caso por el que Managua buscaba extender su plataforma continental, queda pendiente el tema de mayor relevancia: qu¨¦ va a ocurrir con el fallo de 2012 y la delimitaci¨®n ordenada por la Corte. Colombia no ha aplicado en fallo pues considera que pondr¨ªa en riesgo su unidad territorial y deja expuesta a una comunidad que pide a gritos asistencia. Los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iv¨¢n Duque y Gustavo Petro han optado por la opci¨®n m¨¢s popular de negar cualquier negociaci¨®n con Nicaragua dejando en suspenso la definici¨®n del l¨ªmite y haciendo m¨¢s vulnerables a los isle?os. Aunque sea costoso pol¨ªticamente, Bogot¨¢ y Managua deber¨¢n negociar directamente un esquema de protecci¨®n de las comunidades, una forma de explotaci¨®n de recursos compatibles con las vulnerabilidades ambientales de la zona y lo que a todas luces parece m¨¢s espinoso: un l¨ªmite definitivo.

Un factor adicional que complejiza el panorama es la deriva autoritaria en Nicaragua que desincentiva cualquier aproximaci¨®n, al considerarla como una forma de legitimar a un r¨¦gimen desprovisto de m¨ªnimas formalidades democr¨¢ticas. La expulsi¨®n y despojo de nacionalidad de 300 opositores produjo una reacci¨®n aireada de Colombia que, en una declaraci¨®n sin antecedentes, le pidi¨® a la Corte Penal Internacional una investigaci¨®n (aunque Nicaragua no sea parte del Estatuto de Roma). As¨ª las cosas, nada parece f¨¢cil en una negociaci¨®n que nadie quiere asumir pero que resulta urgente e inaplazable.

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