Paz Total: un pasito adelante y dos para atr¨¢s

La apuesta emblem¨¢tica del Gobierno Petro de hacer negociaciones simult¨¢neas con m¨²ltiples grupos armados ilegales y bandas criminales para alcanzar una Paz Total ha llegado, al cumplirse un a?o de su mandato, a una coyuntura cr¨ªtica que requiere definiciones y considerar posibles cambios de rumbo. Si bien hay avances notables en el proceso con el ELN, las dem¨¢s mesas de negociaci¨®n que se han abierto enfrentan importantes obst¨¢culos, principalmente en materia legal, que dif¨ªcilmente podr¨¢n superarse en medio de la actual volatilidad pol¨ªtica y de la p¨¦rdida de gobernabilidad del Ejecutivo.

Hasta ahora son al menos ocho tableros de negociaci¨®n los que ha hecho p¨²blicos el gobierno. El principal es con el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional, ELN, grupo con el cual se retom¨® el hilo dejado por el gobierno Santos y que fue suspendido en el cuatrienio anterior. Por ahora, es el proceso m¨¢s serio y con avances palpables. Hace pocos d¨ªas arranc¨® un cese al fuego bilateral por seis meses, con protocolos m¨¢s o menos claros y un mecanismo de monitoreo y verificaci¨®n avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se instal¨® el Comit¨¦ Nacional para dise?ar la f¨®rmula mediante la cual los colombianos participar¨ªamos en un proceso que se espera conduzca a un gran acuerdo nacional de transformaciones.

A¨²n as¨ª, el porvenir de este proceso no est¨¢ asegurado. Depende en buena medida de lo que pase en los otros tableros de negociaci¨®n, particularmente con las dos facciones disidentes de las extintas FARC y el Clan del Golfo, con las que el ELN tiene abiertas disputas territoriales.

El escenario de negociaci¨®n con estos grupos est¨¢ lleno de incertidumbres. En el caso de las disidencias, una inc¨®gnita determinante tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo una negociaci¨®n de paz con miras a un acuerdo pol¨ªtico. El Presidente Petro les otorg¨® prematuramente estatus pol¨ªtico tanto al autodenominado Estado Mayor Central, EMC, como a la Segunda Marquetalia, SM, pese a que la ley de orden p¨²blico (Ley 2272) sancionada por el propio gobierno a finales del a?o pasado, expl¨ªcitamente negaba esta posibilidad para miembros de grupos armados que se hubiesen desmovilizado mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano. Es muy probable que este punto sea reafirmado por la Corte Constitucional que actualmente revisa dicha ley.

De ser as¨ª, quedar¨ªan por fuera de la negociaci¨®n pol¨ªtica una parte importante de los l¨ªderes del EMC, pues al menos nueve de los 19 jefes a los cuales se solicit¨® suspender ordenes de captura para incorporarse al proceso con el actual gobierno, fueron firmantes acreditados del Acuerdo de Paz con las FARC. Igual pasar¨ªa con la SM, empezando por Iv¨¢n M¨¢rquez, su m¨¢ximo l¨ªder, quien al parecer sigue con vida y fue cabeza de la delegaci¨®n de las FARC en dicha negociaci¨®n. La opci¨®n que les quedar¨ªa si nos atenemos a la ley de orden p¨²blico vigente ser¨ªa la de un sometimiento a la justicia, lo cual estas han descartado de plano.

Con el Clan del Golfo, el gobierno ha sido claro y reiterativo en que la negociaci¨®n posible para ellos es alrededor de su sometimiento a la justicia. Esta opci¨®n tambi¨¦n ha sido rechazada frontalmente por este grupo que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y que ha venido haciendo alarde de un discurso pol¨ªtico. Dentro de esta misma situaci¨®n podr¨ªa analizarse el caso de los Pachenca, otro grupo criminal que tambi¨¦n se desprendi¨® de la desmovilizaci¨®n de los paramilitares hace 17 a?os y que, ante las expectativas generadas por la Paz Total, adoptaron el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, esperando un trato como actores pol¨ªticos.

Pero, a¨²n en el escenario improbable de que las disidencias y el Clan del Golfo aceptaran la v¨ªa del sometimiento a la justicia, esta opci¨®n tambi¨¦n es incierta. Primero por la p¨¦rdida de mayor¨ªas en el Congreso que requiere el Gobierno para sacar adelante el marco legal correspondiente y, luego, por la relaci¨®n poco arm¨®nica que hay entre el Ejecutivo y la Fiscal¨ªa, instituci¨®n central de cualquier proceso de sometimiento. Esta situaci¨®n tambi¨¦n afecta la viabilidad de los tableros de negociaci¨®n restantes con bandas criminales en Buenaventura, Medell¨ªn y Quibd¨®, los tres cap¨ªtulos de la Paz Urbana basados en lo que el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha denominado di¨¢logos socio-jur¨ªdicos.

Entre tanto, la situaci¨®n de las zonas donde se concentran disputas por el territorio y se expanden diversos grupos armados ilegales, no da espera. Es cierto que en el ¨²ltimo a?o hay algunas se?ales alentadoras como la reducci¨®n de los homicidios en estas zonas (del 14%), sobre todo aquellos contra l¨ªderes sociales, as¨ª como leves descensos en las masacres y los desplazamientos forzados (del 2% y el 3% respectivamente). Pero es dif¨ªcil establecer la relaci¨®n de causalidad de esto con las diversas mesas de negociaci¨®n y menos, con los fallidos ceses al fuego decretados por el gobierno a principios de a?o.

Aun as¨ª, como hemos podido confirmar en la FIP con encuestas ciudadanas y sondeos de opini¨®n peri¨®dicos a l¨ªderes sociales de estas zonas, la gente sigue sintiendo que nada mejora, que las transformaciones del Acuerdo de Paz con las FARC no llegan y que la influencia sobre estas regiones de grupos armados de todo pelambre es creciente. No es de extra?ar, cuando la implementaci¨®n del Acuerdo no parece despegar pese a la voluntad expresa del Presidente y cuando, por otro lado, las disputas entre facciones armadas se han disparado en un 85%, los confinamientos y las extorsiones siguen creciendo y reaparece el secuestro. Todas se?ales de que no ha sido posible contener el avance de la gobernanza criminal que se viene dando tras la desmovilizaci¨®n de las FARC, y que las capacidades del Estado para cambiar las condiciones de vida de las comunidades siguen siendo extremadamente d¨¦biles.

Es claro que mientras que hay que mantener y avanzar en el proceso con el ELN para lograr su punto de no retorno, se hace indispensable un cambio de foco respecto a la aproximaci¨®n a la paz con los dem¨¢s grupos. Se requiere equilibrar la energ¨ªa que se ha empe?ado durante el ¨²ltimo a?o en m¨²ltiples mesas de negociaci¨®n, con la que se invierta en la implementaci¨®n del Acuerdo de Paz en zonas cr¨ªticas y en desarrollar estrategias de seguridad concretas que contengan la expansi¨®n de los grupos y protejan eficazmente a los ciudadanos.

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