La paz total: un triunfo agridulce para Petro

El presidente Gustavo Petro respira aliviado despu¨¦s de su ¨²ltimo round judicial. En Dub¨¢i, en donde asiste a la Cumbre del Clima (COP28), le avisaron que la ley de paz total, uno de sus principales proyectos, contin¨²a viva. Lo que inici¨® como un t¨¦rmino acu?ado en los meses previos a su posesi¨®n, que luego se transform¨® en propuesta y posteriormente en pol¨ªtica p¨²blica, busca negociar en paralelo una salida pac¨ªfica del conflicto con los diferentes grupos armados que operan en Colombia. La iniciativa ¡ªcomo sucedi¨® con los acuerdos de paz en 2016¡ª ha dividido al pa¨ªs entre partidarios y esc¨¦pticos, prest¨¢ndose para constante debates en la opini¨®n p¨²blica. El m¨¢s reciente cap¨ªtulo se vivi¨® este jueves, cuando la Corte Constitucional se pronunci¨® respecto de la constitucionalidad de la ley, a ra¨ªz de una demanda presentada por un congresista del opositor Centro Democr¨¢tico. El desenlace fue favorable para el presidente, aunque no sali¨® del todo ileso.

La paz total se transform¨® en ley en diciembre del a?o pasado. El texto aprobado por el Congreso reconoci¨® al Gobierno una serie de facultades y un amplio margen de maniobra para iniciar conversaciones con actores ilegales. Tal nivel de libertad y poder en manos de Petro y sus subalternos no fue visto con buenos ojos por sus detractores. Solo dos semanas m¨¢s tarde, la constitucionalidad de estas prerrogativas fue demanda por el representante uribista Jos¨¦ Jaime Usc¨¢tegui, quien argument¨® que la norma violaba el principio de separaci¨®n de poderes ¡ªotorg¨¢ndole capacidades al Ejecutivo que por su naturaleza corresponden al Legislativo y Judicial¡ª y desconoc¨ªa derechos de v¨ªctimas. A su tesis no le fue tan mal.

Cerca de la medianoche del viernes, con la atenci¨®n del oficialismo y la oposici¨®n, la Corte Constitucional public¨® un comunicado de 29 p¨¢ginas explicando su decisi¨®n. En resumen, el tribunal concluy¨® que la ley en general no contrar¨ªa las leyes colombianas y puede permanecer vigente. No obstante, recort¨® la discrecionalidad del Gobierno para negociar con los grupos armados.

Son cuatro los puntos ajustados por la Corte. En lo referente a los t¨¦rminos de sometimiento de los alzados en armas, que en el texto original se determinaban ¡°a juicio del Gobierno Nacional¡±, la Corte encontr¨® que se necesita ¡°una regulaci¨®n de car¨¢cter legal¡±, por lo que orden¨® al Congreso que defina reglas claras. De esta forma, las condiciones en las que se acoger¨¢n a la paz total las estructuras criminales queda en manos de la C¨¢mara de Representantes y el Senado, en donde Petro ha tenido muy dif¨ªcil lograr los suficientes apoyos para aprobar sus reformas.

La suspensi¨®n de ¨®rdenes de captura en contra de miembros de grupos ilegales, cuya ¨²nica exigencia era una solicitud formal del Gobierno a las autoridades judiciales, ahora qued¨® supeditada a una evaluaci¨®n previa de un juez, quien verificar¨¢ si se trata de una ¡°medida necesaria para el cumplimiento de los fines legales de sometimiento y desmantelamiento de la estructura¡±. El Gobierno deber¨¢ justificar su petici¨®n, detallando por cu¨¢nto tiempo regir¨¢ y cu¨¢l ser¨¢ su alcance territorial.

La Corte, igualmente, precis¨® que las garant¨ªas de seguridad a los grupos criminales, mientras no se haya pactado un cese de hostilidades, solamente aplicar¨¢n a ¡°miembros representantes y voceros¡±, no as¨ª a los dem¨¢s miembros. Y que su ubicaci¨®n temporal en determinadas zonas del pa¨ªs no puede ocurrir en la etapa ¡°acercamientos y conversaciones¡±, sino cuando se logre ¡°un estado avanzado del proceso de paz¡±.

Otro aspecto de la ley fue declarado totalmente inconstitucional: la excarcelaci¨®n de personas procesadas o condenadas para nombrarlas como facilitadoras en los di¨¢logos de paz. En criterio de la Corte, la medida llevaba a que el presidente suplantara a la Rama Judicial, pues derrumbaba una decisi¨®n de un juez que dict¨® una medida de aseguramiento o una pena de prisi¨®n. Eso, afirma la Corte, violaba el derecho de las v¨ªctimas a que sus agresores reciban una ¡°efectiva impartici¨®n de justicia¡±. Desde que el proyecto fue aprobado, el Gobierno ha ordenado la libertad de decenas de j¨®venes recluidos en centros penitenciarios por cometer actos vand¨¢licos durante las manifestaciones sociales de 2021. El fiscal general, Francisco Barbosa, cr¨ªtico declarado de la paz total, anunci¨® en la ma?ana del viernes que ya pidi¨® nuevas ¨®rdenes de captura para estos j¨®venes.

El fallo es claroscuro para Petro. Trastoca las condiciones en las que planeaba negociar con grupos armados y se da en medio de circunstancias dif¨ªciles de su mandato. Llega cuando la reforma a la salud ¡ªotra de sus obsesiones¡ª atraviesa un momento crucial para su aprobaci¨®n en el Congreso, y despu¨¦s varias derrotas en la Corte Constitucional. En octubre, el tribunal tumb¨® la declaratoria de emergencia de La Guajira, que le abr¨ªa la puerta al presidente para expedir decretos con fuerza de ley y as¨ª apaciguar la situaci¨®n humanitaria de esta regi¨®n, tras concluir que los hechos que la fundamentaban no eran nuevos. Un mes m¨¢s tarde, en noviembre, los magistrados hicieron lo propio con un art¨ªculo de la reforma tributaria, que imped¨ªa la deducibilidad de regal¨ªas y promet¨ªa recaudar entre dos y cinco billones de pesos.

El resultado de la demanda es tambi¨¦n un triunfo parcial para la oposici¨®n. Usc¨¢tegui no logr¨® que se cayera toda la ley, pero caus¨® cambios sensibles que afectan al Gobierno. Todos tienen motivos para celebrar. Y para lamentarse.

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