Colombia no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH frente a la violencia policial

Si hoy Jaider Alexander Fonseca estuviera vivo tendr¨ªa 21 a?os y estar¨ªa celebrando que su hijo entra al colegio. ¡°Lo imagino llev¨¢ndolo de la mano al primer d¨ªa de clases¡±, dice Maira P¨¢ez, quien era su pareja hasta la noche del 9 de septiembre de 2020, cuando un patrullero de la polic¨ªa de Colombia lo asesin¨®. ¡°S¨¦ que seguir¨ªa siendo el ni?o de la sonrisa linda, el de los ojitos brillantes, nuestro lugar seguro, el pap¨¢ abnegado, el hombre trabajador y el incondicional compa?ero de equipo. En la casa tendr¨ªamos a nuestro hombre protector, amoroso y leal¡±, continua Maira. Su testimonio hace parte del informe No basta, presentado este mi¨¦rcoles por la Fundaci¨®n Alfredo Molano Bravo y la ONG Temblores.

Este trabajo les hizo seguimiento a las 31 recomendaciones que le formul¨® al Estado colombiano la relator¨ªa para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020; y a las 41 recomendaciones que le hizo al pa¨ªs la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el estallido social de 2021. El documento encontr¨® un bajo cumplimiento en ambos grupos de las indicaciones. Demuestra que, pese a la buena voluntad del Gobierno de Gustavo Petro y de la alcaldesa de Bogot¨¢, Claudia L¨®pez, ha habido pocos avances en justicia y garant¨ªas de no repetici¨®n para las v¨ªctimas de la masacre del 9S en 2020 y del estallido social en 2021.

En su primera parte, relacionada con la noche en la que muri¨® Jaider y en la que fueron asesinadas otras 13 personas, el informe evidencia que hasta el momento solo hay polic¨ªas condenados por uno de los asesinatos, pese a la evidencia que demuestra que las autoridades participaron en al menos 11 de los cr¨ªmenes. De las 31 recomendaciones de la relator¨ªa, el equipo de investigadores solo pudo obtener informaci¨®n suficiente y evaluar el cumplimiento de 24. De esas, 9 est¨¢n pendientes de cumplimiento, 2 se hallan en estado de incumplimiento, 5 han alcanzado un cumplimiento parcial, 3 muestran un cumplimiento parcial sustancial y solo 5 se encuentran totalmente implementadas.

La segunda parte del informe, en la que se investigan los abusos policiales en el estallido social de 2021, llega a una conclusi¨®n similar frente a las recomendaciones realizadas por la CIDH para garantizar la no repetici¨®n de estos cr¨ªmenes. La ONG Temblores analiz¨® 31 de las recomendaciones, las que la Comisi¨®n ha pedido priorizar, y determin¨® que ninguna se ha cumplido totalmente. Solo una se ha cumplido de manera sustancial, 17 se han cumplido parcialmente, 11 est¨¢n pendientes de cumplimiento y 2 ya se incumplieron de manera definitiva.

El documento explica que entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021 ¡°Colombia vivi¨® una grave crisis en materia de derechos humanos, derivada de la respuesta violenta y desproporcionada de la fuerza p¨²blica ante los reclamos leg¨ªtimos de la ciudadan¨ªa que se manifest¨® en las calles¡±. Solo en Bogot¨¢ est¨¢n documentados cuatro homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza P¨²blica, 56 casos de traumas oculares atribuibles a la Polic¨ªa, y 1.289 casos de violencia policial.

Uno de los principales incumplimientos frente a estas solicitudes tiene que ver con sacar a la Polic¨ªa Nacional del Ministerio de Defensa. La recomendaci¨®n del organismo de justicia internacional explica que as¨ª busca ¡°garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares¡±. De hecho, en la regi¨®n, Colombia es el ¨²nico pa¨ªs que conserva a la Polic¨ªa dentro del Ministerio de Defensa. Un funcionario del Ministerio, entrevistado para el informe, explic¨® que han emprendido acciones concretas para transformar la polic¨ªa y por eso ¡°no es necesario cambiarla de cartera. Para Temblores, estas trasformaciones internas no son suficientes y el Gobierno deber¨ªa hacer todo lo posible para cumplir con lo solicitado por la CIDH.

Seg¨²n el informe, las recomendaciones 28 y 29, que se derivan de esta separaci¨®n, tampoco se han cumplido a cabalidad. La primera pide garantizar que el mantenimiento del orden p¨²blico interno y la seguridad ciudadana est¨¦ primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles. La segunda, asegurar que, en caso de necesidad de participaci¨®n de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, esa sea ¡°extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles¡±. Las dos est¨¢n catalogadas como ¡°pendientes de cumplimiento¡±. Temblores afirma que la respuesta institucional no evidencia acciones concretas con miras a dar un cumplimiento estructural a estas recomendaciones. ¡°Es evidente que en los casos registrados en el 2022 las fuerzas armadas terminaron siendo los principales agentes que atendieron asuntos de conflicto social y de ordenamiento del espacio p¨²blico¡±.

El otro gran incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH tiene que ver con elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta. El informe reconoce la disposici¨®n de los congresistas y de representantes del Gobierno para trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales y organismos internacionales, y construir dos proyectos de ley sobre ese tema. Sin embargo, los investigadores insisten en que en la pr¨¢ctica hay muchas dificultades para que alguno de esos se apruebe en el Congreso y se vuelva realidad.

La fuerte oposici¨®n que han tenido las reformas del presidente Petro en la C¨¢mara de Representantes y en el Senado demuestran que no hay ambiente para la aprobaci¨®n en poco tiempo de la ley que garantice el derecho a la protesta, argumenta el informe. ¡°Al ser un proyecto de ley estatutaria deben darse 4 debates en una legislatura. Eso significa que quedan aproximadamente seis meses para que el proyecto pueda ser discutido¡±.

La ausencia de mayor¨ªas gobiernistas en el Congreso tambi¨¦n dificulta el cumplimiento de otro grupo de recomendaciones que tienen que ver con la reparaci¨®n integral de las v¨ªctimas de la masacre del 9S en 2020 y del estallido social en 2021. Una de las conclusiones conjuntas de los dos informes as¨ª lo demuestra: ¡°Los equipos de investigaci¨®n pudieron evidenciar que las medidas para satisfacer el derecho a la reparaci¨®n integral de las v¨ªctimas son insuficientes y, en varios casos, han sido revictimizantes¡±. Seg¨²n la Fundaci¨®n Alfredo Molano y la ONG Temblores, ¡°estas deficiencias son atribuibles a que Congreso no ha tenido la voluntad pol¨ªtica de tramitar y aprobar una ley, con alcance nacional, a trav¨¦s de la cual se cree un programa de reparaci¨®n para las v¨ªctimas de hechos de violencia que ocurren en el marco de las manifestaciones¡±.

Las conclusiones compartidas del documento tambi¨¦n afirman que hasta la fecha ¡°no existen normas o lineamientos que garanticen que fiscales especializados sean quienes conozcan de los hechos de violencia que ocurren en el marco de la protesta social¡±. Esta ausencia de reglas para la designaci¨®n de fiscales especializados, dicen los investigadores, puede repercutir en la efectividad de las investigaciones. Por ejemplo, el asesinato de Jaider Fonseca, que es uno de los que m¨¢s ha avanzado en la justicia, sigue en la impunidad. Hasta el momento, despu¨¦s de m¨¢s de tres a?os de lo ocurrido, la Fiscal¨ªa solo procesa al patrullero retirado Jhon Antonio Guti¨¦rrez Rodr¨ªguez, a quien ha acusado de homicidio agravado, y el caso est¨¢ en la etapa de juicio oral. ¡°Hoy estar¨ªamos completos. Completos con su poderoso amor¡±, recuerda Maira P¨¢ez con dolor.

Pese a que en los dos informes la evaluaci¨®n es negativa, existen algunos avances importantes. ¡°La estrategia de investigaci¨®n por contextos que ha comenzado a implementar la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n es un mecanismo que puede contribuir al esclarecimiento de los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones, m¨¢s all¨¢ de los homicidios¡±, afirman los investigadores en las conclusiones del documento. Y a?aden: ¡°Las casas de memoria impulsadas por las alcald¨ªas locales de Suba y de Usaqu¨¦n han sido efectivas para crear espacios de reparaci¨®n y de apoyo colectivo. Lo anterior es un trabajo positivo que debe ser replicado por autoridades locales de otras ciudades y potenciado por el Gobierno Nacional¡±.

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