El debate sobre el cannabis en Bogot¨¢ solo mira de reojo al campo
Acad¨¦micos y productores rurales cuestionan el alcance de una discusi¨®n restringida a aspectos comerciales
Los intentos parlamentarios para despejar el atasco regulatorio en el cap¨ªtulo del cannabis de uso adulto han resultado desastrosos. Pero la cuesti¨®n va m¨¢s all¨¢ de los tropiezos en el centro de Bogot¨¢. Los acad¨¦micos y productores rurales se cuestionan sobre el alcance de una discusi¨®n restringida a aspectos comerciales, o el enfoque de salud p¨²blica con especial acento urbano: ¡°El debate ha tenido como gu¨ªa la experiencia de...
Los intentos parlamentarios para despejar el atasco regulatorio en el cap¨ªtulo del cannabis de uso adulto han resultado desastrosos. Pero la cuesti¨®n va m¨¢s all¨¢ de los tropiezos en el centro de Bogot¨¢. Los acad¨¦micos y productores rurales se cuestionan sobre el alcance de una discusi¨®n restringida a aspectos comerciales, o el enfoque de salud p¨²blica con especial acento urbano: ¡°El debate ha tenido como gu¨ªa la experiencia de pa¨ªses que, a diferencia de Colombia, no son productores, y el lobby de las grandes empresas de marihuana medicinal¡±, afirma el antrop¨®logo Sebasti¨¢n Anzola.
Entre tanto, al norte del Cauca se han vivido a?os de zozobra y fuego cruzado por las disputas entre bandas y grupos criminales. Se calcula que en esta subregi¨®n del suroccidente se concentran unos 16.000 productores, entre ind¨ªgenas y campesinos, que cultivan el grueso de la marihuana ilegal que se exporta y se vende en el pa¨ªs. ¡°Uno ve dos escenarios separados¡±, argumenta la soci¨®loga Estefan¨ªa Ciro, ¡°Uno son los proyectos de ley de [Juan Carlos] Losada o las columnas de [Rodrigo] Uprimny en El Espectador, construidos desde y para Bogot¨¢. Pero otra cosa es la realidad del mercado y de las comunidades en el norte del Cauca, intimidadas y controladas por la disidencia armada Dagoberto Ramos, afiliada al grupo criminal que dirige alias Iv¨¢n Mordisco¡±.
Bajo este marco, el norte del Cauca se ha servido del cultivo il¨ªcito de marihuana como principal soporte econ¨®mico. Se trata de una zona encastrada entre cordilleras donde las caracter¨ªsticas clim¨¢ticas y agr¨ªcolas han facilitado la extensi¨®n de peque?as parcelas f¨¦rtiles de coca y cannabis que han dejado beneficios apenas aceptables para sus pobladores. Los precios de la libra de la hierba oscilan entre los 50.000 pesos (13 d¨®lares) en las temporadas bajas y m¨¢s de 150.000 (39 d¨®lares) en tiempos de bonanza. El costo de la misma libra da un brinco notable cuando llega a los circuitos del microtr¨¢fico urbano, partiendo de unos 500.000 pesos (130 d¨®lares) hasta alcanzar el mill¨®n (260 d¨®lares).
El acad¨¦mico Axel Rojas, soci¨®logo de la Universidad del Cauca, recuerda que el norte del departamento es a la vez epicentro del cultivo y una frontera agraria donde ind¨ªgenas y agricultores han sido v¨ªctimas del despojo de tierras: ¡°El conflicto ha estado all¨ª desde los a?os 70 y se reproduce con un v¨ªnculo estrecho con la econom¨ªa del cannabis¡±. Hoy la mayor parte de las ganancias por el tr¨¢fico de marihuana se queda en manos de criminales que funcionan como intermediarios entre el campesinado y las ciudades o las rutas hacia Brasil y Venezuela.
Al cultivador le queda un margen ajustado del 5%-7%, en promedio, mientras que los comercializadores acaparan el 93%-95% restante del negocio. Los estudios sobre el terreno de Estefan¨ªa Ciro se?alan que la mayor¨ªa de la producci¨®n sale del pa¨ªs. Pero ante la imposibilidad de integrar un enfoque de pol¨ªtica econ¨®mica que tenga en cuenta estas complejas cadenas de tr¨¢fico, los expertos alertan que podr¨ªa desembocar en otra oportunidad perdida para diezmar la violencia. No sobra recordar que la tasa de homicidios departamental por 100.000 habitantes dobla la media nacional y desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC solo muestra una vertiginosa curva ascendente.
Durante los primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro se respir¨® algo de entusiasmo. Los anuncios del ministro de Justicia, N¨¦stor Osuna, de volcar todo el andamiaje institucional al servicio de las comunidades y resguardos caucanos presagiaban un panorama novedoso. El jefe de la cartera sostuvo, incluso, durante una cumbre sobre drogas en Cali, que la aprobaci¨®n de la regulaci¨®n del cannabis de uso adulto se hallaba dentro de las prioridades de su cartera. La idea era articularla con su pol¨ªtica de ¡°paz total¡±, pero los buenos deseos se han debilitado con el paso del tiempo.
Entre tanto, la cotidianidad de municipios como Torib¨ªo o Corinto ha seguido su curso entre la bruma de la violencia y el agotamiento por la exposici¨®n de sus j¨®venes a las drogas y al reclutamiento forzoso. El Estado es poco amigo de reconocerlo, pero se trata de un proceso de marginalizaci¨®n hist¨®rica. Por eso, las comunidades locales han movilizado energ¨ªas para suplir parcialmente el abandono: ¡°Esto es in¨¦dito. Recientemente, por ejemplo, las agremiaciones del norte del Cauca han estipulado que cada cultivador, como un ejercicio de organizaci¨®n interna, debe tener entre 200 y 500 matas de marihuana. Y sin ser una realidad homog¨¦nea, es un avance en su proyecto de caracterizar su econom¨ªa regional¡±, asegura Axel Rojas.
?Est¨¢n dispuestos los actores armados con los que negocia el Gobierno a transitar hacia la paz y abandonar el tr¨¢fico? Es una de las preguntas centrales que se plantea Estefan¨ªa Ciro. ¡°Los legisladores deben ir m¨¢s all¨¢ del debate sobre el consumo y entender que esta es una econom¨ªa regional particular. Que tiene una articulaci¨®n nacional y global y que la ¨²nica soluci¨®n no pasa por la sustituci¨®n del cultivo. Hay que integrar a cientos de comerciantes que abastecen los insumos agr¨ªcolas o para el uso de las luminarias, entre otras. En ¨²ltimas, se trata de pensar de una manera m¨¢s compleja que la de los intereses de empresarios del centro del pa¨ªs¡±, opina Axel Rojas.
Por lo pronto el camino hacia la regulaci¨®n del mercado parece largo y pedregoso. El ¨²ltimo proyecto naufragado en el Senado tan solo buscaba clarificar una contradicci¨®n conceptual en un p¨¢rrafo a?adido al art¨ªculo 49 de la Constituci¨®n. Pero el bloque m¨¢s conservador del legislativo logr¨® sumar los votos y desviar el debate hacia otros terrenos. ¡°Los referentes para los congresistas que han pensado en la regulaci¨®n son pa¨ªses como Uruguay, Canad¨¢ o una veintena de estados americanos. Ninguno de esos sitios era productor hist¨®rico¡±, apunta Sebasti¨¢n Anzola.
A su juicio se trata de modelos distorsionados que no se ajustan a la realidad colombiana. Y adem¨¢s deja por fuera a los productores de zonas como el norte del Cauca. ¡°El proyecto nace de unas 28 o 30 empresas agremiadas en Asocolcanna, un sector industrial, organizado y con fuerte capacidad de lobby que est¨¢ muy preocupado en focalizar las condiciones¡±, contin¨²a Anzola. Axel Rojas a?ade que ese es el mayor cortocircuito para articular cualquier proyecto legislativo con la ¡°econom¨ªa tradicional de peque?os productores¡±.
Un segmento ninguneado y aquejado por el reciclaje de todas las violencias que ha sufrido el pa¨ªs desde hace d¨¦cadas: ¡°Si usted propone una regulaci¨®n al mercado donde se cobra una licencia de operaci¨®n que cuesta millones de pesos, se est¨¢ discriminando, porque hay un mont¨®n de gente que no tiene ese capital disponible. Hay que hablar de forma m¨¢s abierta y los peque?os productores tienen muy buenos criterios y propuestas para alejar las armas del negocio y variar los enfoques prevalecientes¡±.
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