¡°Yo te financio, t¨² me contratas¡±: Transparencia por Colombia alerta sobre la contrataci¨®n p¨²blica de los financiadores de los alcaldes

Los 40 millones de pesos (alrededor de 10.000 d¨®lares) que un financiador aport¨® en 2019 a la campa?a de ?lvaro Arley Le¨®n a la Gobernaci¨®n del Vichada, el segundo departamento m¨¢s extenso de Colombia, se multiplic¨® m¨¢s de cuarenta veces tras los resultados de las elecciones. La Gobernaci¨®n de Le¨®n contrat¨® directamente al donante, Jorge Eli¨¦cer Forero Gait¨¢n, para el suministro de alimentos a poblaci¨®n vulnerable por m¨¢s de 1.714 millones de pesos (428.000 d¨®lares).

En Colombia, uno de cada cuatro financiadores de campa?as de autoridades territoriales obtiene contratos estatales, una vez los aspirantes que han respaldado consiguen llegar al poder. As¨ª se desprende del segundo informe de elecciones y contratos que acaba de publicar la corporaci¨®n Transparencia por Colombia, una oeneg¨¦ que promueve la lucha contra la corrupci¨®n desde hace m¨¢s de 25 a?os.

La celebraci¨®n de contratos con personas naturales o jur¨ªdicas que financian campa?as no es irregular en s¨ª misma, siempre y cuando no hayan realizado aportes mayores al 2% del tope establecido para el cargo. En el caso de las presidenciales, no puede haber aportes de personas jur¨ªdicas. No obstante, Transparencia sostiene que comprender la relaci¨®n entre los financiadores de las campa?as y los elegidos es esencial para garantizar un manejo responsable del dinero p¨²blico.

Seg¨²n el reporte, que analiza el cruce de informaci¨®n del aplicativo del Consejo Nacional Electoral ¡®Cuentas Claras¡¯ y de la plataforma estatal de contrataci¨®n p¨²blica SECOP, 2.518 financiadores de campa?as de autoridades regionales elegidas en 2019 celebraron 19.026 contratos por valores que ascienden a 5,3 billones de pesos (1.300 millones de d¨®lares), un monto similar al que destin¨® el Instituto Nacional de V¨ªas (Inv¨ªas) al mejoramiento de la infraestructura vial del pa¨ªs en el ¨²ltimo a?o.

Sandra Mart¨ªnez, directora de programas en Transparencia por Colombia, explica que la mayor¨ªa de estos contratos se asignaron sin un proceso de selecci¨®n abierta que considerara principios de objetividad y transparencia, pese a tener costos significativos. ¡°Son modalidades simplificadas en las que hay una alta incidencia de un car¨¢cter m¨¢s discrecional o directo de quien toma la decisi¨®n. El 85% de estos contratos se realiz¨® particularmente por contrataci¨®n directa (39%), r¨¦gimen especial (32%) y selecci¨®n abreviada (14%), en lugar de procesos asociados a concursos o licitaciones,¡±, explica la investigadora.

Algunos de los financiadores adquieren m¨¢s de un contrato, aunque no necesariamente con la misma entidad a la que llega el candidato que han apoyado. Puede ser con entidades adscritas del mismo nivel departamental o municipal, o con otras instituciones del Estado. Las Gobernaciones fueron las que m¨¢s contrataron a financiadores de campa?as enganchando al 30,2% de ellos, mientras que las Alcald¨ªas contrataron con un 23,8% de los aportantes. Esta pr¨¢ctica se repite en asambleas departamentales, concejos municipales y Juntas de Acci¨®n Comunal. Las Alcald¨ªas fueron las que m¨¢s contratos firmaron con un total de 8.815 adjudicaciones, que ascendieron a 2,4 billones de pesos (6.000 millones de d¨®lares), casi la mitad del total.

En el orden nacional, algo similar sucede con los financiadores de candidatos al Senado de la Rep¨²blica, donde se concentran los contratos de mayor valor, as¨ª como los aportes por valores m¨¢s altos, en comparaci¨®n con los financiadores de campa?as a la C¨¢mara de Representantes o a la Presidencia de la Rep¨²blica.

La senadora Ang¨¦lica Lozano, del Partido Verde, asegura que en un pa¨ªs desigual y de desarrollo intermedio como Colombia es necesaria la financiaci¨®n mixta de campa?as, como pasa en la actualidad, con dinero p¨²blico en la reposici¨®n de votos y aportes privados. Sin embargo, reconoce que es necesario fortalecer requisitos de transparencia. ¡°Debemos regular con realismo y cerrando camino a rendijas. Creo que ayudar¨ªa, por ejemplo, que los financiadores de campa?as solo puedan participar en mecanismos competitivos y reglados como los de Colombia Compra Eficiente o subastas inversas, no en contrataci¨®n directa¡±, propone.

Cuando los aportes superan el 2% del tope, los aportantes quedan inhabilitados para celebrar contratos p¨²blicos con todas las entidades del mismo nivel de gobierno en el que se realiza la contribuci¨®n. Esa inhabilidad cobija a los parientes cercanos del financiador, as¨ª como a las empresas jur¨ªdicas en las que participa.

El caso de Vichada, por ejemplo, donde el financiador contratado hab¨ªa realizado donaciones por el 3,62% del tope de la campa?a a la Gobernaci¨®n, termin¨® con la destituci¨®n de Ley de su cargo como gobernador, y una inhabilidad de ocho a?os para ejercer cargos p¨²blicos por orden de la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n.

El organismo calific¨® la falta como grav¨ªsima al explicar que ¡°el gobernador vulner¨® el principio de igualdad, pues adem¨¢s de contratar de manera directa el suministro de los alimentos con alguien inhabilitado, afect¨® los derechos de otros ciudadanos interesados en participar en el proceso en id¨¦nticas condiciones y con las mismas oportunidades¡±.

El informe de elecciones y contratos destaca casos similares en el anterior periodo de alcaldes y gobernadores. Entre ellos, el del exalcalde del municipio de Cantagallo (Bol¨ªvar), Henio Ricardo Sarmiento, quien celebr¨® contratos por 1.300 millones de pesos (325.000 d¨®lares) con un financiador que aport¨® 20 millones de pesos (5.000 d¨®lares), el 17% del tope de su campa?a; el de la Gobernaci¨®n del Atl¨¢ntico que suscribi¨® contratos con la firma Tasset S.A.S. que otorg¨® un cr¨¦dito por el 6,23% del tope; o el de la Gobernaci¨®n del Tolima y entidades adscritas a ella, que firmaron cuantiosos contratos con la empresa Le¨®n Gr¨¢ficas S.A.S., que realiz¨® tambi¨¦n un cr¨¦dito por el 2,82% del tope.

Con los alcaldes y alcaldesas de m¨¢s de 1.100 municipios, as¨ª como gobernadores y gobernadoras de 32 departamentos, elegidos el pasado mes de octubre y reci¨¦n posesionados, Mart¨ªnez alerta sobre la urgencia de cumplir la ley. ¡°Hacemos un llamado para evitar la incidencia de intereses particulares en la gesti¨®n de los recursos o la contrataci¨®n p¨²blica. Esto tiene que ver con que las contrataciones no sean un favorecimiento por financiaci¨®n de campa?as. Los criterios de equidad y transparencia deben primar¡±, subraya la experta.

Colombia enfrenta serios problemas de corrupci¨®n. El pa¨ªs se ubica en el puesto 91 entre 180 naciones evaluadas en el ?ndice de Percepci¨®n de Corrupci¨®n (IPC) 2022 que publica Transparencia Internacional. Descendi¨® cuatro lugares en comparaci¨®n con el ranking mundial de 2021 y con 39 puntos sobre 100, est¨¢ por debajo del promedio de 43 puntos entre los pa¨ªses de las Am¨¦ricas. Seg¨²n la Secretar¨ªa de Transparencia de la Presidencia, la impunidad en los delitos asociados contra la administraci¨®n p¨²blica es de un 94% por investigaciones que no avanzan oportunamente.

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