Las alianzas p¨²blico populares de Petro empiezan a caminar en 1.035 v¨ªas veredales

El Gobierno del presidente Gustavo Petro inici¨® el salto en el modelo de contrataci¨®n p¨²blica para dar fuerza a las organizaciones populares. Convencido de que los dineros del Estado han profundizado la desigualdad en Colombia al concentrarse en empresas con m¨²sculo econ¨®mico, el mandatario ha abierto el camino a la contrataci¨®n directa con agrupaciones comunitarias para la ejecuci¨®n de obras o compra de bienes hasta por 6.000 salarios m¨ªnimos legales mensuales vigentes, es decir, unos 7.800 millones de pesos (cerca de dos millones de d¨®lares). Ya van 1.035 convenios firmados para adecuar v¨ªas veredales, en la cuota inicial de una puesta m¨¢s grande.

Las intervenciones no se limitan a esas carreteras, las m¨¢s peque?as y locales. Van desde la construcci¨®n de vivienda rural o de proyectos de acceso a energ¨ªa o internet, hasta el suministro de comida para el Programa de Alimentaci¨®n Escolar (PAE) en escuelas o colegios p¨²blicos, entre otras inversiones que resuelvan algunas de las muchas necesidades existentes en los territorios.

¡°El mismo dinero p¨²blico concentra la econom¨ªa nacional beneficiando a muy pocos, cuando el Estado puede ser un democratizador si contrata con los peque?os¡±, sentenci¨® el jefe de Estado en un encuentro con tenderos en Valledupar (Cesar), en abril. Ocho meses despu¨¦s, y tras la aprobaci¨®n del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en mayo, su apuesta ha cogido impulso. ¡°Es uno de los corazones del cambio¡±, enfatiza David Racero, representante a la C¨¢mara del gobiernista del Pacto Hist¨®rico.

El PND incluy¨® las asociaciones p¨²blico populares como mecanismo para que las entidades p¨²blicas contraten a juntas de acci¨®n comunal, comunidades ¨¦tnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y v¨ªctimas, por medio de selecci¨®n abreviada, una modalidad que contempla la ley para procesos de menor cuant¨ªa.

Esta figura ya se traduce en alianzas como las que ha pactado el Instituto Nacional de V¨ªas (Inv¨ªas) con organizaciones comunitarias para el mejoramiento de rutas terciarias o rurales en 700 de los m¨¢s de 1.100 municipios del pa¨ªs, y en 30 de los 32 departamentos.

Luis Fernando Sep¨²lveda, gerente del programa Caminos Comunitarios de esa entidad, resalta los 1.035 convenios solidarios firmados este a?o. ¡°Es la primera vez que se hacen convenios con organizaciones de acci¨®n comunal para infraestructura. Son comunidades que conocen la soluci¨®n que necesitan para poder sacar sus cultivos y mejorar el transporte¡±, precisa el funcionario.

En cada proyecto, las comunidades hacen un aporte de un mill¨®n de pesos (250 d¨®lares) en herramientas como picas, palas o azadones y asumen como ejecutoras de las obras. Es una estrategia que le pega directamente al coraz¨®n de las comunidades en zonas apartadas, pues 7 de cada 10 kil¨®metros de v¨ªas en el pa¨ªs son terciarias y solo el 10% se encuentra en buen estado.

Aunque el mecanismo se est¨¢ estrenando con una pol¨ªtica fuerte a nivel nacional, es usual que sean las propias comunidades las que realicen trabajos de este tipo con recursos propios, muchas veces ante la ausencia del Estado, o con el apoyo de entidades territoriales. Por ejemplo, en la vereda La Escuela, del municipio de Tibacuy (Cundinamarca), ubicado a tres horas en carro al sur de Bogot¨¢, la comunidad mejor¨® una v¨ªa de acceso por donde antes era imposible transitar. La Gobernaci¨®n de Cundinamarca aport¨® recursos para el pago de obreros, alquiler de maquinaria y compra de materiales, mientras los pobladores hicieron rifas para obtener dinero adicional y aportaron mano de obra.

Ricardo Urrego, presidente de la Junta de Acci¨®n Comunal de la vereda, dice que ahora transitan m¨¢s tranquilos. ¡°Son obras que realmente necesitamos porque hay gente de la tercera edad que sufre mucho por el barro, o que se tropieza con las piedras. Adem¨¢s, facilita el acceso de los veh¨ªculos para sacar lo que sembramos¡±, dice el l¨ªder de la zona que produce caf¨¦, frutas y aguacate.

El subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeaci¨®n (DNP), Juan Miguel Gallego, explica que este mecanismo permite ampliar las conocidas alianzas p¨²blico privadas, donde una empresa con solidez pone el capital para construir v¨ªas m¨¢s amplias como las departamentales y se recupera la inversi¨®n con el cobro concesionado de peajes. ¡°Es como llevar un concepto de concesi¨®n, pero no por peaje sino para resolver una necesidad de inversi¨®n del Estado de manera conjunta con unas comunidades, reconociendo que hay un tejido social y econ¨®mico en territorios que necesita confianza y que hay que fortalecer¡±, se?ala.

Para ampliar las asociaciones p¨²blico populares a otros sectores del Estado, el DNP trabaja en la reglamentaci¨®n que fijar¨¢ condiciones m¨¢s claras. Seg¨²n el Plan Nacional de Desarrollo, el aporte que realice la entidad p¨²blica en cada proyecto no podr¨¢ ser superior al 50% del valor de la inversi¨®n.

Sandra Mart¨ªnez, directora de programas de Transparencia por Colombia, destaca los avances hacia una democratizaci¨®n de la contrataci¨®n que ayude resolver necesidades, siempre y cuando se aseguren principios de idoneidad y transparencia.

¡°El principio de transparencia debe primar en toda la contrataci¨®n que se haga en el pa¨ªs. Estamos hablando de organizaciones que requieren m¨¢s herramientas y esto debe venir acompa?ado de fortalecimiento de capacidades organizativas a nivel local. Se deben tener claros los criterios para elegirlas, y evitar que haya terceros que las instrumentalicen o se hagan pasar por estas organizaciones¡±, apunta Mart¨ªnez. Seg¨²n datos de Transparencia por Colombia, la contrataci¨®n p¨²blica, especialmente la contrataci¨®n directa, concentr¨® el 22% de los actos de corrupci¨®n entre los a?os 2016 y 2022.

Sep¨²lveda, el gerente de Caminos Comunitarios, reconoce que la formaci¨®n de las comunidades es uno de los mayores desaf¨ªos. ¡°Sin las capacitaciones ser¨ªa imposible ejecutarlo porque las Juntas de Acci¨®n Comunal no conocen toda la normativa, ni todo lo que deben hacer para poder ejecutar un proyecto¡±, dice. La falta de acceso a internet o a computadores para realizar procesos engorrosos como subir documentos a plataformas del Gobierno supone otro reto may¨²sculo.

El Inv¨ªas est¨¢ impartiendo inducciones en ¨¢reas administrativa, financiera y contable, t¨¦cnica y social en las organizaciones. El Programa de Alimentaci¨®n Escolar (PAE) tambi¨¦n est¨¢ capacitando a comunidades para que m¨¢s agrupaciones populares puedan sumarse a la prestaci¨®n de ese servicio, como ya ocurre en regiones como La Guajira. La experiencia m¨¢s visible, hasta ahora, ha sido la de las ollas comunitarias que se activaron en la emergencia invernal de finales de 2022.

Otro riesgo son las presiones econ¨®micas por parte de grupos armados ilegales. En Cartagena del Chair¨¢, un municipio de Caquet¨¢ donde hasta el alcalde saliente recibe amenazas, las disidencias de las FARC exigen la carnetizaci¨®n de los habitantes como integrantes de juntas de acci¨®n comunal para ejercer control sobre el pago de extorsiones.

El representante Racero opina que la econom¨ªa popular puede hacerles frente a las econom¨ªas il¨ªcitas. ¡°Justamente parte de esa presi¨®n en las comunidades es porque imperan las econom¨ªas ilegales y tampoco hay presencia del Estado. La apuesta es llevar capital legal y abrir oportunidades diferentes¡±, afirma el congresista.

Gallego, el subdirector del DNP, coincide en que las asociaciones p¨²blico populares aportan en la construcci¨®n de paz en las regiones. ¡°Necesitamos avanzar en actividades productivas que transformen la econom¨ªa il¨ªcita por una l¨ªcita. Ah¨ª necesitamos asociatividad y trabajo comunitario, eso es la econom¨ªa popular hacia las actividades productivas¡±, subraya.

Las alianzas p¨²blico populares que empiezan a coger vuelo pueden representar un nuevo aire para el presidente Gustavo Petro, quien registra las peores cifras de aprobaci¨®n en el a?o y medio que lleva en el poder. Adem¨¢s de generar nuevas obras e ingresos, empoderan a las comunidades y, de paso, fortalecen su relaci¨®n con las bases donde forj¨® el capital pol¨ªtico que impuls¨® su elecci¨®n como el primer mandatario de izquierda en la historia contempor¨¢nea de Colombia.

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