El ¨²ltimo dardo contra el acuerdo de paz con las FARC tiene forma de Constituyente

El acuerdo de paz con las extintas FARC, firmado en 2016 y que permiti¨® la desmovilizaci¨®n de m¨¢s de 13.000 combatientes, no para de recibir dardos. El ¨²ltimo, es el planteamiento del Gobierno de que su implementaci¨®n es inviable si no viene de la mano con una Constituyente. La idea de una Constituyente, propuesta por las FARC durante las negociaciones y rechazada por el Gobierno, fue un punto de desencuentro que el proceso de paz super¨® en su momento. Al final, se acord¨® que no era necesario cambiar la Constituci¨®n, sino impulsar la que ten¨ªamos. Y tenemos

Para las FARC, no incluir una Constituyente no fue un impedimento para firmar un acuerdo de 320 p¨¢ginas que pone a las v¨ªctimas en el centro. Sus seis puntos robustos incluyen transformaciones profundas, un proceso de desmovilizaci¨®n y desarme, y por primera vez, un compromiso con la justicia en el que decidieron ¡°no intercambiar impunidades¡±. Un acuerdo que abordaba todos estos temas no como cap¨ªtulos aislados sino con una visi¨®n de integralidad. Aunque en el texto qued¨® la idea de un Acuerdo Pol¨ªtico Nacional, su objetivo no era cambiar la Constituci¨®n sino sumar fuerzas para impulsar la implementaci¨®n del acuerdo.

El Gobierno del presidente Petro, que ha venido hablando de una Constituyente en otros espacios, decidi¨® recientemente presentarla como una parte indispensable del acuerdo de paz, imprescindible para su implementaci¨®n. ¡°Esto es un documento del pueblo, de la naci¨®n colombiana. Es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va m¨¢s all¨¢ de la Constituci¨®n. Yo puedo a trav¨¦s de las altas partes contratantes citar a una Asamblea Nacional Constituyente¡±, dijo el presidente el pasado 23 de mayo.

La campa?a del no en el plebiscito del acuerdo de paz leg¨ªtimamente cuestion¨® que integrantes de una guerrilla que cometieron cr¨ªmenes muy graves luego participaran en pol¨ªtica o terminaran cumpliendo sanciones que no los mandaran a la c¨¢rcel. Estos y otros puntos se plantearon en la renegociaci¨®n y enriquecieron el acuerdo. Pero esa campa?a tambi¨¦n lanz¨® dardos sembrando miedos infundados: que los excombatientes ser¨ªan tratados mejor que las v¨ªctimas o la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable, que el acuerdo obligar¨ªa a transformar la educaci¨®n en materia de g¨¦nero, o que las FARC crear¨ªan su propia justicia de impunidad.

Luego vinieron los dardos del presidente uribista Iv¨¢n Duque. Con un mandato de oposici¨®n y habiendo hecho parte de la campa?a del no, fren¨® temporalmente el inicio del tribunal de justicia transicional, intentando herir algunos de sus elementos esenciales. Estos dardos fueron interpretados como el ataque de un sector que quer¨ªa ¡°hacer trizas¡± el acuerdo. Pero no evitaron su puesta en marcha y tampoco le quitaron al presidente el deber de implementarlo, y lo puso en manos de un alto consejero con una oficina t¨¦cnica.

El contexto actual es complicado. La transformaci¨®n del conflicto armado, la multiplicidad de grupos violentos, la ausencia de voluntad pol¨ªtica en algunos casos, la dificultad para que la justicia transicional produzca sentencias y cierre casos, y la compleja estructura y gesti¨®n institucional han significado trabas inmensas para la implementaci¨®n. Mientras sortea todos estos obst¨¢culos, el acuerdo de paz recibe su dardo m¨¢s reciente, colgarle una Constituyente.

Cada presidente busca dejar un legado en materia de paz y seguridad. El acuerdo le impone la tarea de cumplir con una pol¨ªtica de Estado, que no fue su iniciativa y probablemente no habr¨ªa sido su elecci¨®n, y cuya puesta en marcha requiere mucho trabajo, alta gesti¨®n y una enorme voluntad pol¨ªtica.

En respuesta a este desaf¨ªo, la narrativa del Gobierno del presidente Petro se ha concentrado en subrayar la inviabilidad de cumplir el acuerdo, ¡°el incumplimiento del Estado¡±. Para ello propone como soluci¨®n que sean la comunidad internacional, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, y el pueblo, a partir de una Constituyente, las que se lo exijan al Estado. Regresa la propuesta superada en la negociaci¨®n de La Habana, intentando que cobre m¨¢s relevancia de la que tuvo en esa ocasi¨®n, utilizando la naturaleza internacional del acuerdo.

El problema, m¨¢s all¨¢ de tantos otros que pudieran debatirse, es que por darle vuelo a un proyecto pol¨ªtico, el Gobierno le lanza un dardo profundo al acuerdo de paz. Su cumplimiento deja de ser responsabilidad del Estado y del Gobierno, y entra a depender de la suerte que corra la propuesta de una Constituyente.

El Gobierno puede continuar por otra v¨ªa con su proyecto de convocar una Asamblea Constituyente. Para ello existen canales y procesos impulsados por la ciudadan¨ªa desde la Constituci¨®n y una tarea pol¨ªtica que hacer con los distintos sectores. Tambi¨¦n puede, como lo indica el acuerdo, ¡°convocar a todas las fuerzas vivas del pa¨ªs a concertar un gran Acuerdo Pol¨ªtico Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia pol¨ªtica y social¡±, pero eso no requiere una constituyente. Constituyente y Acuerdo Pol¨ªtico no son lo mismo, y es clave que el Gobierno no confunda una cosa con la otra.

Los firmantes del acuerdo han alzado la voz se?alando dificultades sobre la manera en la que funciona el sistema de justicia transicional. La gente en los territorios m¨¢s afectados por la violencia reclama que se den las transformaciones que son necesarias para superar su abandono hist¨®rico. Son esos los nudos que el acuerdo necesita que se desenreden. Es all¨ª donde el Gobierno puede enfocar su voluntad pol¨ªtica y donde la comunidad internacional realmente tiene un mandato para apoyar. La propuesta de la Constituyente distrae de esas tareas urgentes y enreda, todav¨ªa m¨¢s, la implementaci¨®n del acuerdo.

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