La justicia penal militar intenta quedarse con la investigaci¨®n por el esc¨¢ndalo del pol¨ªgrafo

Este lunes, 20 peritos de la Fiscal¨ªa Penal Militar llegaron a las oficinas de la Presidencia con una orden judicial en mano. A las 8:30 am, cuando iniciaba la jornada laboral en el centro del poder de Colombia, el equipo de seguridad de la Casa de Nari?o fue informado de la sorpresiva visita. Se trataba de una inspecci¨®n las oficinas para recopilar pruebas en el marco de las pesquisas que adelanta la jurisdicci¨®n que estudia los delitos propios de militares y polic¨ªas en un caso por supuestas interceptaciones ilegales en el que est¨¢ involucrada la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia. Una inspecci¨®n sin antecedentes, que marca el deseo de la justicia militar de avanzar en un caso de alto nivel pol¨ªtico y que todav¨ªa no est¨¢ enteramente en sus manos.

El esc¨¢ndalo estall¨® en mayo de 2023, cuando Marelbys Meza, ni?era de la familia de Sarabia, denunci¨® que hab¨ªa sido sometida bajo presi¨®n a una prueba de pol¨ªgrafo en una oficia de la Presidencia, luego de que se perdiera un malet¨ªn con dinero en efectivo en casa de la n¨²mero dos del presidente Gustavo Petro. La Fiscal¨ªa revel¨® entonces que, adem¨¢s, la Polic¨ªa hab¨ªa interceptado ilegalmente los tel¨¦fonos de Meza y Fabiola Ochoa, otra trabajadora dom¨¦stica de la casa de Sarabia. Su hip¨®tesis era que el capit¨¢n Carlos Correa y el patrullero John Freddy Morales hab¨ªan enga?ado a un fiscal para obtener una orden de interceptaci¨®n contra ellas, haci¨¦ndolas pasar como integrantes del Clan del Golfo. El esc¨¢ndalo fue tal que Petro pidi¨® la renuncia a su mano derecha pocas semanas despu¨¦s. La tensi¨®n parec¨ªa llegar al m¨¢ximo poco despu¨¦s, cuando el ex jefe de seguridad de la Presidencia busc¨® colaborar con la investigaci¨®n. Antes de hacerlo, se suicid¨®.

El mismo Petro confirm¨® la noticia a trav¨¦s de su cuenta de X. ¡°El teniente coronel de la Polic¨ªa ?scar D¨¢vila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la Rep¨²blica, ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mand¨® a su conductor por una botella de agua, este dejo su pistola en el asiento y cuando regres¨® delante de ¨¦l se suicid¨® con un disparo en la sien con la pistola que hab¨ªa dejado¡±, escribi¨®. Aunque Sarabia regres¨® al coraz¨®n del poder, y el tiempo parece dejar atr¨¢s la serie de noticias que en su d¨ªa concentraron la atenci¨®n del pa¨ªs, la justicia sigue andando. El proceso se lo disputan la justicia ordinaria, la que investiga y procesa los delitos ordinarios de cualquier persona, sea militar o no, y la penal militar, con su historial de menores sanciones a los uniformados y dif¨ªcil colaboraci¨®n con la ordinaria.

Por eso, y por la falta de antecedentes, la presencia de los investigadores militares y policiales en los pasillos del Palacio no es menor. No es usual que ninguna justicia se tome oficinas de la sede del el Ejecutivo por una investigaci¨®n; menos a¨²n que lo haga la penal militar. Y lo in¨¦dito crece dado que no est¨¢ definido si el caso le corresponde, una decisi¨®n que est¨¢ en manos de la Corte Constitucional. Fuentes de esa justicia le confirmaron a este diario que la toma de material probatorio en la Presidencia se prolong¨® casi hasta las 11:00 am, de este lunes, una visita de dos horas y media que marca la intenci¨®n de mostrar avances, justo cuando est¨¢ en juego el mantener la competencia.

En la Fiscal¨ªa general avance un proceso desde mayo de 2023, cuando el entonces fiscal Francisco Barbosa, fuerte contradictor del Gobierno, le dijo al pa¨ªs que hab¨ªan vuelto las ¡°chuzadas¡± a Colombia. En cabeza de un juez penal de Bogot¨¢, el proceso ha avanzado hasta la imputaci¨®n de varios delitos. En noviembre de 2023, los coroneles Carlos Alberto Feria, quien fue jefe de la oficina de protecci¨®n presidencial, y Elkin Augusto G¨®mez lo fueron por abuso de funci¨®n p¨²blica, constre?imiento ilegal y peculado por uso, y el intendente John Alex¨¢nder Sacrist¨¢n por acceso abusivo a un sistema inform¨¢tico. El cuarto polic¨ªa investigado, el mayor Duv¨¢n Mu?oz, logr¨® postergar su imputaci¨®n por constre?imiento ilegal. En abril, cuando finalmente se dio la audiencia, su defensor aleg¨® que debe ser juzgado por la justicia penal militar.

Y es que, de manera paralela, esa justicia ha avanzado en un expediente propio. Fuentes de la Justicia Militar le dijeron a EL PA?S que, mientras la Corte Constitucional define, seguir¨¢n indagando. Ya tienen listas unas ¨®rdenes de entrevistas para que otros funcionarios de Presidencia comparezcan, en una muestra m¨¢s de su intenci¨®n de mantener el control del caso, o por lo menos de partes de ¨¦l.

Conformada por una entidad especial que depende del Ministerio de Defensa y no de la Rama Judicial, llamada Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, sus magistrados no solo deben ser abogados, sino tambi¨¦n oficiales de la Fuerza P¨²blica. Con sedes en instalaciones militares o policiales, el presidente Gusatvo Petro ha sido un gran cr¨ªtico de la jurisdicci¨®n. En pleno estallido social, se?alaba que no era una herramienta para hacer justicia frente a los abusos de los polic¨ªas: ¡°Despu¨¦s de la masacre desatada por el gobierno, esto: si los responsables de los homicidios gubernamentales van a la justicia penal militar, entonces van a la impunidad. Lo que quiere el gobierno es tener una fuerza para matar con impunidad¡±, escribi¨® en su cuenta de X en septiembre de 201210, cuando esa justicia recibi¨® la competencia para investigar la muerte de Javier Ord¨®?ez en manos de polic¨ªas.

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