El ministro Ricardo Bonilla y los directores Gonz¨¢lez y Manrique: la Fiscal¨ªa se?ala a altos funcionarios de confianza de Petro en el caso de la UNGRD

Despu¨¦s de cinco meses desde que se conocieran las primeras denuncias de sobrecostos y desv¨ªos de millonarios recursos en contratos p¨²blicos de la Unidad Nacional para la Gesti¨®n del Riesgo de Desastres (UNGRD), este jueves la Fiscal¨ªa le imput¨® cargos a su exdirector Olmedo de Jes¨²s L¨®pez, el antiguo subdirector Sneyder Augusto Pinilla y al contratista Luis Eduardo L¨®pez. Deber¨¢n responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiaci¨®n, inter¨¦s indebido en la celebraci¨®n de contratos, falsedad ideol¨®gica en documento p¨²blico y falsedad en documento privado. Aunque los dos primeros han aceptado informalmente su responsabilidad, ninguno reconoci¨® formalmente haber cometido esos delitos, pues han iniciado negociaciones con la Fiscal¨ªa para colaborar con la investigaci¨®n a cambio de reducir su condena al m¨ªnimo.

En la diligencia adelantada ante un juez penal, la fiscal del caso hizo un recuento de los hechos de corrupci¨®n. Seg¨²n la investigaci¨®n, los funcionarios direccionaron la entrega de por lo menos 21 contratos p¨²blicos, con dineros destinados a solventar las necesidades b¨¢sicas de las poblaciones m¨¢s vulnerables del pa¨ªs, por un valor superior a los 228.844 millones de pesos (56.575 millones de d¨®lares). Con ello, dej¨® claro que la corrupci¨®n en la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira, al extremo norte de Colombia y en frontera con Venezuela, fue apenas el primer cap¨ªtulo de una serie de irregularidades que, seg¨²n ha explicado la fiscal, tuvieron como fin la entrega de coimas a pol¨ªticos y funcionarios p¨²blicos.

Sin embargo, en una exposici¨®n que dur¨® poco m¨¢s de dos horas, la fiscal ratific¨® su tesis de que parte del dinero robado al Estado termin¨® entregado en efectivo a los presidentes del Congreso para esa ¨¦poca: Iv¨¢n Name, del Senado, habr¨ªa recibido 3.000 millones de pesos, y Andr¨¦s Calle, de la C¨¢mara de Representantes, 1.000 millones. Seg¨²n los resultados parciales de la investigaci¨®n, la encargada de entregar el dinero fue Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones y quien sali¨® de su cargo en mayo pasado, luego de ser una de las primeras salpicadas en el esc¨¢ndalo.

Aunque el ente investigador no detall¨® todas las responsabilidades de los mencionados en el caso de corrupci¨®n m¨¢s grave del Gobierno Petro, reiter¨® que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su asesora Mar¨ªa Alejandra Benavides, y Sneyder Pinilla participaron en el direccionamiento de contratos para beneficiar a cinco congresistas de la Comisi¨®n Tercera, que debate y define los asuntos econ¨®micos del pa¨ªs. Y dijo que los beneficiados fueron Wadith Manzur (representante a la C¨¢mara de C¨®rdoba por el Partido Conservador), Karen Manrique (representante por la curul de paz de Arauca), Juli¨¢n Peinado (representante de Antioquia por el Partido Liberal), Juan Diego Mu?oz (representante el Meta por la Alianza Verde), Liliana Bitar (senadora de C¨®rdoba por el Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (senador liberal de Risaralda).

Sobre la operaci¨®n de la Unidad, la fiscal explic¨® que el empresario imputado, Luis Eduardo L¨®pez, era el aliado clave de sus directivos para recibir las adjudicaciones de los contratos a trav¨¦s de 30 empresas que, de acuerdo con la fiscal, ¨¦l manejaba directa o indirectamente. ¡°Simulaban la escogencia aleatoria de las empresas con base en la cotizaciones que recib¨ªan, cuyos propietarios (aliados de Luis Eduardo L¨®pez) eran previamente alertados sobre los requerimientos que hab¨ªa en cada contrato, incluyendo el porcentaje de la coima a pagar¡±. De acuerdo con su exposici¨®n, esa organizaci¨®n milim¨¦trica sobre los roles que ten¨ªa cada uno para simular contrataciones limpias, ¡°le permitieron a la organizaci¨®n criminal asegurar que esas empresas, del contratista previamente elegido, controlara el precio de los contratos¡±.

Los petristas en el ojo de la Fiscal¨ªa

Para la fiscal Andrea Mu?oz Arango, la persona que dio la orden de direccionar los contratos y desviar los recursos p¨²blicos para beneficiar a congresistas de varios partidos pol¨ªticos fue Carlos Ram¨®n Gonz¨¢lez, actual director del Departamento Nacional de Inteligencia y quien ocup¨® el cargo de director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), un cargo e primer orden para cualquier mandatario. Aunque Olmedo L¨®pez hab¨ªa mencionado a Gonz¨¢lez en sus primeras declaraciones, es la primera vez que la Fiscal¨ªa lo se?ala como parte del entramado de corrupci¨®n.

L¨®pez ha indicado que el esquema se gest¨®, en una reuni¨®n a la que llam¨® ¡®c¨®nclave¡¯, a la que habr¨ªan asistido altos funcionarios. Seg¨²n el confeso corrupto, en esa reuni¨®n recibi¨® la orden de usar el dinero para entregar los contratos a empresarios que pagar¨ªan coimas destinadas a los presidentes del Congreso. As¨ª, seg¨²n el imputado pol¨ªtico de izquierdas, el Gobierno podr¨ªa asegurar el paso de sus reformas sociales en el Legislativo.

Horas despu¨¦s de la audiencia, Gonz¨¢lez defendi¨® su inocencia en un comunicado p¨²blico. ¡°Mi inocencia es irrefutable. Jam¨¢s he ordenado a alguien cometer delito alguno¡±, se lee. El director de Inteligencia ha sido uno de los pol¨ªticos m¨¢s cercanos al presidente desde hace d¨¦cadas. Conocidos desde que militaron en la extinta guerrilla del M-19 y tuvieron posiciones de mando en el departamento de Santander, ha sido un poder a la sombra en el partido Verde, que dirigi¨® a una fusi¨®n con el petrismo agrupado en el movimiento Progresistas, en 2013. Una d¨¦cada m¨¢s tarde, Petro lo llev¨® a dirigir el Dapre y a ser quien uno de los puentes entre los congresistas y el Ejecutivo, el encargado de recibir a los magistrados y de hablar al o¨ªdo al presidente. Sus dos despacho colindaban.

En la audiencia, la Fiscal¨ªa sorprendi¨® al se?alar tambi¨¦n a C¨¦sar Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Funci¨®n P¨²blica, la dependencia encargada de gestionar el sistema de empleo p¨²blico. La fiscal lo se?al¨® de ser el jefe pol¨ªtico de Luis Carlos Barreto, antiguo director de Conocimiento de la UNGRD, y de haber definido con este el cobro de una coima del 7 % por otros contratos. Se trataba del destino de 100.000 millones de pesos que estaban originalmente destinados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pero pasar¨ªan a manos de la Unidad. Ese porcentaje, seg¨²n la Fiscal¨ªa, buscaba en parte cubrir los pagos a otros congresistas.

Tras la audiencia, Felipe Harman, actual director de la ANT, defendi¨® a la entidad. ¡°No ha salido un solo peso de la Agencia para la Unidad de Gesti¨®n del Riesgo. Existi¨® un convenio entre ambas entidades que en su momento tuvo dificultades, pero jam¨¢s se materializ¨® en obligaciones fiscales y est¨¢ en tr¨¢mite de liquidaci¨®n¡±, explic¨® a trav¨¦s de un video. En otras palabras, los 100.000 millones nunca se convirtieron en contratos en la UNGRD. Sin embargo, la Fiscal¨ªa detall¨® que Manrique y Barreto ¡°se interesaron de forma indebida en siete contratos¡±, todos en el departamento de La Guajira y relacionados con plantas desalinizadoras, mantenimiento de equipos y carrotanques, que suman m¨¢s de 145.000 millones de pesos.

Manrique tambi¨¦n fue miembro del M-19 y es una persona de confianza del presidente, quien como alcalde de Bogot¨¢ design¨® en el cargo local equivalente al de Funci¨®n P¨²blica y en la direcci¨®n del Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad dedicada a fondear el gasto de la capital en asuntos de seguridad. Supuestas irregularidades en la compra de 100 motocicletas el¨¦ctricas por el Fondo tienen a Manrique todav¨ªa en un proceso penal ante la Corte Suprema. En su cargo actual, la Procuradur¨ªa lo sancion¨® en primera instancia por irregularidades en el nombramiento del embajador de Colombia en M¨¦xico, Andr¨¦s Mois¨¦s Ninco. El presidente le ha encomendado la tarea de acabar con los contratos de prestaci¨®n de servicios en el Estado y formalizar la n¨®mina p¨²blica, una de sus promesas de campa?a que ha buscado anclar al discurso de su reforma laboral.

Un tercer hombre cercano al presidente y mencionado en el esc¨¢ndalo es Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Olmedo L¨®pez ha dicho a la Fiscal¨ªa que Bonilla, a trav¨¦s de su asesora Mar¨ªa Alejandra Benavides, logr¨® adicionar recursos para la UNGRD en el Presupuesto General de 2023. Adem¨¢s, en chats filtrados a la prensa, se conocieron conversaciones entre Benavides y el exsubdirector Sneyder Pinilla en las que se refieren a contratos en tres departamentos del pa¨ªs.

Como Manrique, Bonilla fue funcionario de Petro en Bogot¨¢, como secretario de Hacienda durante casi todo el cuatrienio. Integr¨® el comit¨¦ econ¨®mico de las campa?as presidenciales de Petro en 2018 y 2022, y fuentes cercanas al mandatario lo catalogan como uno de los pocos -junto a Gonz¨¢lez- a los que el mandatario escucha. Sin embargo, su aterrizaje en el Gobierno solo se dio en abril de 2023, cuando en uno de los primeros remezones ministeriales reemplaz¨® a Jos¨¦ Antonio Ocampo.

Cuando se revelaron inicialmente las declaraciones de L¨®pez sobre Bonilla, el presidente sali¨® en su defensa en un evento p¨²blico. ¡°Es un ministro honesto, no tiene dineros, no es un hombre rico, no hace negocios para los ricos¡± dijo en Buenaventura el pasado 18 de julio. Pero este jueves, tras la audiencia de imputaci¨®n, cambi¨® el tono: ¡°No voy a defender a nadie en este proceso, aunque s¨¦ que por defender el bot¨ªn se acusar¨¢n inocentes¡±, escribi¨® en X.

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