?ngela Mar¨ªa Buitrago, ministra de Justicia: ¡°Dicen que hab¨ªa una reforma a la justicia, pero no la conozco¡±

La agenda de la ministra de Justicia, ?ngela Mar¨ªa Buitrago (Bogot¨¢, 60 a?os), parece la del presidente de la Rep¨²blica. Desde su despacho, en el centro de Bogot¨¢, atiende esta entrevista en el corto lapso de 11 minutos que le quedaron despu¨¦s de una reuni¨®n en el Congreso. Entra a uno de los salones del Ministerio con premura y minutos despu¨¦s se levanta de su silla para continuar sus compromisos del d¨ªa. La penalista, conocida en la lucha por los derechos humanos y porque como fiscal fue la encargada de sacar adelante el caso por la retoma del Palacio de Justicia de Bogot¨¢, lleg¨® al Gabinete hace poco menos de un mes, cuando Gustavo Petro la design¨® en reemplazo de su colega en la Universidad Externado de Colombia, el tambi¨¦n acad¨¦mico N¨¦stor Iv¨¢n Osuna.

Meses atr¨¢s, el mismo presidente la incluy¨® en su terna para fiscal general de la Naci¨®n, lugar para el que la Corte Suprema de Justicia prefiri¨® a Luz Adriana Camargo. Ahora, por primera vez en la historia, dos mujeres ocupan de manera simult¨¢nea los cargos m¨¢s importantes para la justicia. En di¨¢logo con EL PA?S, la ministra explica que su prioridad es lograr un marco jur¨ªdico para las mesas de di¨¢logo que adelanta el Gobierno con grupos al margen de la ley que no tienen un car¨¢cter pol¨ªtico, como el Clan del Golfo. Dice que el presidente no le encomend¨® ninguna tarea en espec¨ªfico, m¨¢s all¨¢ de ¡°cumplir con la Constituci¨®n y la ley¡±, y explica que la reforma a la justicia, la apuesta m¨¢s importante de su antecesor, no es una prioridad ahora para la Casa de Nari?o.

Pregunta. ?El presidente Petro le encomend¨® alguna misi¨®n para liderar el Ministerio de Justicia?

Respuesta. No, la ¨²nica misi¨®n es cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, la Constituci¨®n y la ley.

P. ?Y sacar adelante la reforma a la justicia? Esa era una de las apuestas del Gobierno¡­

R. No. Ese tema se trabaja de manera transversal, porque la reforma a la justicia implica tener en cuenta varios proyectos de ley. La reforma de la justicia es la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional, todo eso es justicia. Digamos que ustedes, cuando se refieren a la reforma a la justicia, siempre la miran de manera parcial. Dicen que hab¨ªa una reforma a la justicia, pues no la conozco. Hab¨ªa unos proyectos de algunos art¨ªculos que reformaban los principios de oportunidad y los preacuerdos [formas de negociaci¨®n para reducir las condenas en materia penal]. Ese lanzamiento ya se hizo.

P. Pero ?y los proyectos de la Comisi¨®n de Reforma a la Justicia? La que se consolid¨® con expertos en varias reuniones¡­

R. No hab¨ªa proyectos avalados por la comisi¨®n, salvo el del principio de oportunidad y los preacuerdos. De esa comisi¨®n salieron 446 propuestas de la sociedad civil, pero muchas de ellas ni siquiera hab¨ªan sido debatidas. Otros eran propuestas de art¨ªculos, pero no hab¨ªa nada completo. Sin embargo, nosotros tenemos algunos proyectos que ya est¨¢n completos y que se han adelantado con el Consejo Superior de la Judicatura, relacionados con la ley de justicia familiar y conciliaci¨®n. Pero si se refieren solo a lo que era la comisi¨®n de reforma, pues¡­

P. ?Qu¨¦ proyectos planea a presentar el Ministerio ante el Congreso de la Rep¨²blica?

R. El del principio de oportunidad y preacuerdo, pero tiene que pasar el tr¨¢mite por la Comisi¨®n de Reforma a la Justicia. Ahora, el hecho de que algunos proyectos est¨¦n en la Comisi¨®n no quita la facultad aut¨®noma de cada una de las instituciones de presentar sus iniciativas.

P. Adem¨¢s del que toca el principio de oportunidad, ?hay alg¨²n otro proyecto priorizado?

R. Hay varios que tienen que ver con la reglamentaci¨®n de justicia familiar, pero no son hechos cumplidos sino borradores de proyecto. S¨ª hay muchas iniciativas que ya est¨¢n caminando pero que tienen que conciliarse, acordarse, definirse, porque no todo el mundo suele estar de acuerdo en todos los art¨ªculos.

P. Cambiando de tema, usted dec¨ªa recientemente que todav¨ªa no se han levantado las ¨®rdenes de captura contra los delegados del Clan del Golfo en la mesa de negociaciones con el Gobierno.

R. Yo no puedo responder por la Fiscal¨ªa, porque ellos tendr¨¢n su decisi¨®n. Lo que dije es que no conozco que hayan levantado las ¨®rdenes de captura. Ahora, si la Fiscal¨ªa est¨¢ haciendo alg¨²n procedimiento, eso no lo s¨¦, porque t¨¦cnicamente ese es un tema que manejan el Comisionado de Paz, el Ministerio del Interior y el presidente. Pero es importante decir que quien convoc¨® la mesa y pidi¨® llegar a ella fue el mismo Clan del Golfo.

P. Sin ley de sometimiento a la justicia, ?hay bases jur¨ªdicas para dialogar con ellos?

R. Ese es un tema que se est¨¢ estudiando. En este momento es un tema prioritario, sobre todo para la cartera de Justicia.

P. El Gobierno present¨® un proyecto de ley de sometimiento al Congreso hace casi dos a?os y se hundi¨®, y no ha vuelto a radicarlo. ?Qu¨¦ pasar¨¢?

R. El proyecto se hundi¨® porque no se debati¨®, entonces la negativa del Legislativo no es de fondo. Independientemente de eso, lo que estamos haciendo es examinar, porque hay cosas particulares de los nuevos grupos que se sientan a las mesas que hay que examinar para saber d¨®nde encuadran, cu¨¢l es el camino para que puedan tener un di¨¢logo. En eso estamos, y obviamente en eso tambi¨¦n est¨¢ empe?ado el presidente de la Rep¨²blica, en el entendido de que el marco de paz obliga a que haya una desmovilizaci¨®n o un acuerdo que genere la posibilidad de que los grupos que est¨¢n ejerciendo violencia entreguen sus armas y se desmovilicen.

P. Pero ese marco debe estar antes de instalar una mesa de negociaci¨®n, ?no?

R. Digamos que hay grupos con los que las negociaciones est¨¢n reguladas, como pas¨® con las FARC y los paramilitares. Incluso, una reciente decisi¨®n de la Corte Constitucional es clar¨ªsima sobre eso, cuando resolvi¨® el conflicto de competencias entre Justicia y Paz y la JEP [las justicias transicionales nacidas en los acuerdos de paz con las extintas Autodefensas y las FARC, respectivamente] para el caso del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Lo que tenemos que son los grupos, que son amorfos. Me refiero a caracterizar d¨®nde est¨¢n, cu¨¢l es su composici¨®n. Hasta no saber eso, habr¨¢ vac¨ªos desde el punto de vista de la denominaci¨®n jur¨ªdica. Esos vac¨ªos pueden ser complementados a trav¨¦s de nuevas disposiciones.

P. Usted mencionaba ahora el tema de Salvatore Mancuso, quien en varios momentos ha planteado una ley de ¡°punto final¡± para los actores del conflicto, ?eso es viable, se est¨¢ estudiando?

R. La Ley de Justicia y Paz tiene una finalidad, un objetivo y un tiempo. Pero tenemos 10.000 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que no han tenido sentencia en Justicia y Paz, y 880 personas que fueron condenadas en 28 sentencias. Eso quiere decir que para quienes estuvieron en ese grupo, la ley de punto final est¨¢ dada por el marco legal que tiene la Ley de Justicia y Paz. La jurisdicci¨®n tiene 20 a?os, que se cumplen el a?o entrante, para trabajar. Habr¨ªa que mirar si hay una necesidad de prorrogarla, que se puede hacer, dentro de unas caracter¨ªsticas particulares.

P. Otro de los asuntos urgentes, sobre el que la Comisi¨®n lider¨® varias reuniones, es la reforma del sistema penitenciario. ?Eso se va a materializar?

R. All¨ª hay tres problemas: el hacinamiento, la salud y la alimentaci¨®n. Eso adem¨¢s de la resocializaci¨®n. Para m¨ª, la prioridad es todo, pero lo fundamental es rescatar al ser humano. Desde ese punto de vista, la infraestructura es importante. S¨ª, hay que ampliarla, pero la esencia es rescatar al ser humano, eso es lo que me interesa. Para eso no necesariamente se necesita una reforma legal, sino aplicar muchas de las normas que ya hay, y contar con la solidaridad y con opciones como la ley de utilidad p¨²blica [que permite a las mujeres cabeza de familia terminar de cumplir una pena de prisi¨®n fuera de la c¨¢rcel, con trabajos de impacto social] o la de pospenados [que crea beneficios para quienes den trabajo a personas que cumplieron su pena, para incentivar su resocializaci¨®n].

P. Hace unas semanas se conocieron las denuncias que hizo el magistrado Jorge Enrique Ib¨¢?ez, de la Corte Constitucional, de haber sido chuzado. Se trata de un fantasma que viene de otros Gobiernos, ?qu¨¦ tanto afect¨® ese hecho en el relacionamiento de su cartera con las cortes?

R. Yo creo que no afect¨®. Nosotros tenemos una relaci¨®n permanente con la Corte Constitucional y las dem¨¢s altas cortes. Los magistrados estuvieron en una reuni¨®n en la que me presentaron a m¨ª como jefe de cartera y el doctor Ib¨¢?ez fue muy cordial, con todo lo que se tiene que decir, pero muy cordial.

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