Alejandro Ramelli, presidente de la JEP: ¡°Nuestro mayor ¨¦xito es resolver hechos que nunca se hab¨ªan investigado¡±

Alejandro Ramelli (Bogot¨¢, 54 a?os) lleva dos semanas como presidente de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz y m¨¢s 20 a?os trabajando en asuntos de derechos humanos en la justicia colombiana. Con experiencia como fiscal, siendo magistrado de esa justicia transicional pactada en los Acuerdos de Paz de 2016, se ha remangado para exhumar y buscar los cad¨¢veres de v¨ªctimas de los asesinatos mal llamados falsos positivos, y de personas dadas por desaparecidas en Dabeiba, Antioquia. Como acad¨¦mico (cuenta con un doctorado de la Universidad de Salamanca), reflexiona en esta entrevista sobre los logros y pendientes de la m¨¢s conocida como JEP. Con once macrocasos andando, investigan los cr¨ªmenes m¨¢s graves durante 50 a?os de conflicto armado. ¡°No vamos a abrir m¨¢s macrocasos por falta de tiempo¡±, dice el magistrado desde su despacho en el centro de Bogot¨¢, acotando que las v¨ªctimas tienen derecho a demandar la verdad. ¡°La JEP les abri¨® una ventana que estaba cerrada. Los piden porque funciona. Somos v¨ªctimas de nuestro propio ¨¦xito¡±.

Pregunta. Muchos grupos de inter¨¦s le piden a la JEP que dicte sentencias pronto ?Cu¨¢ndo llegar¨¢n?

Respuesta. Hay que hacer dos claridades. En una justicia restaurativa como esta, el proceso es quiz¨¢ m¨¢s importante que la sentencia, a diferencia de la justicia ordinaria, en la que lo m¨¢s importante es la sentencia. Lo fundamental ac¨¢ es el tr¨¢nsito que hacen tanto las v¨ªctimas como los comparecientes para construir la verdad o proponer sanciones que sean realmente reparadoras. Eso va a quedar en un documento que se llama sentencia, pero que no es el fin ¨²ltimo.

Adem¨¢s, en esas sanciones propias, que son el coraz¨®n de una sentencia, hay una corresponsabilidad del Gobierno para dise?arlas y ejecutarlas, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos estudiando los programas que tiene el Ejecutivo en todos los sectores para ver cu¨¢les se pueden ajustar con un enfoque restaurativo. Eso lleva a que los tiempos para emitir sentencias tambi¨¦n dependa del Gobierno. El problema es que desde mayo no se re¨²ne la instancia de articulaci¨®n para eso, y hago un llamado respetuoso al Gobierno para que la convoque.

P. ?Solo falta eso?

R. No, hay otras complejidades que explican los tiempos que toma una sentencia de un macrocaso. Se ve en el de secuestro. Los comparecientes, en su derecho, han interpuesto m¨²ltiples recursos, y las v¨ªctimas han querido participar muy activamente, con cientos de observaciones que hay que responder. Y dependemos de la Fiscal¨ªa, que debe mandarnos un listado completo de los procesos que tiene por ese delito, para que la sentencia sea un cierre absoluto. Queremos evitar la inseguridad jur¨ªdica.

P. ?Es igual en los otros macrocasos?

R. Cada uno tiene sus complejidades. Por ejemplo, en secuestro revisamos conductas asociadas, como desapariciones forzadas, tratos crueles o violencia sexual. O, en los falsos positivos de Valledupar, fueron afectadas comunidades ind¨ªgenas. Hay que establecer unos di¨¢logos con ellas, darles una participaci¨®n de acuerdo con sus cosmovisiones. Adem¨¢s, para que las sentencias sean realmente restaurativas, tenemos que identificar los da?os, ver c¨®mo las v¨ªctimas se sentir¨ªan restablecidas en sus derechos, examinar c¨®mo cada compareciente puede aportar seg¨²n sus habilidades, su edad o su estado de salud, y ver cu¨¢l es la oferta institucional que hay disponible. Es buscar la cuadratura del c¨ªrculo.

P. ?Qu¨¦ aprendizajes les ha dejado el proceso por secuestro, el m¨¢s avanzado?

R. Hemos hecho proyectos restaurativos anticipados y han evidenciado la necesidad de monitorearlos para saber si los comparecientes cumplen, si los trabajos contribuyen al restablecimiento de la memoria. Es mucho lo que se puede lograr antes de la sentencia. Los miembros del antiguo secretariado de las FARC ten¨ªan unas condenas en ausencia, sin privaci¨®n de la libertad, sin mayor explicaci¨®n de lo ocurrido. Ahora tienen una resoluci¨®n de conclusiones que establece qu¨¦ pas¨® en m¨¢s de 22.000 secuestros y durante tres d¨ªas de audiencia respondieron a las v¨ªctimas. Todo eso, previo a la sentencia, ya marca un antes y un despu¨¦s.

P. Imputaron a esos excomandantes en el macrocaso de reclutamiento forzado, y reconocen ese delito pero no el de violencia sexual ?C¨®mo ve eso?

R. El proceso de paz est¨¢ soportado sobre los aportes a verdad. No basta con reconocer un hecho o decir ¡°acepto todos los cargos de cualquier cosa que me se?ale¡±. Hay que hacer un aporte a la verdad, establecer un di¨¢logo con las v¨ªctimas, darles una explicaci¨®n. Ellos ya dieron su versi¨®n, pero es ese es el punto de partida, no el de llegada. Falta el encuentro con las v¨ªctimas y responsables, como en falsos positivos. Eso no es construir una justicia restaurativa como la que se negoci¨® y se acord¨® en 2016. Simplemente estoy recordando que est¨¢ en la Constituci¨®n.

Como correlator del macrocaso de falsos positivos, encontr¨¦ que casi todos est¨¢n involucrados en m¨²ltiples hechos. Eso no se notaba en la justicia ordinaria, donde aceptaban los cargos y las v¨ªctimas se quedaban sin saber qu¨¦ hab¨ªa pasado. Eso est¨¢ cambiando. En la segunda versi¨®n voluntaria del cabo N¨¦stor Guti¨¦rrez, condenado por falsos positivos, le pregunt¨¦ por las nueva condenas e investigaciones que ten¨ªa en la justicia ordinaria. ¡°Ay doctor, hablemos de los 15 casos de una vez¡±, me contest¨® y los confes¨®. Pens¨¦ que era algo ex¨®tico, pero luego encontr¨¦ m¨¢s responsables que revelan hechos nuevos.

P. ?Qu¨¦ ha llevado a que los responsables de la guerra cambien su forma de pensar?

R. El contacto con las v¨ªctimas. Verlas, haber dialogado con ellas, hacer los talleres preparatorios para las audiencias. All¨ª las v¨ªctimas pueden preguntar todo lo que quieran, y los responsables, tocados, muchas veces en la audiencia dicen ¡°Fulanita de tal, le vengo a cumplir lo que le promet¨ª¡±. Mire, en el batall¨®n La Popa interrogu¨¦ a much¨ªsimos militares e iban negando todo. Pero luego, en la audiencia de reconocimiento en Valledupar, reconocieron y dieron todos los detalles. Les pregunt¨¦ por qu¨¦ contaban lo que antes negaban. ¡°Porque conoc¨ª a las v¨ªctimas¡±, me dijeron. Ahora saben que era el hijo de do?a Fulanita, el pap¨¢ de un ni?o, le dan una dimensi¨®n humana, se dan cuenta el da?o que causaron. Eso los lleva a reflexionar y a contar toda la verdad.

P. Hay como excepciones a la regla, como Publio Hern¨¢n Mej¨ªa ?Qu¨¦ pas¨® con ¨¦l?

R. Me declaro impedido para hablar de este caso porque investigu¨¦ al coronel, que tiene su derecho constitucional de ir a un juicio adversarial y defender su presunci¨®n de inocencia. Pero son excepciones, porque el 88% u 89% de los integrantes de la fuerza p¨²blica han aceptado su responsabilidad. Eso gracias a que hay una investigaci¨®n fuerte, una evidencia contundente. En Dabeiba hicimos pruebas cient¨ªficas, me fui un mes al cementerio e hice 49 inhumaciones. Veintiocho comparecientes que no estaban investigados antes han preferido aceptar su responsabilidad y contar la verdad, antes de ir a un juicio en el que pueden terminar con 20 a?os de c¨¢rcel. Claro, si ven una investigaci¨®n blandita, prefieren ir a defenderse.

P. Pese a las evidencias, un sector pol¨ªtico es negacionista de los falsos positivos. El congresista Miguel Polo Polo ha cuestionado la cifra de 6.402 v¨ªctimas y hasta ha pedido los nombres...

R. Mire, no son una especulaci¨®n. Podr¨¢n seguir diciendo que no pas¨®, pero cada v¨ªctima tiene un nombre, tiene un apellido, son hechos probados judicialmente. Y probablemente sean m¨¢s. Lo digo por mi experiencia en los caso de Soacha o del Huila, donde empezamos con 15 condenas contra autores materiales por falsos positivos, y en la audiencia reconocieron 200 asesinatos y 32 desapariciones forzadas.

P. ?C¨®mo recibe que ese mismo sector pol¨ªtico retome la cifra de la JEP de 18.667 hechos de reclutamiento forzado por las extintas FARC?

R. Es muy curioso. La metodolog¨ªa de trabajo es exactamente la misma: cruzamos las bases de datos, revisamos expedientes... Nosotros no trabajamos para ning¨²n sector pol¨ªtico, nos tiene completamente indiferentes que est¨¦n conformes o no. Curiosamente, el n¨²mero de resoluciones de conclusi¨®n contra exFARC y contra la fuerza p¨²blica es el mismo. M¨¢s sim¨¦trico no puede ser. No nos hemos ensa?ado con ninguno.

P. ?Van a abrir m¨¢s macrocasos?

R. No, el tiempo no nos da. Las v¨ªctimas piden que abramos m¨¢s porque funciona. Somos v¨ªctimas de nuestro propio ¨¦xito.

P. Aunque uno de los puntos ciegos para las v¨ªctimas es c¨®mo avanzar frente a los financiadores, a los terceros...

R. Tenemos la limitante de que solo comparecen ante la JEP de forma voluntaria, pero hemos avanzado en casos como el de Urab¨¢. Pero hemos avanzado, con una cifra que va creciendo de comparecientes. Ya son cerca de 14.400 comparecientes. Estamos llamando a personas que nunca hab¨ªan sido investigadas en el que creo que es el mayor ¨¦xito de la JEP: investigar hechos nunca investigados. Por ejemplo, en el caso de Soacha acept¨® responsabilidad un general que nunca hab¨ªa sido imputado por la Fiscal¨ªa. En los falsos positivos de Casanare, pas¨® lo mismo con el general Torres Escalante. Lo logramos porque otros comparecientes los mencionan.

P. Pese a esos avances, el Gobierno propone crear otro tribunal de cierre...

R. Siempre digo lo mismo: nosotros actuamos dentro de nuestras competencias y l¨ªmites materiales y temporales. Cualquier nueva iniciativa es una decisi¨®n pol¨ªtica que debe respetar los est¨¢ndares internacionales para la justicia transicional.

P. ?Qu¨¦ ha ocurrido con la posible desfinanciaci¨®n de la JEP?

R. Todo el Estado colombiano est¨¢ muerto de susto por la disminuci¨®n en el recaudo tributario, el ajuste fiscal y lo que puede venir. Nos inquieta especialmente porque se necesitan recursos para implementar las sanciones... Para eso estamos haciendo las gestiones con el Fondo Colombia en Paz, que tiene recursos, y con la Agencia de Reincorporaci¨®n, a la que llegar¨¢ ese dinero para gastarlo seg¨²n nuestras instrucciones. Quien tiene que cumplir, seg¨²n el Plan Nacional de Desarrollo, es el Gobierno.

P. ?C¨®mo es la relaci¨®n con el Gobierno ?

R. No, pues en los 15 d¨ªas que llevo... (risas) Tengo una reuni¨®n con el ministro del Interior para hablar de eso. Esperar¨ªa que la relaci¨®n sea muy fluida.