La fiscal¨ªa de la JEP pide 20 a?os de c¨¢rcel para el coronel retirado Hern¨¢n Mej¨ªa por 72 falsos positivos

El coronel retirado Publio Hern¨¢n Mej¨ªa ha sido acusado este lunes de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparici¨®n forzada y tortura. As¨ª lo ha informado en una rueda de prensa la Unidad de Investigaci¨®n y Acusaci¨®n (UIA) de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), que pide 20 a?os de prisi¨®n para el militar y lo se?ala como el responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales ¡ªconocidas como ¡°falsos positivos¡±¡ª entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003. Asimismo, el director de la UIA, Giovanni ?lvarez Santoyo, ha solicitado a la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, la Procuradur¨ªa General y la Comisi¨®n Nacional de Disciplina Judicial que investiguen si hubo negligencia en los procesos judiciales anteriores.

¡°Los fiscales y el cuerpo de investigadores de la UIA lograron establecer que el se?or Mej¨ªa (...) cre¨®, con algunos de los miembros del batall¨®n La Popa, una estructura armada que se dedic¨® a matar, a desaparecer y a torturar personas¡±, ha remarcado ?lvarez, en referencia a los civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate y que, en su mayor¨ªa, eran j¨®venes con carencias econ¨®micas y de origen campesino o ind¨ªgena. Seg¨²n el fiscal, la finalidad era ¡°crear una falsa apariencia de eficiencia y seguridad¡± en el Cesar: ¡°[El objetivo era] mostrar resultados operacionales falsos que finalmente lo hicieron ver como un militar eficiente y admirado por muchos colombianos¡±.

Mej¨ªa est¨¢ procesado como parte del macrocaso 03 de la JEP, que investiga por lo menos 6.402 ¡°falsos positivos¡± que ocurrieron durante los Gobiernos de ?lvaro Uribe (2002-2010), entre 2002 y 2008. Es uno de los militares declarados como responsables en el subcaso que indaga a varios integrantes del Batall¨®n La Popa, de Valledupar, por el homicidio de 127 personas entre 2002 y 2005 en asociaci¨®n con grupos paramilitares. El coronel retirado fue el comandante de la unidad entre enero de 2002 y diciembre de 2003, cuando se registraron 75 ejecuciones.

La Sala de Reconocimiento de la JEP traslad¨® en mayo el caso de Mej¨ªa a la UIA, despu¨¦s de considerar que el militar retirado no hab¨ªa demostrado voluntad de confesar sus cr¨ªmenes y reparar a las v¨ªctimas. Eso significa que perdi¨® el acceso a los beneficios de penas alternativas a la c¨¢rcel que ten¨ªa desde 2017 por haberse acogido a la JEP, la justicia transicional acordada entre el Estado y las extintas FARC en los acuerdos de paz de 2016. No obstante, ?lvarez ha comentado en la rueda de prensa que Mej¨ªa no se encuentra detenido. Seg¨²n ha explicado despu¨¦s a este peri¨®dico, esto se debe a que la orden de detenci¨®n que imparti¨® la JEP ha sido apelada por la defensa del coronel retirado.

Las v¨ªctimas del Ej¨¦rcito solicitan desde hace a?os la expulsi¨®n de Mej¨ªa y de otros altos oficiales del tribunal de paz. De acuerdo con la JEP, el excomandante de La Popa ha buscado en reiteradas ocasiones socavar la legitimidad del proceso de paz, descalificar a los dem¨¢s comparecientes y fomentar discursos de odio. Ha dicho que las acusaciones en su contra son ¡°mendaces¡± y ¡°criminales versiones¡± y ha pedido que la ciudadan¨ªa se levante contra ¡°una emboscada internacional¡±, en referencia al proceso de paz. ¡°Nuestra generaci¨®n fue esa que le dio un Nobel de la Paz a un bandido y le entreg¨® el pa¨ªs al narcoterrorismo¡±, dijo en una ocasi¨®n para referirse al expresidente Juan Manuel Santos.

?lvarez ha explicado que ahora se abren dos opciones para Mej¨ªa. La primera es que reconozca su responsabilidad, lo cual ¡°acelerar¨ªa el tr¨¢mite procesal¡± y llevar¨ªa a que se abra un proceso de interlocuci¨®n con las v¨ªctimas para establecer mecanismos de reparaci¨®n. En ese caso, el proceso continuar¨ªa en la Secci¨®n de Ausencia de Reconocimiento del tribunal. La segunda es que no acepte las acusaciones y que vaya a juicio.

¡°Negligencia¡± en investigaciones previas

El director de la UIA ha enfatizado en que se han enviado copias de la acusaci¨®n a la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, la Procuradur¨ªa General y la Comisi¨®n Nacional de Disciplina Judicial. La intenci¨®n es que estas entidades verifiquen si el actuar de algunos de sus funcionarios en el pasado puede conllevar responsabilidad penal o disciplinaria por ¡°la negligencia con la que manejaron las investigaciones¡±. Seg¨²n ?lvarez, hubo denuncias que en su momento ¡°no fueron investigadas debidamente¡± en la Fiscal¨ªa y que fueron remitidas a la justicia penal militar, la cual tampoco actu¨® con diligencia.

El funcionario ha resaltado que los familiares nunca dejaron de denunciar, pese a las decisiones adversas de la justicia. Eran contundentes en sus acusaciones: una y otra vez declararon que sus hijos hab¨ªan sido llevados por miembros de la Fuerza P¨²blica, ¡°sin que estuvieran haciendo nada¡±. ¡°La justicia penal militar archiv¨® investigaciones, aun teniendo declaraciones de los familiares, que hac¨ªan manifestaciones directas de que sab¨ªan quienes hab¨ªan ejecutado las conductas¡±, ha recordado el jefe de la UIA.

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