Juanita Goebertus: ¡°Maduro se queda afianzado ¨²nicamente en el poder de las armas¡±
La directora para Am¨¦rica de Human Rights Watch alerta sobre el estado de excepci¨®n en El Salvador, la crisis de la pol¨ªtica de paz total en Colombia y las implicaciones del regreso de Trump para la regi¨®n


La crisis de derechos humanos m¨¢s radical en Am¨¦rica Latina es el fraude electoral cometido en Venezuela por el r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro, afirma sin rodeos Juanita Goebertus (Bogot¨¢, 41 a?os). Tambi¨¦n sigue con mucha preocupaci¨®n la situaci¨®n en El Salvador, luego de dos a?os y medio de Estado de excepci¨®n bajo el Gobierno de Nayib Bukele. El 2024 no fue esperanzador para la democracia en la regi¨®n, con un notable deterioro del Estado de derecho, advierte por videollamada la directora de la divisi¨®n para Am¨¦rica de Human Rights Watch, que presenta este jueves su Informe Mundial anual.
Pregunta. Los autoritarismos de distintos or¨ªgenes abundan en Am¨¦rica Latina. ?Perciben un deterioro de la democracia en la regi¨®n?
Respuesta. S¨ª, de manera muy desafortunada. Esos s¨ªntomas, que venimos diagnosticando a lo largo de los ¨²ltimos a?os, quedaron plasmados en las distintas crisis de derechos humanos que vimos en Am¨¦rica Latina en 2024. La m¨¢s radical, el fraude electoral cometido en Venezuela y la posterior violencia que termina con m¨¢s de 2.000 personas detenidas arbitrariamente y 23 asesinadas. En muchos casos pudimos documentar la participaci¨®n directa de fuerzas armadas venezolanas o de colectivos. Creci¨® el uso de la figura de los presos pol¨ªticos, la usurpaci¨®n de la nacionalidad en Nicaragua, y el uso extendido de estados de excepci¨®n, como es el caso de El Salvador, Honduras o ahora de Ecuador, lo que afianz¨® el deterioro del Estado de derecho. Ese proceso se cristaliza con ataques a organizaciones de sociedad civil. En paralelo, el crimen organizado sigue creciendo, lo que sirve como excusa para limitar las garant¨ªas del Estado de derecho.
P. ?Les sorprendi¨® la represi¨®n desatada por el r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro en Venezuela despu¨¦s de las elecciones del 28 de julio?
R. Todas las organizaciones ¨Clocales, internacionales¨C est¨¢bamos en alerta. Un proceso de transici¨®n de una dictadura a una democracia supone una p¨¦rdida de poder de actores que est¨¢n gravemente comprometidos en la comisi¨®n de delitos, posiblemente incluso de cr¨ªmenes de lesa humanidad, como ha establecido la Misi¨®n de Determinaci¨®n de los Hechos de Naciones Unidas. Para muchos de nosotros era evidente que el chavismo hab¨ªa perdido su base de legitimidad, y que los acuerdos de M¨¦xico y de Barbados abr¨ªan la posibilidad de generar una transici¨®n democr¨¢tica. Desafortunadamente, el r¨¦gimen se queda, afianzado ¨²nicamente en el poder de las armas ante la p¨¦rdida absoluta de esa legitimidad. Era esperable, pero creo que a todos nos ha sorprendido la magnitud y el nivel con el que han continuado reprimiendo para sostenerse de un hilo al poder.
P. ?Cu¨¢l es la definici¨®n adecuada para referirse hoy al r¨¦gimen de Maduro?
R. Para nosotros es claramente una dictadura, un Gobierno sin legitimidad democr¨¢tica. Se dio un fraude electoral que han evidenciado tanto el panel de expertos de Naciones Unidas como el Centro Carter. Las actas publicadas por la oposici¨®n tienen todos los elementos para ser consideradas fidedignas. Es un r¨¦gimen que ya desde hace much¨ªsimo tiempo no respeta el Estado de derecho, que carece de separaci¨®n de poderes y que es, por supuesto, supremamente violatorio de derechos humanos. Se han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias d¨ªa a d¨ªa.
P. ?Temen una nueva oleada migratoria ante la represi¨®n en Venezuela?
R. 2024 cerr¨® con menos personas cruzando por el Dari¨¦n frente a 2023. Pero, con 300.000 migrantes, fue en todo caso el segundo a?o de mayor cantidad de cruces. La mayor cantidad proviene de Venezuela. Luego del 28 de julio, preocupaba la posibilidad de un aumento inmediato del n¨²mero de venezolanos cruzando las fronteras y s¨ª vimos un incremento, particularmente hacia Brasil, pero menor. En el caso de Colombia, no hemos visto un aumento en el n¨²mero grueso de personas, pero s¨ª en el de aquellos que podr¨ªan ser sujetos de protecci¨®n internacional. Es decir, testigos que est¨¢n siendo perseguidos por su rol en el proceso electoral, l¨ªderes pol¨ªticos, autoridades locales perseguidas por el mero hecho de defender el cumplimiento de las reglas electorales. Luego de que Maduro consum¨® el fraude electoral este 10 de enero, las posibilidades de nuevas olas migratorias son altas.
P. Llegados a este punto, ?ve posible una transici¨®n a la democracia en Venezuela?
R. Es un momento de frustraci¨®n y pesimismo. A los l¨ªderes de sociedad civil en Venezuela que est¨¢n dando la batalla, a los l¨ªderes de base de organizaciones pol¨ªticas que tratan de resistir, mi mensaje es que no est¨¢n solos. Si algo nos muestra la historia en Am¨¦rica Latina es que es posible hacer transiciones de dictaduras a democracias. Por supuesto que no son procesos f¨¢ciles. Hay que construir un sistema de incentivos, a trav¨¦s de la movilizaci¨®n social pac¨ªfica, de la protesta pac¨ªfica, de la presi¨®n internacional sostenida y coordinada; a trav¨¦s de herramientas como las sanciones individuales y dirigidas para quienes cometen actos de corrupci¨®n o violaciones de derechos humanos. Y por supuesto, a trav¨¦s del ejercicio de la jurisdicci¨®n universal y de las acciones penales internacionales, incluyendo la investigaci¨®n que avanza en la Corte Penal Internacional. Lo que sigue es un nuevo ciclo para generar las condiciones que permitan un proceso de transici¨®n hacia la democracia.
P. En ese contexto, ?puede Venezuela desempe?ar su papel como garante para las negociaciones de paz del Gobierno Petro con el ELN?
R. Colombia cerr¨® el 2024 con una pol¨ªtica de paz total sin resultados, con una ampliaci¨®n de la presencia territorial de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Hay un deterioro en las condiciones de seguridad territorial y unos procesos de di¨¢logo que han demostrado falta de claridad en la caracterizaci¨®n de los grupos con los que se negocia, con faltas graves en t¨¦rminos de la metodolog¨ªa y del dise?o. M¨¢s all¨¢ de las decisiones aut¨®nomas de los gobiernos sobre c¨®mo estructuran las veedur¨ªas internacionales, har¨ªa un llamado a atender una crisis profunda de la pol¨ªtica de paz total.
P. ?Les preocupa alg¨²n otro pa¨ªs en particular en este 2025?
R. Seguimos la situaci¨®n en El Salvador con mucha preocupaci¨®n, luego de dos a?os y medio de estado de excepci¨®n. M¨¢s de 83.000 personas han sido detenidas con suspensi¨®n de su debido proceso. Pueden pasar meses, incluso a?os, sin enfrentarse a una autoridad judicial que les diga por qu¨¦ los persiguen penalmente. M¨¢s de 3.300 ni?os y ni?as detenidos, tambi¨¦n con suspensi¨®n de su debido proceso. M¨¢s de 300 personas han muerto en prisi¨®n bajo custodia del Estado salvadore?o, sin ninguna explicaci¨®n. Lo m¨¢s parad¨®jico es que es un proceso de encarcelamiento masivo sin que haya un solo adulto condenado.
Es cierto que los indicadores de seguridad han mejorado. Y Bukele fue reelecto con una preferencia popular muy alta, que de alguna manera mand¨® la se?al a Am¨¦rica Latina de que para avanzar en seguridad hab¨ªa que suspender los derechos humanos. Pero ese es un mensaje supremamente peligroso. La historia ha mostrado que estos procesos pueden dar algunos resultados en seguridad en el corto plazo, pero no son sostenibles en el tiempo. No tenemos que escoger: es posible tener seguridad y garant¨ªas de derechos humanos.
P. ?Qu¨¦ implicaciones anticipa con el regreso de Donald Trump para la regi¨®n?
R. Si nos ce?imos a lo que hizo en su anterior periodo, y lo que ha anunciado en campa?a, cuando habl¨® de deportaciones masivas, afectar¨ªa principalmente a personas de Centroam¨¦rica y de M¨¦xico. Ha mencionado la imposici¨®n de aranceles, una herramienta t¨ªpicamente usada por Estados Unidos para generar presi¨®n a distintos pa¨ªses de la regi¨®n, que implicar¨ªa un aumento de la pobreza y la desigualdad. Ha hecho referencias a posibles recortes a la asistencia exterior, lo que podr¨ªa tener un impacto muy grave, particularmente en temas de asistencia humanitaria. Tambi¨¦n vimos en el anterior periodo la continua negaci¨®n del rol de los seres humanos en la crisis clim¨¢tica, lo que impulsa procesos de deforestaci¨®n, pues alienta a quienes hacen parte de esta visi¨®n negacionista.
P. En este panorama tan complejo, ?hay alguna se?al o pa¨ªs que invite al optimismo?
R. Guatemala vio la posibilidad de que, en contra de todos los factores de poder, una persona como Bernardo Ar¨¦valo se posesionara e inaugurara su Gobierno el a?o pasado a pesar de lo que en la pr¨¢ctica fue casi un golpe de Estado por parte de la fiscal Consuelo Porras, que buscaba desconocer los resultados electorales. En medio de esas dificultades no ha querido llegar al poder para repetir lo que hicieron sus antecesores, sino gobernar de manera institucional, con las complejidades que eso significa, pero en pleno respeto por el Estado de derecho. El Gobierno de Ar¨¦valo ha optado por un proceso lento, complejo, de reforma para recuperar la independencia de la institucionalidad. A veces los triunfos en las democracias son as¨ª, m¨¢s lentos, quiz¨¢s menos estelares, pero fue un a?o en el que Guatemala empez¨® a demostrar que es posible gobernar de una manera distinta.
La elecci¨®n popular de jueces en M¨¦xico provocar¨¢ la p¨¦rdida de independencia judicial?
En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y una vez elegida la presidenta Claudia Sheinbaum, se tramitó una reforma judicial en México que generará en la práctica la elección popular de jueces. “Entre 2025 y 2027, cerca de 1.600 jueces perderán sus cargos, serán destituidos, e iniciará un proceso electoral. Esto significa que quienes mantienen las mayorías del poder popular muy seguramente van a controlar también la justicia, un proceso de pérdida de independencia judicial”, advierte Juanita Goebertus. “Además, el proceso de transición, al destituir a todos los jueces, va a generar un impacto directo en la forma en la cual son administradas las distintas causas que están hoy en curso por distintos casos de corrupción, por temas de crimen organizado, etcétera. Eso significa un retroceso significativo, pues el cuello de botella en México en la administración de justicia es la investigación”, subraya. “De ahí que lo que puede resultar es un sistema aún más cooptado por el crimen organizado, controlado además muy seguramente por las mayorías políticas que hoy tiene Morena y que afecte aún más los procesos muy lentos de administración de justicia a nivel local”.
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