El Gobierno de Petro encara su recta final con deudas en la pol¨ªtica de drogas

Para un pa¨ªs como Colombia, la pol¨ªtica de drogas no es solo un asunto m¨¢s. Y lo que hace Colombia importa para la regi¨®n y para el resto del mundo. Atraviesa la econom¨ªa, la seguridad, la paz y la estabilidad. Tras d¨¦cadas de un enfoque de prohibici¨®n y castigo, en 2022 recibimos con entusiasmo las promesas de Gustavo Petro de dar un vuelco a la pol¨ªtica de drogas. Reci¨¦n electo, el presidente habl¨® de transitar a mercados regulados de drogas, de finalizar todo riesgo de perseguir a las familias campesinas, de descongestionar las c¨¢rceles. En resumen, de un viraje radical. El entonces candidato dec¨ªa en su plan de gobierno que cambiar¨ªa ¡°el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulaci¨®n¡± y que garantizar¨ªa ¡°la reparaci¨®n integral de las v¨ªctimas¡±. Sin embargo, tras dos a?os y medio de Gobierno, con solo uno y medio restantes, hay muchas dudas sobre los avances.

Era ingenuo creer que en cuatro a?os se podr¨ªan revertir d¨¦cadas de guerra contra las drogas y que, en medio de un contexto adverso de recrudecimiento del conflicto, dispersi¨®n de actores armados y pujas por el mercado global de drogas, se podr¨ªan lograr enormes transformaciones. Hay al menos tres aspectos especialmente relevantes: incorporar un enfoque de derechos humanos en la Pol¨ªtica Nacional de Drogas, introducir alternativas al encarcelamiento para mujeres vulnerables y cuidadoras, y las enormes deudas con la poblaci¨®n campesina que vive de la coca.

En 2023 se adopt¨® una Pol¨ªtica Decenal de Drogas, que constituye una hoja de ruta en la materia para los pr¨®ximos diez a?os en el pa¨ªs. Por primera vez se fundamenta en los derechos humanos e incluye expl¨ªcitamente la aplicaci¨®n de las directrices internacionales sobre Derechos Humanos y Pol¨ªtica de Drogas en su implementaci¨®n. Las directrices abordan un cat¨¢logo de derechos afectados, desde el cultivo hasta el consumo, estableciendo medidas que los Estados deben o no deben adoptar para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pero los gobiernos cambian, y no es claro que las pol¨ªticas ah¨ª plasmadas tengan suficientes avances o protecciones como para que sus metas no se conviertan en letra muerta en un pr¨®ximo gobierno.

En segundo lugar, est¨¢ la Ley de Utilidad P¨²blica, que podr¨ªa servir de modelo para otros pa¨ªses que enfrentan situaciones similares. En Colombia, como en muchos pa¨ªses de la regi¨®n y del mundo, un porcentaje significativo de las mujeres detenidas est¨¢n encarceladas por delitos menores, no violentos o asociados con drogas; y muchas son las principales cuidadoras y proveedoras de sus hogares. Esa ley permite, a quienes sean cabeza de hogar, cumplir la pena prestando un servicio social fuera de la c¨¢rcel, e incluye los delitos de drogas, cuando, a menudo, las alternativas al encarcelamiento son excluidas o limitadas en esos delitos.

As¨ª, esta ley tiene el potencial de beneficiar a miles de familias, demostrando que hay una ruta distinta a la c¨¢rcel, y que el pa¨ªs puede ir a la vanguardia de modelos innovadores en la pol¨ªtica criminal. Adem¨¢s, la experiencia demuestra la importancia de involucrar a las poblaciones directamente afectadas en el dise?o e implementaci¨®n de estas pol¨ªticas. La ley se ha beneficiado de una activa participaci¨®n de Mujeres Libres, la principal ONG del pa¨ªs que defiende los derechos de las mujeres privadas de libertad o que pasaron por la c¨¢rcel, integrada por mujeres que han experimentado la privaci¨®n de libertad. Sin embargo, a casi dos a?os de su aprobaci¨®n, la aplicaci¨®n ha sido limitada debido a sesgos dentro de la rama judicial, y las mujeres en libertad enfrentan barreras en el acceso a oportunidades dignas de educaci¨®n y empleo.

En tercer t¨¦rmino, est¨¢ el tema de la coca, y con ella, el glifosato. En Colombia se asperjaron dos millones de hect¨¢reas para eliminar los cultivos de coca. Esta estrategia, respaldada por una enorme presi¨®n de Estados Unidos, dej¨® enormes da?os: a la salud del campesinado que resid¨ªa en estas zonas, a los r¨ªos y a la tierra, sumado al desplazamiento por la p¨¦rdida de ingresos, y una profunda fractura social. Si bien la pr¨¢ctica est¨¢ suspendida desde 2015, no est¨¢ estrictamente prohibida. Si el Gobierno de Petro, tal como lo anunci¨® en campa?a, se toma en serio los derechos de la poblaci¨®n campesina, deber¨ªa hacer todo lo necesario para prohibir el uso de agrot¨®xicos en las estrategias de reducci¨®n de cultivos il¨ªcitos. En medio de una creciente tensi¨®n internacional para que Colombia reduzca sus hect¨¢reas, este es uno de los pendientes m¨¢s urgentes.

Para terminar, no podemos ignorar la enorme deuda con el asunto cocalero. Colombia vive el pico hist¨®rico de producci¨®n de hoja de coca, y m¨²ltiples crisis de seguridad por las disputas de los actores armados, entre otras cosas, por la producci¨®n de coca¨ªna y las rutas del narcotr¨¢fico. Ejemplo de esto es la m¨¢s reciente y a¨²n activa crisis en la regi¨®n nororiental de Catatumbo, lim¨ªtrofe con Venezuela. Mediante el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, se cre¨® un Programa Nacional Integral de Sustituci¨®n de Cultivos Il¨ªcitos (PNIS), que promet¨ªa apoyar a alrededor de 200.000 familias cocaleras a transitar a actividades productivas legales y rentables. La efectiva implementaci¨®n de estos programas garantizar¨ªa, como dictan las directrices, la protecci¨®n al derecho a un nivel de vida adecuado y, sobre todo, que los esfuerzos para reducir la oferta de drogas no tengan como consecuencia llevar a la gente a padecer hambre o condiciones extremas. No ha sido el caso del PNIS, que ha comprobado ser un costoso fracaso, con demoras, incumplimientos y fallas generalizadas.

Tenemos entonces una apuesta de largo plazo que a¨²n no se materializa, en la Pol¨ªtica Nacional de Drogas; un experimento innovador en la Ley de Utilidad P¨²blica; y una deuda inaceptable en la no prohibici¨®n del glifosato, mientras no hay ofertas viables para que la poblaci¨®n cocalera pueda transitar a la legalidad. Los gobiernos van y vienen, y que el tiempo va corriendo en contra para que, al menos en estos tres temas, protejan los cambios necesarios y la amenaza de volver a una pol¨ªtica de drogas represiva no sea tan inminente.

El 2025 es el a?o clave para la ejecuci¨®n de la pol¨ªtica de drogas que prometi¨® Gustavo Petro. Ojal¨¢ los contados meses que quedan sean suficientes para introducir reformas que puedan proteger los derechos de quienes resultan m¨¢s afectados por el paradigma de la prohibici¨®n.