El presidente Petro rompe costuras con su pol¨ªtica de drogas, pero no avanza un mil¨ªmetro en las reformas

Casi todo lo que sucede en el mercado de la coca¨ªna est¨¢ cubierto de ambig¨¹edades. Las ¨¢reas cultivadas de hoja de coca en Colombia aumentan a?o a a?o. La productividad del alcaloide, tambi¨¦n. Todo esto en paralelo al repunte en las incautaciones de cargamentos y capturas de narcos, seg¨²n las cifras oficiales. Por si fuera poco, el grueso del campesinado cocalero atraviesa una temporada de sobreproducci¨®n, achacada en parte a la pandemia, que ha afectado los precios y la vida rural. Con esas piezas, y la opacidad de la cadena comercial, es improbable armar un rompecabezas coherente.

El presidente, Gustavo Petro, lanz¨® hace una semana en su cuenta de X una propuesta gaseosa que ¨¦l mismo sab¨ªa que iba a costarle ¡°rayos y centellas¡±. Sugiri¨® la posibilidad de que el Estado le comprara la cosecha de coca a los productores de una zona al sur del departamento del Cauca. Se trataba, quiz¨¢s, de una provocaci¨®n para reanimar el debate sobre un tema en el cual el Ejecutivo ha mantenido un discurso reformista. Pero en la pr¨¢ctica, seg¨²n la doctora en Historia Mar¨ªa Clara Torres, no se ha avanzado un mil¨ªmetro.

M¨¢s de medio siglo de fracasos en la lucha antinarc¨®ticos ha sido motivo suficiente para que desde la Administraci¨®n del presidente Santos (2010-2018) se empezaran a lanzar mensajes sobre la urgencia de un nuevo enfoque alejado del acento militar. Petro ha ido uno o dos pasos m¨¢s all¨¢. Ha tratado de desestigmatizar a los cultivadores, el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil del mercado. Sus funcionarios han establecido un di¨¢logo constante con las regiones productoras. Y se han estudiado varias f¨®rmulas en aras de materializar el denominado trato penal diferencial, un punto incluido en los acuerdos de paz de La Habana para proteger a los peque?os cultivadores.

?Cu¨¢l es el problema? Ana Mar¨ªa Rueda, coordinadora del cap¨ªtulo de drogas en la Fundaci¨®n Ideas para la Paz, explica que uno de los nudos es la Ley 30 de 1986. Un articulado que, dentro del enfoque policivo de entonces, reglamentaba la producci¨®n, consumo o venta de drogas. Si bien abr¨ªa una veta al porte y uso de una dosis m¨ªnima de coca (1 gramo), limit¨® el cultivo a fines m¨¦dicos y cient¨ªficos. La distribuci¨®n o venta, para mayor confusi¨®n, qued¨® prohibida. ¡°El primer paso para regular el mercado, o proyectar su uso industrial, es sacarla del c¨®digo penal y de la ley 30¡å, enfatiza Rueda.

Hoy el Estado carece de un marco legal para darle mayores usos a la hoja de coca. Tampoco ha especificado qu¨¦ har¨ªa con ella en caso de lanzarse a comprar. Son razones de sobra para matizar el trino de Petro, que no ha pasado del anuncio. ?La piensa quemar? ?Usarla para estudios cient¨ªficos? ?O, quiz¨¢s, buscar la v¨ªa hacia otros usos, hoy prohibidos? Los analistas y estudiosos del fen¨®meno se preguntan si en los dos a?os que restan de Gobierno, Petro ser¨¢ capaz de ir m¨¢s all¨¢ de su promesa de cambiar el foco de la pol¨ªtica antinarc¨®ticos del campesinado hacia los renglones criminales del mercado.

¡°No se trata solo de dejar de perseguir al cultivador¡±, explica la doctora en Econom¨ªa Mar¨ªa Alejandra V¨¦lez, ¡°sino adem¨¢s de impulsar un proceso de transformaci¨®n territorial que no ha ocurrido. El Gobierno Duque dej¨® el programa de sustituci¨®n de cultivos en un estado muy lamentable. Solo el 3% de las familias hab¨ªan recibido los beneficios, y tampoco se ha adelantado mucho en la Administraci¨®n Petro¡±. La experta en pol¨ªtica de drogas a?ade que la falta de informaci¨®n oficial es desalentadora: ¡°No sabemos cu¨¢nto se ha avanzado, ni a qu¨¦ familias o regiones se ha beneficiado¡±.

Es un debate precedido por todos los tropiezos y naufragios en el proceso de regulaci¨®n del cannabis en el Congreso. ¡°A los abogados, a las oficinas jur¨ªdicas del Estado, les da mucho susto porque cualquier error en el dise?o de un decreto les puede costar una sanci¨®n disciplinaria o la c¨¢rcel¡±, explica Rueda. No es, sin duda, un terreno amable para innovar. De cualquier forma, el pa¨ªs est¨¢ atento a los debates de cara a la pr¨®xima convenci¨®n de estupefacientes en Viena a finales de 2025. Un espacio donde se espera que haya adelantos en la propuesta de Bolivia, a la que en principio Colombia adhiri¨®, para sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias ilegales de los tratados internacionales.

De aprobarse la iniciativa internacional, los legisladores y abogados en Colombia contar¨ªan con insumos para soltar costuras normativas. ¡°La propuesta ya est¨¢ en la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), porque la hoja de coca tiene que superar un an¨¢lisis cient¨ªfico sobre sus riesgos. El proceso debe culminar el pr¨®ximo a?o con una votaci¨®n en la Comisi¨®n de Estupefacientes¡±, aclara Rueda. Por lo pronto, tambi¨¦n han llegado vientos de cambio desde los Estados Unidos, el gran socio y gestor de tratados y convenios que hace m¨¢s de medio siglo emprendi¨® una campa?a burocr¨¢tica para criminalizar la lucha antinarc¨®ticos en Latinoam¨¦rica.

No caben dudas de que los efectos han sido devastadores. Sin embargo, los analistas destacan que, frente al aumento de casi 20.000 hect¨¢reas cosechadas en 2023, los Estados Unidos ya no enarbolan la figura de la llamada certificaci¨®n como sanci¨®n econ¨®mica contra el pa¨ªs seg¨²n su desempe?o en la lucha antidrogas. Una herramienta que el pa¨ªs esperaba en otras d¨¦cadas como un estudiante sus calificaciones. Hoy, la publicaci¨®n de los datos de radar por parte de la divisi¨®n encargada en las Naciones Unidas, no pasa de ser un indicador para que la Colombia urbana arquee la ceja en su af¨¢n por descifrar qu¨¦ es lo que se est¨¢ cociendo en el campo ¡ª aunque est¨¢ por verse el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses del pr¨®ximo martes y su impacto sobre el tema.

¡°En la parte discursiva este Gobierno acab¨® con el maltrato hacia un sector del campesinado, que en los 90 ten¨ªa que salir a marchar para recordar que tambi¨¦n eran ciudadanos. Eso es importante en este camino y le da un valor simb¨®lico. Reconoce, finalmente, los derechos de los cocaleros. Pero en lo normativo estamos bloqueados¡±, remata Torres. En ¨²ltima instancia, concluye, se trata de ejecutar los planes estatales consignados en el punto 4 del acuerdo de paz. Una herramienta s¨®lida para amortiguar el empobrecimiento de zonas donde la precariedad alcanza ¨ªndices de v¨¦rtigo.