Siete activistas han sido asesinados en Honduras en menos de dos meses

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Eran las 11.15 de la ma?ana de este domingo cuando ¡°un muchacho¡± de la comunidad de Panam¨¢, en la ciudad de Trujillo, en el norte de Honduras, lleg¨® corriendo a la casa de la familia Rivas a dar la tr¨¢gica noticia. ¡°Mataron a Polo y a Javier en Ilanga¡±, recuerda un familiar de los fallecidos: Santos Hip¨®lito Rivas, un l¨ªder campesino de 46 a?os conocido como Polo, y su hijo Javier, de 26. Aunque la polic¨ªa no ha detenido a¨²n a nadie, los vecinos apuntan a un grupo paramilitar que ¡°lleva a?os amenazando¡± a Rivas y a otros defensores que luchan por la recuperaci¨®n de tierras de los campesinos.

Rivas era el fundador de la Empresa Campesina Gregorio Ch¨¢vez, contaba con medidas de protecci¨®n interna desde el 28 de marzo de 2019 y hac¨ªa apenas un mes que hab¨ªa puesto una demanda para que se cumplieran estas. ¡°Se sent¨ªa inseguro. Sab¨ªa que lo matar¨ªan¡±, explica el familiar. ?l tambi¨¦n ha recibido amenazas y teme ser el pr¨®ximo en esta ola de violencia que se ha cobrado la vida de siete activistas en menos de dos meses.

Los primeros fueron Jairo Bonilla y Aly Dom¨ªnguez, miembros del Comit¨¦ de Bienes Comunes de Tocoa, asesinados a tiros el 7 de enero por defender el r¨ªo Guapinol. El s¨¢bado 28 de enero se registr¨® la muerte de Ricardo Arna¨²l Montero, defensor de la etnia gar¨ªfuna e integrante del Comit¨¦ de Defensa de la Tierra, en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Le siguieron Omar Cruz Tom¨¦, presidente de la cooperativa Los Laureles, y su suegro Andy Mart¨ªnez.

Todos los defensores asesinados en 2023, menos Arna¨²l, estaban acogidos al sistema de protecci¨®n nacional y, sin embargo, las continuas persecuciones y el fat¨ªdico desenlace parecen haberse escapado al sistema. El Mecanismo de Protecci¨®n del Gobierno no ha facilitado a Am¨¦rica Futura el n¨²mero de los activistas amenazados ni las medidas espec¨ªficas que brindan. V¨ªctor Fern¨¢ndez, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, lamenta que proteger a quienes defienden la tierra ¡°sea tan complejo¡± y que las acciones para ello est¨¦n ¡°llenas de fallas¡±: ¡°Nadie asume y a nadie se le imputa responsabilidad por la negligencia o complicidad. La impunidad siempre es garant¨ªa de continuidad de estos hechos¡±.

Medidas de protecci¨®n que fallan, grupos armados con mucha influencia en las comunidades y asesinatos que se archivan. Estos suelen ser los denominadores comunes de la violencia contra los activistas en Honduras, uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos de la regi¨®n, donde defender la tierra se suele acabar pagando con la vida. De 2012 a 2021, el pa¨ªs registr¨® el asesinato de 114 activistas lo que lo convierte en el cuarto con tasas m¨¢s altas de asesinatos a defensores de la tierra y el agua en la regi¨®n.

A pesar de que Xiomara Castro lleg¨® a la Presidencia con una agenda de un marcado car¨¢cter social, no se ha pronunciado con ninguno de estos asesinatos hasta la fecha. ¡°Para ella no es prioridad la protecci¨®n de los luchadores sociales y sus derechos, como los liderazgos campesinos¡±, lamenta Fern¨¢ndez. Fuentes de la Plataforma Agraria aseguran haber buscado tener reuniones con el Ejecutivo ¡°en reiteradas ocasiones¡±, todas ellas sin respuesta.

¡°Hip¨®lito fue uno de los compa?eros que siempre exigi¨® justicia por otros compa?eros que fueron asesinados¡±, cuenta Yoni Rivas, de la Plataforma Agraria del Valle del Agu¨¢n. ¡°?l caminaba siempre con documentos de los colegas torturados o asesinados¡±. El activista critica que ¡°reine le impunidad¡±: ¡°Los agroindustriales est¨¢n usurpando ¨¢reas de la reforma agraria y debido a que no tienen legalidad sobre la tierra, la ¨²nica forma de hacer prevalecer su capital y sus intereses es a trav¨¦s de la violencia¡±.

¡°No eran delincuentes, sino que lucharon con dignidad para que este pueblo de Panam¨¢ deje de estar aguantando hambre y mendigando trabajo¡±, afirm¨® un hermano de Hip¨®lito Rivas durante el sepelio, seg¨²n medios locales. La empresa que lideraba custodia un ¨¢rea en recuperaci¨®n ganada tras a?os de luchas campesinas contra intereses de grandes terratenientes palmeros.

Las amenazas que han recibido los activistas de la comunidad ven¨ªan de un grupo armado concreto, liderado por Piturro, muy conocido y temido en la zona. Tambi¨¦n intocable. ¡°Piturro est¨¢ m¨¢s limpio que yo en cuanto a antecedentes penales¡±, le dijo un polic¨ªa al familiar de los asesinados el d¨ªa del funeral de los fallecidos. El familiar las ¨²ltimas v¨ªctimas tambi¨¦n ha sido amenazado en numerosas ocasiones por el mismo clan e incluso ha tenido que abandonar el pa¨ªs. Aunque consta en la lista de los beneficiarios de medidas de protecci¨®n, las rechaz¨®. ¡°?Para qu¨¦ las quiero si igual te matan?¡±, se pregunta. ¡°Al final, todos son lo mismo¡±.

La extrema violencia en Agu¨¢n

La zona del Agu¨¢n es de los territorios m¨¢s complejos y peligrosos del pa¨ªs. Es una zona en la que la pelea por la restituci¨®n de tierras a los campesinos es cada vez m¨¢s fuerte. Y tiene peores consecuencias. La violencia a los defensores est¨¢ normalizada, dicen quienes conocen el territorio. ¡°El movimiento campesino quiere recuperar 50.000 hect¨¢reas que le fueron despojadas a partir de la d¨¦cada de los 90¡å, explica Fern¨¢ndez, ¡°Y claro, esto confronta a actores empresariales con fuertes v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico y otros formas de crimen organizado¡±.

Estos asesinatos que se est¨¢n sucediendo en la regi¨®n ocurren tras la firma de un acuerdo celebrado entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Agu¨¢n (COPA) en febrero de 2022. En un comunicado, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) record¨® al Estado hondure?o la importancia de dar cumplimiento efectivo a las medidas cautelares MC 50-14 que protege a al menos 142 personas, de las cuales un elevado n¨²mero provienen del bajo Agu¨¢n.

¡°Los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos tienen una consecuencia multiplicadora que va m¨¢s all¨¢ de la afectaci¨®n a su persona pues, cuando la agresi¨®n es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares¡±, dice el texto de la CIDH.

Es tanto el peligro en la zona del Agu¨¢n que el 25 de junio de 2019, la comunidad de Panam¨¢, en acompa?amiento con la Plataforma Agraria, present¨® una denuncia ante el fiscal general en el Ministerio P¨²blico contra este grupo armado. El problema, aseguran, es creer en las instituciones. ¡°Es cada vez m¨¢s dif¨ªcil¡±, dice el familiar de los l¨ªderes. Un sentimiento com¨²n entre los que cargan el duelo junto a la impotencia de que no ser¨¢n los ¨²ltimos asesinatos.