La violencia del narco amenaza a Costa Rica

Tres estudiantes de una escuela en el municipio Siquirres, en la regi¨®n Caribe de Costa Rica, acabaron esta semana hospitalizados tras los disparos realizados con una pistola 9 mil¨ªmetros que un sicario us¨® para matar a un supuesto rival en el negocio del narcotr¨¢fico. Era el mediod¨ªa del lunes, hora del cambio de turnos, con decenas de ni?os y madres entrando o saliendo mientras el asesino solo pensaba en perpetrar el crimen que, seg¨²n las cifras oficiales, hace que el pa¨ªs centroamericano casi alcance la cifra de muertes violentas registradas en los primeros 50 d¨ªas del 2023, que con 907 asesinatos fue el a?o m¨¢s sangriento en la historia costarricense.

La escena era de terror, cont¨® el personal educativo a la prensa. Los ni?os y dos adultas fueron trasladados a hospital, otros alumnos expresan que no quieren volver a clases y la escuela se cerr¨® por el resto de la semana. El alcalde del municipio critic¨® que el Gobierno no concediera los recursos policiales que hab¨ªa pedido y ahora todos lamentan lo ocurrido, aunque casi nadie se sorprende.

Los grupos narcotraficantes y sus batallas violentas se han extendido por el territorio de Costa Rica, la naci¨®n que por d¨¦cadas se ufan¨® de ser la m¨¢s segura de la regi¨®n. Un asesinato ya no es noticia, un tiroteo a plena luz del d¨ªa tampoco es raro y una ejecuci¨®n frente a una escuela ya ha ocurrido antes, pero el pasado lunes hubo ni?os heridos de bala y esto s¨ª es una tr¨¢gica novedad del 2024 en la inquietante escalada violenta del crimen hasta niveles que sobrepasan las capacidades del Estado para aplacarlo con los recursos actuales y cuerpos policiales limitados.

La amenaza viene de unas 340 organizaciones criminales que utilizan a m¨¢s de 200 sicarios identificados, seg¨²n las autoridades, y que mueven una cantidad de millones de d¨®lares suficiente para alterar las econom¨ªas locales e incluso provocar una fuerte ca¨ªda en el tipo de cambio, como sospechan distintos sectores.

Un mes atr¨¢s el ministro de Seguridad, Mario Zamora, admit¨ªa que las organizaciones criminales locales asociadas a bandas extranjeras generan una fuerza que ¡°rebasa el modelo policial vigente, la administraci¨®n de Justicia y las leyes¡±. Lo dec¨ªa, sin embargo, coincidiendo con otra noticia que marcaba ¡°una nueva etapa¡± en la situaci¨®n de violencia en el pa¨ªs, pues un agente fue asesinado por la ma?ana durante una operaci¨®n policial contra un grupo narcotraficante en un pueblo tur¨ªstico llamado Herradura, en la provincia Puntarenas (la de mayor crecimiento de homicidios en lo que va de 2024). Desde esta localidad de la costa del Pac¨ªfico, d¨ªas despu¨¦s, la polic¨ªa de investigaci¨®n reportaba detalles de una operaci¨®n inusual: extraer de un tanque de agua en una finca privada los restos descompuestos de cuatro personas.

¡°La acci¨®n violenta de este tipo de grupos ya no se circunscribe a la lucha entre bandas, tambi¨¦n se da paso a un enfrentamiento contra las fuerzas de orden p¨²blico¡±, lamentaba el ministro Zamora poniendo en duda uno de los mensajes frecuentes del presidente, Rodrigo Chaves. Este, para relativizar la crisis de inseguridad, ha insistido en que el peligro no es alto para las personas de bien y que ¡°los que andan en malos pasos se matan entre ellos¡±; incluso pide llamar a los homicidios ¡°bajas de combatientes en la guerra entre narcotraficantes¡±.

Las autoridades judiciales atribuyen a la lucha entre bandas al menos dos tercios de los homicidios, pero no eran ¡°combatientes¡± los escolares heridos en Siquirres, el polic¨ªa abatido en Herradura ni las 52 personas que murieron en 2023 como v¨ªctimas colaterales de asesinatos. Este dato triplic¨® al de 2022, public¨® el martes la plataforma de verificaci¨®n de datos Doble Check, como parte de numerosas noticias que volvieron a abordar en esta semana las implicaciones del ambiente de violencia. Algunas de ellas inclu¨ªan expertos dando recomendaciones sobre c¨®mo deben actuar las personas ante una balacera. ¡°Les comparto esta nota de prensa que puede ser ¨²til para nosotros. Es una tristeza en lo que se ha convertido este pa¨ªs¡±, comentaba una maestra jubilada el martes en un grupo de WhatsApp con sus vecinos.

La crisis de inseguridad no es algo nuevo. Se manifest¨® en los ¨²ltimos cinco a?os, se desat¨® en 2022 y alcanz¨® nuevo r¨¦cord en 2023 al alcanzar una cifra de 907 homicidios y una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes, pero en 2024 marca la discusi¨®n pol¨ªtica sobre las reformas legales necesarias o hasta d¨®nde el narcotr¨¢fico ha penetrado en instituciones del Estado o impacta en indicadores de la econom¨ªa que, a su vez, afectan a las actividades productivas. Las autoridades dan cuenta de peque?as mejor¨ªas en homicidios en ciertas zonas durante unas semanas, pero saben que ah¨ª sigue el ¡°c¨¢ncer¡±, como suele llamarlo el presidente Chaves. En estos primeros meses del a?o persiste un debate entre endurecer leyes o recuperar la menguada inversi¨®n social, mientras el mandatario con su estilo de pugnas se enfrasca en discusiones pol¨ªticas con otras instituciones del Estado a las cuales acusa de no hacer su tarea o de obstaculizar.

En medio de fricciones y la preocupaci¨®n creciente de los costarricenses por el crimen organizado y sus efectos, la Asamblea Legislativa dominada por partidos de oposici¨®n avanza con una lista de reformas legales que apuntan a aumentar los rangos de prisi¨®n preventiva y restringir las medidas alternativas para cumplimiento de condena, medidas que algunos especialistas estiman insuficientes. El Gobierno ha planteado tambi¨¦n penalizar a los menores de edad como si fueran adultos en casos de sicariato, adem¨¢s de permitir la extradici¨®n de nacionales sospechosos de narcotr¨¢fico, pero se enfrenta a l¨ªmites constitucionales y objeciones de expertos.

Otras voces piden la mano dura al estilo de Nayib Bukele en El Salvador, a quien el propio Chaves considera un referente en materia de seguridad, pero topan con el dise?o institucional y la tradici¨®n garantista de Costa Rica, as¨ª como grandes diferencias entre combatir a pandillas tipo maras y enfrentar bandas narcotraficantes con mucho dinero, soporte internacional y tent¨¢culos.

La preocupaci¨®n va m¨¢s all¨¢ del fin de la imagen pacifista del pa¨ªs y el riesgo de que se revierta el aumento de turistas e inversionistas. Asociaciones de empresarios del turismo y exportadores de productos tradicionales, como caf¨¦ y banano, pero tambi¨¦n de la din¨¢mica industria de la tecnolog¨ªa, han levantado las alertas por la fuerte apreciaci¨®n de la moneda local, el col¨®n, ante inusuales cantidades de d¨®lares que han entrado en los ¨²ltimos dos a?os. El valor local del d¨®lar ha ca¨ªdo un 25% en 18 meses y golpea a los productores que reciben sus ingresos desde el exterior. En febrero una bananera trasnacional despidi¨® a un centenar de trabajadores con el argumento de la insostenibilidad del tipo de cambio.

Mientras Chaves sostiene que la alta llegada de divisas es una se?al de ¨¦xito econ¨®mico de su Gobierno, por la recuperaci¨®n del turismo posterior a la pandemia y el crecimiento de inversiones extranjeras y exportaciones, el Banco Central admite que desconoce el origen del 48% de las divisas entrantes, pues ese porcentaje est¨¢ en una categor¨ªa que no exige identificar la procedencia. Por eso a partir de marzo se reformar¨¢ el registro de esas colocaciones, anunci¨® el Banco Central despu¨¦s de reiterar que no hay evidencias de la participaci¨®n de dinero proveniente de actividades criminales. Sin embargo, las sospechas se mantienen en distintos sectores y la pronunci¨® la semana anterior una integrante del Consejo Nacional de Supervisi¨®n del Sistema Financiero (Conassif). ¡°Podr¨ªa haber otras transferencias que incluyan transacciones il¨ªcitas dif¨ªciles de detectar, que no se han podido estimar, pero podr¨ªan resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo¡±, dijo la economista Sylvia Sabor¨ªo en un foro sobre la situaci¨®n monetaria de Costa Rica, junto a autoridades de Gobierno.

Analistas como ?lvaro Ramos, exviceministro de Seguridad, y otras voces cr¨ªticas achacan permisividad a las autoridades ante la amenaza del lavado de dinero mediante el sistema cambiario o en actividades como construcci¨®n, loter¨ªa ilegal, pr¨¦stamos informales y peque?os comercios. Hay grupos que temen que se consolide un ¡°narcoestado¡± en el pa¨ªs que a¨²n se cataloga como ejemplo de democracia y madurez institucional. A menudo se menciona la realidad de Ecuador. Chaves responde que su gobierno combate el narcotr¨¢fico como ning¨²n otro y para ello pretende instalar esc¨¢neres en todos los puestos fronterizos como ya operan en la principal terminal portuaria, ubicada en el Caribe, punto de lanzamiento de env¨ªos de coca¨ªna hacia Europa. As¨ª, dice, combate las ganancias de los grupos narcotraficantes, despu¨¦s de que los decomisos de droga y dinero sospechoso cayeron a la mitad en 2022, en el primer a?o de la actual administraci¨®n, sin que se recuperaran en 2023.

¡°Es un pa¨ªs no preparado para enfrentar lo que se est¨¢ viniendo y no por inoperancia, sino porque no era algo que se esperaran. Eso gener¨® que la institucionalidad y los marcos normativos no estuvieran preparados para esto, a diferencia de pa¨ªses del Tri¨¢ngulo Norte¡±, indic¨® el director de la organizaci¨®n independiente Crime Stoppers en una reciente entrevista en el medio Delfino.cr, aludiendo al marco legal pero tambi¨¦n a circunstancias culturales que se forjaron en las d¨¦cadas en que Costa Rica ve¨ªa como ajenas las urgencias de sus vecinos centroamericanos.

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