El r¨¦gimen de Ortega y Murillo se embols¨® m¨¢s de 250 millones de d¨®lares con la confiscaci¨®n de 135 propiedades en Nicaragua

En M¨¦xico y Centroam¨¦rica la palabra pi?ata se asocia, por lo general, a fiestas y celebraciones. La excepci¨®n es Nicaragua donde, desde 1990, tras la derrota de la Revoluci¨®n Sandinista en las urnas, decir ¡°la pi?ata¡± es evocar un temido fantasma: el de las confiscaciones de propiedades. Antes de entregar el poder a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, la nomenclatura sandinista se reparti¨® una gran cantidad de inmuebles y bienes p¨²blicos, incluida la casa en la que habitan Daniel Ortega y Rosario Murillo en la actualidad. Fue un zarpazo que le gener¨® al Estado nicarag¨¹ense una deuda de 2.000 millones de d¨®lares, una suma que hubiera tenido que terminar de pagar en 2023.

Sin embargo, antes de que el adeudo de ¡°la pi?ata¡± fuese saldado, Ortega vuelve a generar otra deuda a Nicaragua con una nueva etapa de confiscaciones, iniciada a partir de las protestas de 2018 como parte de su estrategia represiva contra todo aquel que se oponga al r¨¦gimen. Seg¨²n una investigaci¨®n del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupci¨®n (OPTA), de la organizaci¨®n Hagamos Democracia, hasta la fecha el oficialismo ha confiscado 135 propiedades por un valor que asciende a los 250 millones de d¨®lares.

Esta estimaci¨®n, sin embargo, ¡°es la punta del iceberg de la nueva pi?ata Ortega-Murillo¡±, subraya el documento. ¡°Esta investigaci¨®n no llega a ser una cuantificaci¨®n definitiva de lo confiscado por los Ortega-Murillo a partir de 2018, sino que es apenas un primer esfuerzo para documentar lo confiscado ilegalmente por el r¨¦gimen¡±, indica el trabajo. ¡°Hacer una cuantificaci¨®n de las nuevas confiscaciones es complejo por muchos factores: la informaci¨®n disponible es nula y el terror que impera en Nicaragua por la represi¨®n dificulta de forma superlativa que las v¨ªctimas se sientan seguras a compartir informaci¨®n¡±.

Despu¨¦s que los Ortega-Murillo reventaran con violencia letal las protestas en contra de su Gobierno en 2018, uno de los flancos represivos que abrieron fue la expropiaci¨®n de propiedades, a pesar que el art¨ªculo 44 de la Constituci¨®n Pol¨ªtica de Nicaragua proh¨ªbe tajantemente ¡°la confiscaci¨®n de bienes¡±. Un intento vano por evitar lo que ya se repite: la confiscaci¨®n de opositores en sus condiciones de ciudadanos, grandes empresarios, gremios del sector privado, peque?as y medianas empresas; organismos no gubernamentales, medios de comunicaci¨®n, universidades, Iglesia cat¨®lica y hasta sedes diplom¨¢ticas.

Empresarios cr¨ªticos golpeados

Aunque los Ortega-Murillo ya ejecutaban las confiscaciones de facto despu¨¦s de 2018, fue en febrero de 2023 cuando el Parlamento sandinista aprob¨® una reforma al art¨ªculo 20 de la Carta Magna, la cual estableci¨® que todo nicarag¨¹ense declarado como ¡°traidor a la patria se le despojar¨¢ de su nacionalidad¡± y sus ¡°bienes pasar¨¢n a nombre del Estado¡±. Hasta la fecha, 317 ciudadanos han sido desnacionalizados y v¨ªctimas de confiscaciones, pero el r¨¦gimen ha ido paulatinamente consumando la toma ilegal de propiedades. Han empezado por los inmuebles de mayor valor y los ubicados en zonas de alta plusval¨ªa.

No obstante, las confiscaciones tambi¨¦n se han extendido a personas que no han sido desnacionalizadas, como el empresario Piero Coen Ubilla. El empresario fue despojado de varias propiedades, incluido el complejo residencial y de oficinas Viejo Santo Domingo, cuyo valor total ronda los 100 millones de d¨®lares.

Adem¨¢s, los empresarios tambi¨¦n han sido confiscados de manera gremial: hasta abril de 2024, 35 c¨¢maras y asociaciones empresariales fueron canceladas por el r¨¦gimen. La investigaci¨®n del OPTA revela que el Gobierno no solo ha ido tras los inmuebles de los empresarios, sino que tambi¨¦n se ha adue?ado de las acciones que las c¨¢maras de la patronal ten¨ªan en otros negocios.

¡°En otras palabras, cuando la personer¨ªa jur¨ªdica de una c¨¢mara o una asociaci¨®n empresarial es disuelta por el Gobierno, todas las acciones que tengan ¨Cen cualquier compa?¨ªa, empresa o sociedad¨C pasan a ser propiedad del Estado de Nicaragua. A falta de informaci¨®n disponible en esta materia por razones de seguridad, es bien dif¨ªcil cuantificar el impacto. Sin embargo, las fuentes del sector privado hablan de un alcance muy alto y cr¨ªtico¡±, advierte el estudio.

El antecedente m¨¢s claro de la apropiaci¨®n de acciones es la del grupo espa?ol TSK Melfosur. En diciembre de 2020, por medio de una aprobaci¨®n ¡°extraordinaria¡± de una Ley de Aseguramiento Soberano y Garant¨ªa del Suministro de la Energ¨ªa El¨¦ctrica a la Poblaci¨®n Nicarag¨¹ense, las acciones que ten¨ªa en la distribuidora de energ¨ªa el¨¦ctrica Disnorte-Dissur pasaron oficialmente a manos del Estado.

El investigador de Di¨¢logo Interamericano Manuel Orozco explica en la investigaci¨®n que la raz¨®n de ser de estas confiscaciones de propiedades y acciones por parte del oficialismo ¡°es la b¨²squeda de un footprint de inversi¨®n y comercio expr¨¦s¡±. ¡°Las confiscaciones les est¨¢n dando el espacio de oportunidad de entrar y controlar el sector privado¡±, agrega el especialista.

Orozco sostiene que las propiedades de grandes empresarios pueden sumar 300 millones de d¨®lares, ya que hay casos que no se conocen p¨²blicamente. ¡°Es un negocio redondo, porque las confiscaciones son de naturaleza clientelista para dar premios¡±, prosigue Orozco.

Familiares de opositores afectados

Otra de las conclusiones que arroja la investigaci¨®n es que el r¨¦gimen Ortega-Murillo ha extendido las confiscaciones a los familiares de los desnacionalizados. Por ejemplo, el primero de febrero de 2024 la polic¨ªa ocup¨® en el balneario tur¨ªstico de San Juan del Sur un condominio de apartamentos propiedad de la familia Chamorro Barrios. La propiedad intervenida se llama Farall¨®n de Sotavento, cuyo valor, de acuerdo con un aval¨²o del a?o 2017, es de 2,2 millones de d¨®lares.

¡°Los propietarios fundadores de la sociedad condominio Farall¨®n de Sotavento fueron do?a Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos Pedro Joaqu¨ªn, Cristiana, Carlos Fernando (todos periodistas) y Claudia. Luego, la matriarca distribuy¨® las acciones del condominio de manera proporcional entre los hermanos. En 2017, Carlos Fernando y Pedro Joaqu¨ªn vendieron sus acciones a otros due?os. De los cuatro hermanos, s¨®lo Claudia Chamorro Barrios no fue desnacionalizada por el r¨¦gimen. Sin embargo, la propiedad ha sido confiscada en su totalidad¡±, recoge la investigaci¨®n.

El informe del OPTA ahond¨® en las propiedades pertenecientes a opositores desnacionalizados, empresarios y c¨¢maras empresariales, universidades privadas y medios de comunicaci¨®n. Por ahora, a diferencia de la primera ¡°pi?ata¡±, el documento revela que las propiedades han sido otorgadas ilegalmente a instituci¨®n p¨²blicas: al Instituto Nicarag¨¹ense de Seguridad Social (INSS), Instituto Tecnol¨®gico Nacional (INATEC), el Instituto Nacional de Promoci¨®n de la Competencia (Procompetencia) y el Ministerio de Salud (MINSA).

¡°Existe poca o nula informaci¨®n sobre las propiedades cuyas confiscaciones ya han sido consumadas por el r¨¦gimen Ortega-Murillo. En esto influyen dos factores: el habitual secretismo que impera en el aparato p¨²blico, en especial en la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), y el temor de las v¨ªctimas para denunciarlo por temor a m¨¢s represalias¡±, insiste el OPTA.

¡°Esta investigaci¨®n logra documentar la confiscaci¨®n consumada de 135 propiedades. El valor total de ellas asciende a los 250 millones de d¨®lares. Sin embargo, este monto es apenas la punta del iceberg de las confiscaciones [...]. Este primer ejercicio de cuantificaci¨®n, al ser un n¨²mero inicial, calculado a partir de la escasa informaci¨®n disponible, debe ser visto como un punto de partida para una deuda ingente que crece todos los d¨ªas, y que todos los nicarag¨¹enses deber¨¢n pagar en un futuro¡±, alertan.

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