Una multitud silenciosa marcha en Montevideo por los desaparecidos en dictadura

Las madres y los familiares de los detenidos desaparecidos en la dictadura uruguaya (1973-1985) volvieron a marchar este lunes en Montevideo, acompa?ados de una multitud silenciosa y detr¨¢s de la consigna: ¡°Ellos saben d¨®nde est¨¢n. Exigimos respuestas¡±. Sin divisas partidarias y con las im¨¢genes de los 197 desaparecidos, la edici¨®n n¨²mero 29 de la Marcha del Silencio congreg¨® a varias generaciones de uruguayos que reivindicaron el emblem¨¢tico ¡°nunca m¨¢s terrorismo de Estado¡± y exigieron la determinaci¨®n de los gobernantes frente al silencio de los militares. La manifestaci¨®n tuvo lugar casi un a?o despu¨¦s del hallazgo, en un predio militar, de los restos de una mujer v¨ªctima de la represi¨®n, cuya identidad a¨²n no se conoce debido al mutismo castrense.

Este 20 de mayo la capital uruguaya amaneci¨® con 6 grados y la recia humedad de siempre. Y en la noche, el fr¨ªo segu¨ªa siendo la nota dominante cuando miles de uruguayos llenaron la avenida 18 de julio, la principal de Montevideo, para pedir que se conozca la verdad sobre las personas detenidas y desaparecidas en dictadura. En silencio, marcharon junto a las pocas madres que siguen con vida y acompa?aron a las parejas de las v¨ªctimas, sus hermanos, hijos y nietos. Hab¨ªa muchos rostros j¨®venes, que van cobrando protagonismo conforme pasa el tiempo. ¡°Pasaron 50 a?os y la informaci¨®n sigue encerrada y silenciada¡±, dice a EL PAIS Luna Prieto, de 29 a?os. Su abuelo era Ruben Prieto, militante de izquierda que hab¨ªa escapado de la dictadura uruguaya y termin¨® secuestrado en Argentina en 1976 con 24 a?os. Desde entonces permanece desaparecido. El de Prieto es otro de los casos en que se ignora si, tras ser detenido, fue trasladado y asesinado en Uruguay en el marco del Plan C¨®ndor, que coordin¨® la represi¨®n y el intercambio de prisioneros entre las dictaduras de la regi¨®n.

¡°Quisiera que mi bisabuela pudiera irse con una respuesta, pero entiendo que tal vez nunca la tengamos¡±, sostiene Prieto. Se refiere a Milka Gonz¨¢lez, madre de Ruben, que lleva 40 de sus 96 a?os en busca del paradero de su hijo y de quienes corrieron con igual suerte. ¡°Sigue viviendo con un dolor muy grande, pero muy activa en las reuniones y viniendo a las marchas¡±, agrega su bisnieta. Para Prieto, la falta de determinaci¨®n pol¨ªtica necesaria para romper el silencio de los militares ha vuelto a ser evidente en los meses que han transcurrido desde que se encontraran los restos de una mujer v¨ªctima de la represi¨®n, en un predio del Ej¨¦rcito al sur de Uruguay. ¡°Siguen sin decir nada¡±, protesta Prieto, recordando que todav¨ªa no se conoce la identidad de esa persona, pese a que el hallazgo se produjo a principios de junio de 2023: ¡°Es muy grave lo que sucedi¨® y sigue sucediendo¡±. Hasta el momento se han encontrado e identificado en territorio uruguayo los restos de seis desaparecidos. Sus nombres permanecer¨¢n en la lista de los 197, afirman madres y familiares, mientras sus historias no se conozcan cabalmente.

Entre las fotograf¨ªas que encabezan la marcha estaba la de Miguel ?ngel R¨ªo, uruguayo secuestrado en Buenos Aires en 1977. Ten¨ªa 29 a?os. En su caso, existen elementos y testimonios que permiten suponer que fue trasladado clandestinamente y desaparecido en Uruguay. El hijo de R¨ªo, Valent¨ªn, ten¨ªa seis meses cuando su padre fue visto por ¨²ltima vez con vida. ¡°La marcha es el hito que en el a?o da cuenta de la vigencia del tema, no s¨®lo para los familiares, sino para la sociedad en general¡±, dice a EL PAIS Valent¨ªn R¨ªo, de 46 a?os. Considera que en Uruguay ha habido avances, como el reconocimiento de la existencia de la desaparici¨®n forzada y la aparici¨®n de algunos restos de v¨ªctimas, pero no ha existido la decisi¨®n pol¨ªtica necesaria para esclarecer cabalmente estos cr¨ªmenes de la dictadura. ¡°La sociedad todav¨ªa tiene resacas de impunidad muy importantes¡±, remarca. Su propia historia da cuenta de ello: ¡°Yo no s¨¦ a ciencia cierta qu¨¦ pas¨® con mi padre, d¨®nde est¨¢ enterrado, cu¨¢l fue la mano ejecutora. Toda esa informaci¨®n sabemos que existe y el Estado tiene sus instrumentos, sobre todo a trav¨¦s de la Justicia, para poder alcanzarla¡±, se?ala.

La Marcha del Silencio se lleva a cabo todos los 20 de mayo, d¨ªa en que fueron asesinados en 1976 los uruguayos Zelmar Michelini, H¨¦ctor Guti¨¦rrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, en Argentina. Cuando tuvo lugar la primera manifestaci¨®n, en 1996, las madres y familiares de los desaparecidos no hab¨ªan sido recibidos por las autoridades democr¨¢ticas e institucionalmente se negaba el asunto, aseguran. No los recibi¨® el expresidente Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), ni tampoco Luis Lacalle Herrera (1990-1995). Reci¨¦n en el a?o 2000, el entonces presidente Jorge Batlle (Partido Colorado) reconoci¨® el problema y marc¨® un hito con la instauraci¨®n de la Comisi¨®n para la Paz. En 2005, bajo el primer Gobierno del Frente Amplio (centroizquierda), comenz¨® la b¨²squeda de los desaparecidos en territorio uruguayo, con un obst¨¢culo que se ha mantenido como marchamo: El pacto de silencio de los militares. Y cuando ha habido versiones sobre el destino de los cuerpos, han sido contradictorias y desmentidas por la v¨ªa de los hechos, tal y como ha constatado la Instituci¨®n Nacional de Derechos Humanos.

En la primera marcha estuvo Elena Zaffaroni, viuda de Luis Eduardo Gonz¨¢lez, detenido y desaparecido en Uruguay a fines de 1974. En di¨¢logo con EL PAIS, Zaffaroni recuerda que aquella manifestaci¨®n hab¨ªa sido impulsada por la familia de Michelini, legislador asesinado, por el bloqueo que hab¨ªa en la justicia. ¡°La sociedad ha estado a la altura, pero no los gobiernos¡±, expresa. En ese sentido destaca la masiva participaci¨®n ciudadana en la Marcha del Silencio, pero tambi¨¦n la movilizaci¨®n que hay m¨¢s all¨¢ de este d¨ªa clave. Deportistas, tambi¨¦n cantantes, fot¨®grafos y cineastas, ejemplifica Zaffaroni, adhieren a esta causa desde su ¨¢mbito de trabajo con mensajes contundentes, por la memoria y contra el terrorismo de Estado. ¡°Hemos sido cr¨ªticos con todos los gobiernos¡±, agrega, ¡°porque ninguno entreg¨® a los desaparecidos¡±. ¡°Ellos son los que tienen el poder y la responsabilidad de hacerlo¡±, subraya.

En la misma direcci¨®n reflexiona Pablo Chargo?ia, abogado especializado en derechos humanos. ¡°La premisa es que los enterradores no aportan informaci¨®n; apostar a una especie de arrepentimiento o de reserva ¨¦tica del secuestrador, es una quimera¡±, dice Chargo?ia a este peri¨®dico. Para el experto, una de las objeciones que se le puede hacer al Estado uruguayo es la falta de un dise?o estatal para que las investigaciones relacionadas con estos casos sigan un plan de mayor eficacia y de mejores resultados. Se necesita, en su opini¨®n, m¨¢s personal a cargo de las investigaciones, mayor experticia y coordinaci¨®n en materia de archivos. ¡°La investigaci¨®n deber¨ªa desarrollarse en forma coordinada y eso no lo vemos¡±, explica este abogado asesor del Observatorio Luz Ibarburu, red de organizaciones que trabaja en la defensa de los derechos humanos.

Chargo?ia apunta que Uruguay avanza lentamente en la imputaci¨®n de delitos del pasado reciente y en los juicios a sus responsables. ¡°Hay aproximadamente 80 exagentes de la dictadura que han sido sometidos a juicio. Algunos de ellos fueron condenados, otros est¨¢n en proceso, m¨¢s de 20 personas fallecieron¡±, puntualiza. Seg¨²n el Observatorio Ibarburu, en 2023 hab¨ªa 29 represores recluidos en c¨¢rceles, pero que podr¨ªan beneficiarse de la prisi¨®n domiciliaria en caso de aprobarse un proyecto de ley que se discute en el Parlamento uruguayo. As¨ª lo advirtieron tres relatores de la ONU, que en abril plantearon sus objeciones en una carta enviada al Gobierno. Chargo?ia coincide: ¡°Acompa?o la objeci¨®n de los relatores en tanto estas situaciones ponen en riesgo los juicios, banalizan el da?o cometido por el crimen de lesa humanidad y agravian a las v¨ªctimas¡±, concluye.

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