A una adolescente discapacitada la violaron y la obligaron a dar a luz: su madre est¨¢ acusada de negligencia y el violador, libre

Su madre lo not¨® en julio. Percibi¨® un peque?o bulto en el abdomen de su hija Luz (nombre ficticio) que la preocup¨®. Fueron a urgencias y recibieron una noticia que do?a Flor ni siquiera hab¨ªa sospechado: su hija de apenas 14 a?os estaba embarazada de cuatro meses. Dada la condici¨®n de discapacidad cognitiva severa de Luz, que no le permite hablar ni moverse por s¨ª misma, el ¨²nico escenario posible era la violaci¨®n. Tras denunciarlo, no solo no encontraron justicia, sino que la menor fue institucionalizada y alejada de su madre. El Estado de Rep¨²blica Dominicana la acusa de negligencia, ya que considera que la adolescente ¡°fue abusada sexualmente estando bajo responsabilidad de la madre¡±. Luz tambi¨¦n fue obligada a dar a luz a pesar de que los doctores auguraban un embarazo de alto riesgo y actualmente est¨¢ hospitalizada tras sufrir una preclampsia que la tuvo incluso en cuidados intensivos. El violador sigue libre.

El 21 de agosto pasado, un juez decidi¨® aplicar una orden de protecci¨®n y remisi¨®n de la adolescente para que comenzara a vivir en las instalaciones del Consejo Nacional para la Ni?ez y la Adolescencia (Conani). Ingres¨® el 4 de septiembre, con seis meses de embarazo, ninguna cara conocida dentro y sin apenas visitas de su madre, a pesar de que la sentencia dictaba dos visitas al mes. La se?ora Flor pas¨® un mes sin siquiera conocer el paradero de su hija y su nieta, y apenas pudo hacer dos visitas en tres meses, seg¨²n informa su abogada. Tampoco le dieron parte del estado de salud de su hija, ni informaci¨®n sobre c¨®mo avanzaba el embarazo, ni el d¨ªa de la programaci¨®n de la ces¨¢rea, de acuerdo con el seguimiento de Estefanny Molina, directora legal para Am¨¦rica Latina y el Caribe de Women¡¯s Link Worldwide, litigante de un proceso penal en curso.

¡°Este caso es una cadena enorme de negligencias y fallos del Estado¡±, se?ala la abogada. ¡°Es un caso puro y duro de violencia obst¨¦trica en el que se han violado repetidamente los derechos de la menor y su autonom¨ªa reproductiva. Nos recuerda mucho al caso de Esperancita¡±, cuenta. Esperancita fue una adolescente que muri¨® con 16 a?os porque los doctores primaron el embarazo antes que su leucemia. Su madre, do?a Rosa, lleva m¨¢s de una d¨¦cada repitendo lo mismo: ¡°A mi hija la mat¨® el Estado dominicano¡±. Su caso est¨¢ en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Tanto Luz como Flor (tambi¨¦n nombre ficticio para proteger la identidad de la madre) encarnan varios de los males que sufren las mujeres en un pa¨ªs en el que el aborto est¨¢ prohibido bajo cualquier circunstancia. Seg¨²n datos de la Oficina Nacional de Estad¨ªstica y el Ministerio de la Mujer del a?o 2018, en el pa¨ªs caribe?o una de cada dos mujeres ha sido v¨ªctima de violencia a lo largo de su vida y el 29% de las supervivientes de delitos sexuales reportados son menores de edad.

La tendencia es que estas cifras se disparan cuando las v¨ªctimas de violencia tienen alg¨²n tipo de discapacidad. Sin embargo, el pa¨ªs no recoge datos segregados por esta condici¨®n. Esto supone para Cristina Francisco, directora del C¨ªrculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis), ¡°otra dificultad m¨¢s¡±: ¡°Sin datos es muy dif¨ªcil que hagan pol¨ªticas p¨²blicas para las mujeres con discapacidad. Y las que ya existen, no se cumplen¡±, cuenta en alusi¨®n a la Ley 0513. Esta norma contempla la obligaci¨®n del Estado de proteger de violencias a las mujeres y ni?as espec¨ªficamente. Sin embargo, no existen lineamientos claros.

Para Flor, este proceso ha sido un martirio. Al dolor de las violencias hacia su hija se ha sumado a lo que considera una revictimizaci¨®n en los tribunales y al se?alamiento p¨²blico de muchos medios locales quienes, como el jurado, la han culpado a ella. El enfoque amarillista y la publicaci¨®n de nombres reales y datos personales de su familia est¨¢ siendo ¡°muy dif¨ªcil de soportar¡±, cuenta Molina, quien habla en su nombre tras su negativa de aparecer en m¨¢s medios.

Otra de las voces m¨¢s cr¨ªticas e injustas ha sido la del director del centro en el que est¨¢ ingresada su hija, el Hospital Regional Presidente Estrella Ure?a de Santiago, quien ha dado varias declaraciones a la prensa local hablando de la ¡°estabilidad¡± de Luz y dando fechas de alta que nunca llegan. ¡°Hasta ahora est¨¢ muy estable, posiblemente hoy o ma?ana se egrese¡±, dijo el martes 17 de diciembre. Ortega explic¨® que las ¡°complicaciones¡± que ha tenido se deben a su propio cuadro m¨¦dico, y no por el embarazo de riesgo en una ni?a. ?l asegura que el deteriorado estado de salud ¡ªpor el que ha estado incluso en coma¡ª se debe a un proceso normal de cualquier ces¨¢rea.

No obstante, de acuerdo con el Fondo de Poblaci¨®n de las Naciones Unidas (Unfpa), las ni?as y adolescentes embarazadas tienen mayores probabilidades de sufrir complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. En las adolescentes menores de 15 a?os, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces m¨¢s que en partos de mujeres mayores de 20 a?os.

Este caso est¨¢ siendo tambi¨¦n muy vigilado por los grupos antiabortistas del pa¨ªs. ¡°Ellos tambi¨¦n le est¨¢n echando la culpa a la mam¨¢ de la violencia sexual que sufri¨® Luz¡±, explica Molina. ¡°Nosotras hemos dicho por activa y por pasiva que el ¨²nico responsable es el violador¡±. Si bien hay medios locales que han dado nombres y apellidos del supuesto perpetrador, tanto la familia como la abogada prefieren no dar declaraciones al respecto ¡°para que la investigaci¨®n siga su curso¡±. Pero confirman que sospechan de alguien del entorno pr¨®ximo a la menor, como sucede en la inmensa mayor¨ªa de casos de abuso a menores en los que los violadores son parte del c¨ªrculo m¨¢s cercano de la v¨ªctima: padre, padrastro, abuelo o hermano.

¡°Antes que ser personas con discapacidad, somos mujeres¡±

Francisco considera que el caso de Luz ha sido expuesto a tantas violencias precisamente por ser el espejo de la interseccionalidad. Adem¨¢s de ser ni?a, viene de un entorno rural, con condiciones empobrecidas y tiene una discapacidad. ¡°Es por eso que se han vulnerado mucho m¨¢s sus derechos¡±, zanja. Para la activista, el tab¨² sobre la sexualidad de las mujeres con discapacidad tambi¨¦n ha creado ¡°percepciones equivocadas¡± muy da?inas. ¡°Piensan que no nos enamoramos, no tenemos relaciones o nunca decidir¨ªamos abortar. Es errado. Nosotras reclamamos nuestros derechos sexuales y reproductivos como cualquier otra mujer¡±, explica por tel¨¦fono. ¡°Antes que ser personas con discapacidad, somos mujeres¡±.

Sin embargo, Rep¨²blica Dominicana priva al 50% de su poblaci¨®n a decidir sobre su propio cuerpo. La isla es uno de los cinco pa¨ªses latinoamericanos (junto a Nicaragua, Honduras, Hait¨ª y El Salvador) que proh¨ªben la interrupci¨®n del embarazo bajo cualquier causal. Las penalizaciones para quienes aborten van de seis meses a 20 a?os en prisi¨®n, adem¨¢s de castigar a los profesionales de la salud que practican el procedimiento. Ni una violaci¨®n o incesto, ni que el feto tenga una enfermedad incompatible con la vida, ni el riesgo a que la madre muera son suficientes en el pa¨ªs para interrumpir un embarazo.

Mientras la principal lucha del movimiento feminista del pa¨ªs es la despenalizaci¨®n del aborto por estas tres causales, se siguen muriendo ni?as y mujeres mientras que el Senado impide una y otra vez la actualizaci¨®n de un C¨®digo Penal vigente desde 1884. ¡°En el caso de Luz, como en el de Esperancita y tantos otros, lo ¨²nico que le preocup¨® al Estado fue que el embarazo se llevara a t¨¦rmino¡±, lamenta Molina. ¡°Luz les dio igual¡±.