Cuando las leyes antiaborto matan: las centroamericanas que est¨¢n abriendo el camino

EL PA?S ofrece en abierto la secci¨®n Am¨¦rica Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscr¨ªbete aqu¨ª.

Beatriz ten¨ªa apenas 21 a?os, un hijo de nueve meses y muchas dificultades econ¨®micas cuando le detectaron lupus. Un a?o despu¨¦s, en marzo de 2013, se enter¨® de que estaba embarazada por segunda vez en la sala de urgencias de un hospital salvadore?o. Al hacerse las primeras ecograf¨ªas, hasta 15 m¨¦dicos le recomendaron abortar ya que el feto estaba creciendo sin cr¨¢neo ni cerebro y el embarazo debilitar¨ªa a¨²n m¨¢s su delicada salud. De llegar al parto, no sobrevivir¨ªa. Pero, en uno de los cinco pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe donde el aborto est¨¢ prohibido en cualquier circunstancia, a la mujer le result¨® muy complicado acabar con el embarazo que pon¨ªa en riesgo su vida. En El Salvador y, a pesar de los avisos, a Beatriz todos le dieron la espalda: el Estado, los sanitarios y la justicia. Y pese a que finalmente intervino el sistema interamericano de justicia ya era demasiado tarde. El resultado fue irreparable: la muerte evitable de una joven, un ni?o que hoy tiene diez a?os hu¨¦rfano y toda una familia a la que le cambi¨® la vida. La legislaci¨®n, sin embargo, sigue intacta.

La Constituci¨®n salvadore?a no permite la interrupci¨®n del embarazo bajo ning¨²n supuesto alegando que la vida empieza en la concepci¨®n. Seg¨²n el C¨®digo Penal de ese pa¨ªs, las mujeres que abortan voluntaria o involuntariamente son asesinas. ¡°Matani?os¡±, les dicen en la calle y en la c¨¢rcel a las acusadas de aborto, entre quienes est¨¢n mujeres que han sufrido emergencias obst¨¦tricas. Las penas llegan a los 50 a?os para ellas y 12 a?os para los m¨¦dicos que las ayudan. ¡°En el caso de la Justicia¡±, murmura por tel¨¦fono Humberto, hermano de Beatriz, ¡°ellos simplemente priorizaron la vida del feto antes que la de mi hermana¡±.

Pese a la prohibici¨®n total, la historia de Beatriz conmovi¨® a parte de un pa¨ªs que lleva d¨¦cadas peleando por los derechos sexuales y reproductivos de la mitad de la poblaci¨®n. En 2013, su caso lleg¨® al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la mano de los abogados de la Agrupaci¨®n Ciudadana para la Despenalizaci¨®n del Aborto Terap¨¦utico de El Salvador, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ipas y la Colectiva Feminista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) oblig¨® al Estado a facilitar su aborto. Beatriz logr¨® interrumpir su embarazo 81 d¨ªas despu¨¦s de la petici¨®n, pero su cuerpo no resisti¨® a la enfermedad que ya padec¨ªa y que seg¨²n los m¨¦dicos se vio agravada por el embarazo. El 8 de octubre de 2017 la mujer falleci¨® tras un leve accidente de tr¨¢nsito por su debilitad¨ªsima condici¨®n f¨ªsica.

¡°Espero que mi ejemplo sirva para que otras mujeres no pasen por lo que yo sufr¨ª¡±, escribi¨® Beatriz en una carta a mediados de 2013. Este mi¨¦rcoles, su deseo podr¨ªa empezar a hacerse realidad. La Corte IDH llevar¨¢ a cabo la primera audiencia de un caso hist¨®rico: Beatriz vs El Salvador en el que por primera vez el m¨¢ximo ¨®rgano de justicia de la regi¨®n discute los graves impactos de la penalizaci¨®n absoluta del aborto en el pa¨ªs centroamericano. El fallo podr¨ªa agrietar una de las legislaciones m¨¢s restrictivas del mundo y sentar un precedente para los otros cuatro pa¨ªses de Am¨¦rica Latina que a¨²n condenan a mujeres por abortar: Nicaragua, Rep¨²blica Dominicana, Hait¨ª y Honduras.

¡°En Centroam¨¦rica vivimos una regresi¨®n de los derechos humanos de las mujeres. El resurgir del conservadurismo y el autoritarismo implica una enorme p¨¦rdida de derechos. Y los primeros en caer siempre son los nuestros¡±, afirma, en declaraciones a Am¨¦rica Futura, Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora del Programa para Centroam¨¦rica y M¨¦xico del CEJIL. ¡°Estamos ante un momento clave para la vigencia de nuestros derechos¡±.

Su historia es la ¨²ltima en una larga sucesi¨®n de mujeres que tambi¨¦n se enfrentaron a Goliat. Manuela, en El Salvador, Esperancita, en Rep¨²blica Dominicana, Amelia, en Nicaragua, o Ana y Aurora, en Costa Rica. Todas ellas perdieron su vida o su salud mental por legislaciones draconianas que les impidieron decidir sobre sus cuerpos. La Corte IDH tiene en sus manos la historia de muchas como ellas.

Estos son sus casos:

¡°El Estado le fall¨®¡±

Manuela, El Salvador. Muri¨® en la c¨¢rcel con 33 a?os.

Manuela muri¨® en la c¨¢rcel el 30 de abril de 2010. Dos a?os antes, hab¨ªa sido condenada a 30 a?os de prisi¨®n por homicidio agravado. La llevaron presa por haber sido v¨ªctima de una emergencia obst¨¦trica en la letrina de su humilde casa en una zona rural de El Salvador. La denunciante, la m¨¦dica a la que acudi¨® a pedir ayuda, declar¨® que se hab¨ªa provocado ella misma el aborto para esconder una infidelidad. Su caso se llev¨® a la Corte IDH y esta emiti¨® un fallo hist¨®rico. ¡°La Corte rescata que las emergencias obst¨¦tricas, por tratarse de una condici¨®n m¨¦dica, no pueden dar lugar autom¨¢ticamente a una sanci¨®n penal¡±, dijo el tribunal. Si bien la sentencia no tuvo como centro del debate el derecho al aborto, puso el foco en la persecuci¨®n que sufren las mujeres incluso cuando involuntariamente sufren uno. As¨ª se empez¨® a agrietar el blindaje de la penalizaci¨®n absoluta en la regi¨®n.

Desde la decisi¨®n de la doctora en adelante, todos violaron los derechos de Manuela. Se ignor¨® el secreto profesional m¨¦dico, se prioriz¨® un interrogatorio policial a pesar de que segu¨ªa convaleciente, se la espos¨® a la camilla durante varios d¨ªas, pidieron a los padres ¡ªque, como Manuela, no sab¨ªan leer ni escribir¡ª que firmaran un testimonio en contra de su hija, la polic¨ªa y los abogados que acudieron al hospital la tildaron de ¡°mujer ligera¡±...

¡°Toda la cadena de ayuda del Estado le fall¨®. Y, adem¨¢s, su juicio estuvo plagado de estereotipos de g¨¦nero¡±, explica Fernanda Vanegas, directiva asociada de Incidencia y Relaciones Externas en el Centro de Derechos Reproductivos, el equipo litigante del caso. La sentencia de la Corte IDH de 2021 orden¨® a regular el secreto profesional m¨¦dico, a desarrollar un protocolo para atender la atenci¨®n de emergencias obst¨¦tricas, a capacitar a los sanitarios y a crear un plan integral de educaci¨®n. Un a?o despu¨¦s, El Salvador ha puesto en marcha ¡°t¨ªmidamente¡± apenas los dos primeros puntos. ¡°Los protocolos no son perfectos pero est¨¢n, ya existen. Hay otras consideraciones sobre qu¨¦ tanto son difundidos, pero est¨¢n bajo otras medidas pendientes¡±.

Otro de los grandes hitos del litigio fue que el tribunal reconociera que los procesos judiciales estuvieron sesgados por el hecho de que Manuela era mujer. As¨ª, la Corte IDH inst¨® a que se formara a los magistrados para que se deshicieran de estos estereotipos de g¨¦nero ¡°que suelen elaborar los jueces y fiscales acerca de lo que consideran un comportamiento apropiado de las mujeres¡±.

La Agrupaci¨®n Ciudadana para la Despenalizaci¨®n del Aborto Terap¨¦utico ha identificado al menos a otras 140 mujeres en los ¨²ltimos 20 a?os como v¨ªctimas de persecuci¨®n por emergencias obst¨¦tricas. Rosita fue la ¨²ltima en salir de la c¨¢rcel por un caso similar, fruto adem¨¢s de una violaci¨®n. A¨²n quedan otras seis mujeres entre rejas.

¡°Pusieron por delante la vida de un feto que la de mi hija¡±

Esperancita, Rep¨²blica Dominicana. Muri¨® con 16 a?os.

Hace 11 a?os que do?a Rosa se levanta y se acuesta sintiendo el peso del otro lado de la cama vac¨ªa. El 2 de julio de 2012, Rosaura Almonte Hern¨¢ndez, conocida como ¡®Esperancita¡¯, acudi¨® al m¨¦dico por altas fiebres y le dieron dos diagn¨®sticos: embarazo de siete semanas y ¡°un problema grave en la sangre¡±. Semanas despu¨¦s supieron que era leucemia linfobl¨¢stica aguda. Necesitaba quimioterapia urgente y, sin embargo, se le neg¨® porque su tratamiento no era compatible con la vida del feto. El 17 de agosto, 46 d¨ªas despu¨¦s de su hospitalizaci¨®n, sufri¨® un aborto espont¨¢neo y un paro respiratorio que acab¨® con su vida. ¡°Pusieron por delante la vida de un feto que la de mi hija. A mi hija la mataron. La mat¨® el Estado dominicano¡±, cuenta mediante una videollamada do?a Rosa, quien perdi¨® a su ¨²nica hija.

El caso de Esperancita dio la vuelta al mundo y visibiliz¨® la situaci¨®n de un pa¨ªs que no les garantiza a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos. Hace apenas dos meses que la reforma del C¨®digo Penal dejaba atr¨¢s nuevamente una de las principales peticiones sociales del pa¨ªs caribe?o: que el aborto se permita cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el feto tiene una condici¨®n incompatible con la vida o cuando el embarazo sea fruto de una violaci¨®n o incesto; lo que se conoce por las tres causales. Sin embargo, sali¨® adelante igual que hace 139 a?os que se redact¨®: llamando homicidas a quienes interrumpen el embarazo.

¡°Cuando el aborto es penalizado, es dif¨ªcil conocer con exactitud historias como las de Esperancita. Como las mujeres se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros por fuera del sistema de salud, hay un enorme subregistro. Muchas pueden morir o tener complicaciones de salud y no nos enteramos¡±, explica Marcia Aguiluz, directora Legal para Am¨¦rica Latina en Women¡¯s Link Worldwide. ¡°Es necesario que discutamos el acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo con base en la evidencia, no en opiniones¡±, zanja.

Do?a Rosa interpuso dos procesos en Rep¨²blica Dominicana: una denuncia penal por la negligencia m¨¦dica y otra en sede contenciosa-administrativa para que se declare la responsabilidad del Ministerio de Salud al no regular adecuadamente el hospital que atendi¨® a Esperancita y asegurar la atenci¨®n que ella necesitaba. La primera demanda sigue impune y, en el ¨²ltimo caso, ante dos rechazos iniciales, se encuentra en espera para ser resuelto en la Corte Suprema. Adem¨¢s, el caso fue recientemente admitido para ser valorado por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¡°En mi pa¨ªs me ignoran. Pero si tengo que ir pa¨ªs a pa¨ªs contando lo que le hicieron a mi hija, lo voy a hacer. Se tiene que hacer justicia. Necesito que alguien lo reconozca¡±, cuenta.

¡°Le dijeron que [el embarazo] era compatible con la quimioterapia¡±

Amelia, Nicaragua. Muere con 28 a?os.

En 2007, Nicaragua dio un paso hacia atr¨¢s en materia de derechos sexuales de la mujer al incluir en la reforma del C¨®digo Penal la interrupci¨®n del aborto como delito. Dos a?os despu¨¦s, Amelia encarn¨® ese enorme retroceso jur¨ªdico, en un caso muy similar al de Esperancita. Le diagnosticaron un embarazo y un c¨¢ncer que requer¨ªa quimioterapia urgentemente. Despu¨¦s de varias negativas del Estado a que accediera al tratamiento, y solo tras la r¨¢pida intervenci¨®n de la CIDH, pudo recibir la medicaci¨®n para su enfermedad, con una condici¨®n: que llevara a cabo su embarazo ya que ambos eran ¡°perfectamente compatibles¡±.

El propio ministro de Salud de entonces, y actual responsable de la cartera del Sistema Nacional para la Prevenci¨®n, Mitigaci¨®n y Atenci¨®n de Desastres Guillermo Gonz¨¢lez anunci¨® que ¨¦l mismo sacar¨ªa de su bolsillo el dinero para esos ¡°medicamentos especiales¡± tra¨ªdos de Europa. Siete meses despu¨¦s de acceder al tratamiento sin m¨¢s informaci¨®n que el eco de los medios de comunicaci¨®n sobre el caso, y con una inestable y precaria atenci¨®n m¨¦dica, tuvo un aborto espont¨¢neo en su casa y falleci¨® con 28 a?os, dejando hu¨¦rfana a una ni?a de 11.

¡°La obligaron a seguir con el embarazo porque le mintieron¡±, explica por videollamada Mayte Ochoa, feminista nicarag¨¹ense y parte del equipo latinoamericano de IPAS. ¡°Violaron todos sus derechos. No la dejaron decidir, entorpecieron la conversaci¨®n con sus abogadas y otras organizaciones feministas, le negaron la atenci¨®n m¨¦dica y cuando se la dieron lo hicieron mal... Tambi¨¦n la infantilizaron d¨¢ndole informaci¨®n falsa¡±, dice. El caso de Amelia fue el primero de la regi¨®n en recibir medidas cautelares de la CIDH. ¡°Es un precedente claro y un ejemplo de que los Estados hacen todo lo posible por ignorarlas. En escenarios similares solo el sistema interamericano ha hecho espacio para la justicia¡±.

¡°Aunque exista el aborto terap¨¦utico, en la burocracia se pierde¡±

Ana y Aurora, Costa Rica. Ambas sufren a¨²n graves problemas de salud mental.

Si bien la gran mayor¨ªa de la regi¨®n ha despenalizado el aborto, los datos m¨¢s recientes muestran que 757.000 mujeres son tratadas cada a?o por complicaciones derivadas de abortos clandestinos solo en Am¨¦rica Latina y el Caribe. La ausencia de reglamentos y protocolos de atenci¨®n y la falta de infraestructura sanitaria para garantizar el acceso a este derecho est¨¢n detr¨¢s de estas alarmantes cifras. Costa Rica es un ejemplo claro de lo que pasa cuando la excepci¨®n al delito del aborto solo lo recoge el papel.

Este pa¨ªs es de los pocos en Centroam¨¦rica que permite el aborto terap¨¦utico, de acuerdo con el art¨ªculo 121 del C¨®digo Penal, pero la norma tiene m¨¢s de vac¨ªo legal que de garantismo. En Costa Rica no existen gu¨ªas sanitarias que indiquen al personal de salud c¨®mo llevar a cabo la interrupci¨®n del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer peligran. Este enorme hueco en la legislaci¨®n lo sufrieron en 2007 y 2012 Ana y Aurora, dos mujeres que quedaron embarazadas y a cuyos fetos se les diagnosticaron malformaciones incompatibles con la vida fuera del ¨²tero. Pese a este diagn¨®stico, ambas fueron obligadas a mantener un embarazo inviable y sufrir las numerosas secuelas f¨ªsicas y psicol¨®gicas de dar a luz a un feto muerto. Secuelas que se manifiestan en la actualidad con ataques de ansiedad, depresi¨®n e inhibici¨®n social. Ana decidi¨® incluso esterilizarse en 2013, pues no concibe la idea de quedar embarazada y tener que volver a atravesar algo parecido. ¡°Aunque exista el aborto terap¨¦utico, en la burocracia se pierde¡±, explica Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.

Las familias de ambas mujeres y la entidad llevaron el caso a la CIDH, que ya admiti¨® el caso y lo est¨¢ estudiando. Pero en Costa Rica, la excepci¨®n a la norma est¨¢ lejos de estar blindada. ¡°Los derechos de las mujeres suelen ser los m¨¢s fr¨¢giles¡±, lamenta Rosero. ¡°Estos avances nunca son logros totales; toca seguir vigilante. Los nuestros son los primeros en tumbarse¡±.