Presiones, copias secretas y la orden de enjuiciar oficiales, la trastienda del Juicio a las Juntas de la dictadura argentina

El viernes se form¨® una fila largu¨ªsima en uno de los extremos de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La organizaci¨®n hab¨ªa programado en una sala peque?a, para un centenar de personas, la charla que iban a protagonizar los magistrados del Juicio a las Juntas, el primero celebrado en Argentina por los cr¨ªmenes de la dictadura. La multitud oblig¨® a trasladar el evento a una sala con mayor capacidad y fue una muestra del rebrote de popularidad de estos jueces a ra¨ªz de la pel¨ªcula Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Los invitados contaron la trastienda del hist¨®rico juicio, que sent¨® las bases para las causas posteriores. En di¨¢logo con EL PA?S coincidieron en la necesidad de que, a 40 a?os de la restauraci¨®n de la democracia, los juicios por delitos de lesa humanidad terminen.

Cinco d¨ªas despu¨¦s de asumir como presidente de Argentina, el 10 de diciembre de 1983, Ra¨²l Alfons¨ªn dio la orden de someter a juicio sumario a los integrantes de las juntas militares que dirigieron el pa¨ªs desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1983. El juicio iba a recaer en un tribunal militar, pero ante el rechazo, qued¨® en manos de tribunal civil: la C¨¢mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. De los seis jueces que la integraban, tres estuvieron presentes en la Feria del Libro: Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Ar¨¢oz.

¡°Para cobrar dimensi¨®n de la actitud de Alfons¨ªn, hay que tener en cuenta que no exist¨ªa ning¨²n precedente en el mundo de que un tribunal civil pudiera juzgar cr¨ªmenes en el Estado¡±, se?al¨® Gil Lavedra para contextualizar la singularidad del Juicio a las Juntas. Otros procesos judiciales hist¨®ricos, como el de N¨¹remberg, estuvieron a cargo de un tribunal militar.

El juicio se llev¨® adelante, adem¨¢s, en un contexto interno y externo hostil. ¡°Ni los empresarios, ni la Iglesia, ni los medios quer¨ªan juicio¡±, asegur¨® Gil Lavedra. Fuera de sus fronteras, la decisi¨®n tens¨® la relaci¨®n de la joven democracia con los pa¨ªses vecinos, todos dirigidos a¨²n por dictaduras: Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Per¨² y Uruguay.

Ante el temor de que las grabaciones del juicio se perdiesen o se destruyesen, de forma accidental o voluntaria, los magistrados hicieron una copia en secreto en 96 casetes. Ledesma cont¨® que los sacaron del pa¨ªs ¡°escondidos en valijas entre medias y pa?uelos¡± hasta Noruega, donde se conserva una de las cuatro copias existentes hoy en d¨ªa. Otra de ellas est¨¢ en la Universidad espa?ola de Salamanca.

¡°Estamos muy agradecidos por la pel¨ªcula Argentina 1985¡å, afirm¨® Gil Lavedra, ¡°porque permiti¨® volver a poner en la consideraci¨®n p¨²blica un hecho hist¨®rico tan importante para la transici¨®n democr¨¢tica¡±. Valerga Ar¨¢oz destac¨® la capacidad de la pel¨ªcula de llegar a las nuevas generaciones y ¡°renovar el inter¨¦s en la gente joven en averiguar qu¨¦ es lo que pas¨®¡±.

Los jueces revelaron tambi¨¦n que recibieron amenazas y presiones para que el juicio no fuese oral y p¨²blico. ¡°Fuimos presionados al principio para que se hiciera a puertas cerradas y otras ofertas que no voy a decir por qui¨¦n¡±, record¨® Ledesma.

Durante el encuentro, los magistrados subrayaron la importancia de seleccionar casos paradigm¨¢ticos de todo el pa¨ªs y de todas las ¨¦pocas como estrategia para el juicio. Cinco de los jerarcas militares fueron condenados ¡ªentre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a perpetua¡ª y cuatro absueltos, pero el punto de mayor tensi¨®n con el Gobierno y con las Fuerzas Armadas fue la orden de juzgar a los oficiales superiores que tuvieron responsabilidad operativa en los cr¨ªmenes de la dictadura.

¡°No pod¨ªamos no dictarlo porque est¨¢bamos frente a delitos¡±, argument¨® Ledesma al defender la inclusi¨®n en el fallo del punto 30, que abr¨ªa la puerta a nuevos juicios. El Congreso, sin embargo, la cerr¨® con rapidez. Entre 1986 y 1987 se aprobaron las dos leyes de impunidad, la de Punto y Final y la de Obediencia Debida, en un clima de creciente inestabilidad y de levantamientos militares.

Leyes de impunidad

¡°Nos molest¨® a todos, pero creo que en ese momento debimos haber tambi¨¦n comprendido la situaci¨®n dif¨ªcil en la que se encontraba Alfons¨ªn y no nos pareci¨® a ninguno apropiado declarar la inconstitucionalidad de esa ley¡±, dijo Valerga Ar¨¢oz en referencia a la ley de Obediencia debida que exculpaba de los cr¨ªmenes a los oficiales y suboficiales por considerar que se limitaron a cumplir ¨®rdenes.

Los juicios por cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura se reanudaron a partir de 2003, tras la anulaci¨®n judicial de ambas leyes. En total, la justicia argentina ha dictado 318 sentencias y ha condenado a 1.126 personas, en su gran mayor¨ªa ex integrantes de las fuerzas de seguridad, por delitos como secuestros, torturas, robo de beb¨¦s y desapariciones forzosas.

Los magistrados del hist¨®rico juicio inicial discrepan al valorar el camino recorrido por la Justicia en los ¨²ltimos 40 a?os, en especial respecto a la dilataci¨®n de los juicios de lesa humanidad, de los que a¨²n hay 16 en curso.

¡°Est¨¢ muy bien que estos cr¨ªmenes terminen con verdad y justicia, pero lamentablemente han demorado en exceso. Ojal¨¢ finalice y haya sentencias r¨¢pidamente¡±, respondi¨® a EL PA?S Gil Lavedra. Valerga Ar¨¢oz coincide que ¡°tendr¨ªa que ser un tema ya resuelto y achaca ¡°al manejo pol¨ªtico de determinados Gobiernos¡± la extensi¨®n en el tiempo de los juicios. Ledesma va m¨¢s all¨¢ que su colega. ¡°Me parece atroz que se siga juzgando esos hechos a m¨¢s de 40 a?os¡±, subraya. ¡°Me parece que esto es una venganza¡±, sentencia.

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