El Gobierno de Javier Milei escala en la guerra contra los movimientos sociales: son ¡°un sistema de esclavitud moderno¡±

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei renov¨® su cruzada contra las organizaciones sociales que representan a desocupados y trabajadores informales en Argentina. El jefe de Gabinete de ministros, Nicol¨¢s Posse, asegur¨® este mi¨¦rcoles que montaron ¡°un sistema de esclavitud moderno¡±, ¡°tremendamente autoritario¡±, y las acus¨® de diversas irregularidades vinculadas con los programas de ayuda social financiados por el Estado.

La acusaci¨®n se produjo mientras avanza una causa judicial, originada en una denuncia del Gobierno, contra un grupo de dirigentes por supuestas coacciones. Las organizaciones conocidas como ¡°piqueteras¡± ¡ªpor sus m¨¦todos de protesta, principalmente cortes de calles o carreteras¡ª sostienen que las denuncias son un ataque para deslegitimarlas y tambi¨¦n apuestan a una respuesta de los tribunales, en su caso para que se reponga el env¨ªo de alimentos a los comedores populares que est¨¢n bajo su control, suspendido por la administraci¨®n de Milei desde fines del a?o pasado.

La Justicia investiga supuestas extorsiones de dirigentes a beneficiarios de programas sociales para que asistieran a marchas y protestas y para que participaran en la venta de alimentos destinados a los comedores. De acuerdo con la imputaci¨®n, la coacci¨®n consist¨ªa en que, si las v¨ªctimas no aceptaban, eran amenazadas con la p¨¦rdida del beneficio social. Hasta el gobierno anterior, encabezado por el peronista Alberto Fern¨¢ndez, las organizaciones sociales participaban de las unidades de gesti¨®n de los programas de ayuda estatal, un universo de 1,3 mill¨®n de beneficiarios que hasta diciembre percib¨ªa 78 mil pesos mensuales (unos 78 d¨®lares, al cambio actual). Incluso, varios referentes de las organizaciones ocupaban cargos en el Ministerio de Desarrollo Social. Toda esa estructura fue desmontada por Milei en diciembre, cuando asumi¨®, incluido ese ministerio.

La denuncia contra 28 dirigentes fue presentada por el Ministerio de Seguridad, despu¨¦s de la primera protesta contra el Gobierno de Milei, en diciembre pasado. Seg¨²n inform¨® la cartera, la presentaci¨®n se bas¨® en los hechos descriptos en llamados an¨®nimos a la l¨ªnea telef¨®nica 134, una v¨ªa de comunicaci¨®n abierta por la ministra Patricia Bullrich para, justamente, recolectar acusaciones contra referentes sociales y sindicales. En el marco de la pesquisa judicial, este lunes se realizaron 27 allanamientos en comedores populares y domicilios de las personas denunciadas, cuyos bienes fueron inhibidos en las ¨²ltimas horas.

¡°Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontr¨® la Justicia esta semana en los allanamientos: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario¡±, fueron las palabras que Posse les dedic¨® a las organizaciones sociales, este mi¨¦rcoles, en su primer informe de gesti¨®n en el Congreso. ¡°Era un sistema de castigos y amenazas¡±, agreg¨®. ¡°Uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia. Realmente muy parecido a un esquema de esclavitud moderno.¡±

A la denuncia del Ministerio de Seguridad se sum¨® otra de la cartera de Capital Humano, que asegur¨® ante la Justicia haber constatado que casi la mitad de los comedores dependientes de las entidades sociales eran inexistentes o ya no funcionaban en los lugares indicados.

¡°Deslegitimar y atacar¡±

Las organizaciones sociales respondieron a las denuncias con una rueda de prensa conjunta, donde participaron referentes de agrupaciones acusadas y de otras que no fueron involucradas. Todos desestimaron que existan pr¨¢cticas generalizadas de amenazas y extorsiones. ¡°El ¨²nico que puede dar de baja los programas es el Estado, los dirigentes no tenemos la posibilidad de hacerlo¡±, explic¨® Eduardo Belliboni, l¨ªder del Polo Obrero, para descartar la posible coacci¨®n. Seg¨²n las organizaciones, las denuncias buscan impacto en los medios de comunicaci¨®n y, cuando se investigue, ¡°no va a quedar nada¡±. En particular, cuestionaron los allanamientos realizados el lunes, los definieron como ¡°desmedidos¡± y ¡°violentos¡±.

El enfrentamiento entre las organizaciones y el Gobierno est¨¢ planteado desde que asumi¨® Milei. Adem¨¢s de las consecuencias generalizadas de la devaluaci¨®n, la inflaci¨®n y la baja de salarios y jubilaciones, el principal foco de conflicto se centra en el recorte de los fondos que el Estado les destinaba a los comedores populares de las entidades sociales. A las manifestaciones de protesta contra esa medida, el Gobierno ha respondido con operativos policiales que dejaron heridos y detenidos.

¡°Hay una campa?a evidente para deslegitimar y atacar a las organizaciones sociales¡±, advirti¨® Nicol¨¢s Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). ¡°Este nuevo ataque se da en un contexto donde est¨¢n avanzando las causas judiciales que iniciamos para que env¨ªen alimentos a los comedores.¡± Se refer¨ªa al recurso de amparo que solicitaron para que el Estado cumpla con los planes nacionales vigentes de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre, y tambi¨¦n a una denuncia contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria. Copresi dijo que ¡°los comedores que pueden seguir abiertos se mantienen con donaciones y la ayuda de algunos municipios. Antes, a los comedores ven¨ªan personas en situaci¨®n de calle, ahora se sumaron muchos trabajadores y jubilados. Cada d¨ªa hay m¨¢s gente y cada d¨ªa hay menos comida.¡±

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