La Justicia argentina escucha a v¨ªctimas en la causa por cr¨ªmenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad venezolanas

Familiares de dos manifestantes asesinados durante las protestas de Venezuela en 2014 declararon esta semana ante un tribunal argentino. En audiencias de hasta tres horas, las v¨ªctimas testificaron en la causa abierta un a?o atr¨¢s en Buenos Aires por presuntos cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas. La Fundaci¨®n Clooney para la Justicia, querellante, apel¨® a la jurisdicci¨®n universal para solicitar que Argentina investigue el posible plan sistem¨¢tico de represi¨®n orquestado por las fuerzas que responden al Gobierno de Nicol¨¢s Maduro. La declaraci¨®n brindada por tres v¨ªctimas supone el mayor avance hasta ahora en la causa.

¡°Me he quitado una gran mochila de encima¡±, le dijo una de las v¨ªctimas al abogado litigante, Ignacio Jovtis, cuando termin¨® la audiencia tras d¨ªas de muchos nervios. ¡°Pienso que en Argentina se les ha abierto una ventana de justicia, esa justicia que se les fue negada durante tantos a?os. Tener la posibilidad de hablar frente a los jueces implica un primer paso hacia la reparaci¨®n¡±, declar¨® el letrado a EL PA?S. ¡°Fue intenso, pero [las v¨ªctimas] se sintieron bien tratadas y respetadas¡±, valor¨® este viernes.

Seg¨²n la denuncia, el ataque organizado contra la poblaci¨®n civil entre febrero y mayo de 2014 ¡°respondi¨® a una pol¨ªtica de Estado¡± y el asesinato de m¨¢s de una veintena de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad se enmarc¨® dentro de un plan sistem¨¢tico de represi¨®n.

¡°No estamos hablando de delitos aislados sino que creemos que son delitos que corresponden al mismo patr¨®n¡±, asegura Jovtis, quien trabaja desde hace dos a?os en este caso. Cuenta que entrevist¨® a decenas de personas en toda Venezuela y sus testimonios revelan que en distintas regiones del pa¨ªs hubo personas ¡°detenidas, torturadas y liberadas de forma notoriamente similar¡±.

La Justicia venezolana se ha negado a investigar a los altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana y se ha limitado a juzgar la responsabilidad de los oficiales de rangos subalternos, motivo por el que la Fundaci¨®n Clooney recurri¨® a la Justicia argentina. Ha entregado 15.000 p¨¢ginas con pruebas para acusar con nombre y apellidos a quienes considera culpables de los dos cr¨ªmenes para los que exigen justicia. ¡°Lo que buscamos es que la Justicia identifique y condene a los responsables penales¡±, afirma Jovtis.

La querella lamenta no poder brindar m¨¢s detalles sobre los casos representados debido al riesgo para la seguridad que enfrentan sus familias a d¨ªa de hoy, pese al tiempo transcurrido desde los cr¨ªmenes denunciados. ¡°Denunciar cualquier violaci¨®n de los derechos humanos en Venezuela requiere un grado de valent¨ªa muy grande porque los riesgos no son te¨®ricos sino reales, como vimos con Roc¨ªo San Miguel¡±, detalla el abogado, en referencia a la activista detenida desde febrero acusada de formar parte de una supuesta conspiraci¨®n para asesinar a Maduro. La fiscal¨ªa venezolana detuvo tambi¨¦n a la hija de San Miguel, a su marido, a su exmarido y a dos familiares m¨¢s, aunque despu¨¦s los dej¨® a todos en libertad con cargos excepto a ella.

Naciones Unidas denuncia desde hace a?os las m¨²ltiples violaciones de los derechos humanos perpetradas en Venezuela. Seg¨²n este organismo internacional, los servicios de inteligencia venezolanos ¡°funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecuci¨®n de un plan, orquestado desde los niveles m¨¢s altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±.

Frente a la par¨¢lisis de los tribunales venezolanos, estos cr¨ªmenes se investigan en paralelo en la Corte Penal Internacional (CPI) y en la justicia argentina por aplicaci¨®n de la jurisdicci¨®n internacional, que permite a los pa¨ªses enjuiciar los cr¨ªmenes m¨¢s graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la v¨ªctima. A principios de a?o, un juez argentino de primera instancia archiv¨® la causa y pidi¨® derivarla a la CPI, pero un tribunal superior orden¨® reabrirla en abril. Desde entonces, la justicia argentina ha solicitado varias medidas de prueba y ha tomado declaraci¨®n esta semana a tres v¨ªctimas.

Amnist¨ªa Internacional (AI) present¨® un amicus curiae para respaldar la causa impulsada por la Fundaci¨®n Clooney por considerar que ¡°el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de cr¨ªmenes graves de derechos humanos en su jurisdicci¨®n dom¨¦stica, menos a¨²n a aquellos que ostentan altos cargos en las l¨ªneas de mando¡±.

En el escrito presentado, AI advirti¨® que las violaciones de los derechos humanos se han recrudecido y se ven de forma cotidiana detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la ausencia de garant¨ªas m¨ªnimas para un juicio justo, as¨ª como ataques constantes a organizaciones y activistas. Esta organizaci¨®n alent¨® a la justicia argentina ¡°a ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y cr¨ªmenes¡± al aplicar toda la fuerza del derecho penal para ofrecer justicia a las v¨ªctimas.

La justicia federal argentina tiene otras dos causas abiertas bajo el principio legal de la jurisdicci¨®n universal. La primera, iniciada en 2010, investiga los presuntos cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos en Espa?a por el r¨¦gimen franquista (1936-1977). La segunda se remonta a 2021 e investiga el presunto genocidio cometido contra la comunidad rohingya en Myanmar.

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