La Corte Penal Internacional desestima la apelaci¨®n de Venezuela y contin¨²a la investigaci¨®n por cr¨ªmenes de lesa humanidad

El Gobierno de Venezuela enfrenta un nuevo rev¨¦s en la Corte Penal Internacional. Los jueces de La Haya han decidido de forma un¨¢nime desestimar la impugnaci¨®n introducida el a?o pasado con la intenci¨®n de detener el proceso de investigaci¨®n iniciado sobre la supuesta comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad en la ¨²ltima d¨¦cada bajo la administraci¨®n de Nicol¨¢s Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El proceso que se inici¨® el 3 de noviembre de 2021, luego de que Argentina, Canad¨¢, Colombia, Chile, Paraguay y Per¨² presentaran en 2018 una denuncia ante la instancia, contin¨²a. La Canciller¨ªa venezolana ha calificado de infundada la decisi¨®n.

Este es uno de los frentes en los que el chavismo batalla. La apelaci¨®n que introdujeron los abogados del Gobierno el a?o pasado abri¨® la puerta para escuchar en la Corte parte de los testimonios de m¨¢s de 8.000 v¨ªctimas que rindieron declaraci¨®n ante la Oficina de Defensa de las Victimas y las observaciones del panel de expertos independientes de la Organizaci¨®n de Estados Americanos durante la audiencia celebrada en noviembre.

La sentencia llega en un momento en el que el chavismo vuelve estar en la mira de la comunidad internacional por un recrudecimiento de la persecuci¨®n pol¨ªtica y la represi¨®n, en el a?o de las elecciones presidenciales, con dos episodios recientes que han levantado nuevamente las alarmas sobre la situaci¨®n de los derechos humanos en el pa¨ªs.

El primero, la detenci¨®n de la activista Roc¨ªo San Miguel, cuya defensa ha denunciado graves violaciones al debido proceso, incluida la incomunicaci¨®n y desaparici¨®n por varios d¨ªas. San Miguel, tras 20 d¨ªas de arresto bajo acusaciones de conspiraci¨®n y terrorismo, no ha podido recibir asistencia de sus abogados. El segundo, la expulsi¨®n de los miembros de la oficina t¨¦cnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas por haber manifestado su preocupaci¨®n por el caso de San Miguel.

El Gobierno ha argumentado que el sistema de justicia hace el trabajo de investigar y condenar delitos. Pero la CPI ha replicado que no se hace bajo la misma categor¨ªa de cr¨ªmenes de lesa humanidad ni sobre los altos cargos que tienen responsabilidad en su comisi¨®n.

En un comunicado, el canciller Yv¨¢n Gil ha asegurado que la CPI responde a intenciones pol¨ªticas: ¡°Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulaci¨®n de un conjunto reducido de delitos que han sido o est¨¢n siendo debidamente investigados y sancionados por el sistema de justicia venezolano¡±.

Defensores de derechos humanos, sin embargo, han denunciado constantemente la impunidad que rodea a muchos de los casos relacionados con detenciones, torturas de presos pol¨ªticos, asesinatos de manifestantes en los ciclos de protestas de 2014, 2017 y 2019 y durante operativos de seguridad. El panel de expertos de la OEA ha celebrado la decisi¨®n de la Corte e instan al fiscal Karim Khan a incluir en su investigaci¨®n ¡°los cr¨ªmenes m¨¢s recientes cometidos en la escalada de persecuci¨®n por motivos pol¨ªticos, detenciones y desapariciones forzadas, de cara a las elecciones de 2024 y a incluir todos los perpetradores, incluidos los perpetradores estatales de alto nivel¡±.

Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela ha contado durante el mes de enero 97 agresiones en contra de ONG. ¡°El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del a?o evidencian la falta de protecci¨®n para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor¡±, se?ala el reporte difundido este viernes. En 2023, esta organizaci¨®n contabiliz¨® 524 ataques. A esto se suma, la pretensi¨®n de la Asamblea Nacional de aprobar una legislaci¨®n para la fiscalizaci¨®n de las organizaciones sociales, que contempla multas de hasta 12.000 d¨®lares a las entidades que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

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