Milei desarma d¨¦cadas de pol¨ªticas de derechos humanos en Argentina

Mientras el n¨²cleo de las reformas que est¨¢ aplicando Javier Milei en Argentina se centra en la desregulaci¨®n de la econom¨ªa y el desguace del Estado, a la vez, sin tanta notoriedad, su Gobierno impulsa profundas transformaciones en otras ¨¢reas de la vida social. Un s¨ªntoma de los cambios que est¨¢ propiciando fue la in¨¦dita visita que diputados de La Libertad Avanza, el partido del presidente, hicieron a represores presos por cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos durante la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983). Despu¨¦s del repudio pol¨ªtico y social que cosech¨® el hecho, el Ejecutivo no lo rechaz¨® y lo adjudic¨® a ¡°decisiones personales¡±. Pero la visita que tuvo lugar el 11 de julio en la c¨¢rcel de Ezeiza, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, se inscribi¨® en una serie de medidas y discursos de los m¨¢ximos referentes del Gobierno que, como advierten defensores de los derechos humanos, tienen en com¨²n el negacionismo del terrorismo de Estado, la reivindicaci¨®n de las fuerzas armadas y la supresi¨®n de las pol¨ªticas de memoria, verdad y justicia.

Dos d¨ªas despu¨¦s de que Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, participaran en un desfile militar y se mostraran a bordo de un tanque de guerra, en el marco de los actos por la independencia de Argentina, seis legisladores ¡°libertarios¡± se trasladaron en un veh¨ªculo oficial de la C¨¢mara de Diputados hasta el penal de Ezeiza. Encabezada por el diputado Beltr¨¢n Benedit, la delegaci¨®n estuvo integrada tambi¨¦n por Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Mar¨ªa Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Roc¨ªo Bonacci. En la c¨¢rcel se reunieron con presos por asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura: si bien no hay confirmaci¨®n oficial, las versiones indican que estuvieron represores como Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Ra¨²l Guglielminetti.

La visita a hombres asociados a cr¨ªmenes aberrantes cometidos en los a?os setenta levant¨® una ola de repudios y pedidos de sanciones, tanto de organismos de derechos humanos como de dirigentes opositores. Tambi¨¦n recibi¨® cr¨ªticas desde adentro de La Libertad Avanza. En respuesta a los cuestionamientos, el diputado Benedit argument¨® que se trat¨® de una ¡°visita humanitaria¡± y que se reunieron con ¡°excombatientes que libraron batallas contra la subversi¨®n marxista¡±. Sostuvo que el objetivo era difundir que ¡°no se cumplen los derechos humanos, porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en funci¨®n de la venganza, la ideolog¨ªa y el negocio¡±.

Sin condenar la visita, el Gobierno aleg¨® que fue una cuesti¨®n personal de cada diputado. ¡°Es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho, pero los liberales no somos manada¡±, dijo Milei. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, repiti¨® este domingo ese argumento, asegur¨® que ¡°no son decisiones org¨¢nicas¡± y que ¡°si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ese detenido form¨® parte de lo que ellos consideran un momento tr¨¢gico de la Argentina, lo puede ir a ver¡±. Pese a su intento por desentenderse, el Ejecutivo deber¨¢ dar explicaciones. La Justicia federal requiri¨® que Seguridad informe cu¨¢l fue el procedimiento administrativo detr¨¢s de la excursi¨®n de los diputados a la c¨¢rcel.

¡°Gravedad institucional¡±

¡°La visita a los represores tiene una gravedad institucional muy grande. M¨¢s all¨¢ de la ideolog¨ªa de quienes fueron a ver a Astiz y otros detenidos, los diputados son representantes de la instituci¨®n m¨¢xima de la democracia, el Congreso de la Naci¨®n, y se reunieron con sujetos que participaron de un golpe de Estado y de violaciones a los derechos humanos¡±, dice Horacio Pietragalla Corti, quien fue secretario de Derechos Humanos durante el Gobierno de Alberto Fern¨¢ndez (2019-2023).

Ver¨®nica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante del CELS, se?ala que ¡°los planteos que realizan hace a?os los propios militares y civiles detenidos, sus abogados y familiares para desacreditar los juicios por delitos de lesa humanidad y sostener que se trata de presos pol¨ªticos, son los que ahora se han exhibido para justificar la visita a la c¨¢rcel, lo que es inadmisible¡±.

Torras considera que es importante saber c¨®mo se organiz¨® el encuentro de los diputados con los detenidos, qui¨¦nes participaron, qu¨¦ se convers¨® y si hubo alg¨²n aval del Ejecutivo y del Congreso. En cualquier caso, observa una continuidad con hechos y pronunciamientos del Gobierno. Entre otras cosas, enumera: las declaraciones p¨²blicas del presidente, la vicepresidenta y algunos ministros en favor de reparar o rehabilitar a las Fuerzas Armadas, que habr¨ªan sido, seg¨²n sus argumentos, injustamente humilladas por el proceso de justicia y el aval del Ministerio de Defensa a un acto de suboficiales de la Armada en el excentro clandestino de la ESMA, donde se reivindic¨® a la dictadura. Tambi¨¦n menciona los dichos de Villarruel, hija y nieta de militares, sobre la necesidad de hallar una ¡°soluci¨®n jur¨ªdica¡± para los militares presos; tambi¨¦n los elogios de Milei y del Procurador del Tesoro a los indultos que dict¨® en los a?os noventa el presidente Carlos Menem.

¡°Si uno articula todo eso¡±, concluye Torras, la visita a Ezeiza ¡°no resulta un hecho aislado, sino alineado en una serie de acciones del Gobierno para desmantelar las pol¨ªticas p¨²blicas de memoria, verdad y justicia, pero tambi¨¦n para desarticular los consensos pol¨ªticos y sociales construidos en torno a la experiencia de la dictadura, que no han surgido s¨®lo del aporte de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, sino que son el resultado de un proceso del que han sido parte diferentes administraciones, distintos poderes del Estado y una mayor¨ªa de la sociedad. Hay una verdad jur¨ªdica y social que este Gobierno est¨¢ interesado en reconfigurar, entre otras cosas para legitimar intervenciones autoritarias en el presente¡±.

Pol¨ªticas suprimidas

Las pol¨ªticas de derechos humanos est¨¢n entre las ¨¢reas m¨¢s afectadas por el achicamiento del Estado que viene instrumentando el Gobierno de Milei. ¡°Ya hubo 100 trabajadores despedidos en la Secretar¨ªa de Derechos Humanos y hay una amenaza constante de que habr¨¢ m¨¢s¡±, dice Pietragalla Corti. Hay sectores ¡°completamente paralizados¡±, como el de violencia institucional o el de reparaci¨®n para v¨ªctimas del terrorismo estatal, detalla. Los sitios de memoria, que permiten visibilizar los cr¨ªmenes de la dictadura, tambi¨¦n est¨¢n sufriendo recortes de fondos, despidos y suspensiones de obras. En los ministerios de Defensa y de Seguridad, de los que dependen las fuerzas armadas y policiales, ¡°se cerraron las oficinas de derechos humanos que nutr¨ªan de informaci¨®n a las causas judiciales¡±, a?ade.

¡°El ataque m¨¢s fuerte es al acompa?amiento que hac¨ªa el Estado para la b¨²squeda de los nietos que falta encontrar. Intervinieron la Comisi¨®n Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y est¨¢n restringiendo las facultades que ten¨ªa para poder investigar y buscar informaci¨®n en los archivos del Estado¡±, explica Pietragalla Corti. ?l mismo es uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Sus padres fueron asesinados y fue apropiado durante la dictadura; reci¨¦n en 2003 pudo conocer su verdadera identidad. Los organismos de derechos humanos calculan que en Argentina a¨²n hay unos 300 hijos de desaparecidos que desconocen qui¨¦nes son.

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