¡®Justicia, verdad y convivencia¡¯: Los l¨ªmites de la ley ante los atentados de ETA
Varios expertos coinciden en un ensayo en recomendar el derecho de los afectados por la banda terrorista a la verdad y la memoria ante la dificultad de investigar los asesinatos anteriores a 1982 o de tipificar como delito de lesa humanidad o genocidio esos cr¨ªmenes
Casi doce a?os despu¨¦s del final del terrorismo, permanecen 166 presos etarras en la c¨¢rcel y siguen pendientes de resolver 379 casos sobre un total de 853 v¨ªctimas de ETA. Son las herencias vivas de la etapa terrorista, de 1968 a 2011, cuyo tratamiento afecta a la convivencia en Euskadi. El libro Justicia, verdad y convivencia. V¨ªctimas y presos en el escenario posterrorista del Pa¨ªs Vasco, coordinado por Antonio Rivera, catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea de la UPV, y Eduardo Mateo, de la Fundaci¨®n Fernando Buesa, afronta estas herencias vivas: la contradictoria demanda de presos y v¨ªctimas, los l¨ªmites de la justicia y su alternativa, el derecho a la verdad y la memoria.
La inmensa mayor¨ªa de los 379 asesinatos sin resolver ocurrieron antes de la disoluci¨®n de ETA-pm, en 1982, o de la amnist¨ªa de 1977. Solo 21 se produjeron con el C¨®digo Penal vigente y son susceptibles de investigarse
El libro, con especialistas de primer nivel, destila una labor pedag¨®gica: desmontar t¨®picos que cuestionan la eficacia de la justicia respecto a los presos etarras y a los derechos de las v¨ªctimas. El magistrado Ricardo de Prada ofrece una clave: la inmensa mayor¨ªa de los 379 asesinatos sin resolver ocurrieron antes de la disoluci¨®n de ETA-pm, en 1982. Incluye los 12 etarras beneficiados por dicha disoluci¨®n y los 66 por la amnist¨ªa de 1977. Solo 21 se produjeron con el C¨®digo Penal vigente, susceptibles de investigarse.
Prada abunda que en esa etapa, ETA asesinaba predominantemente polic¨ªas. Adem¨¢s de mermarse su operatividad, su formaci¨®n y dotaci¨®n de medios eran deficientes. Consecuentemente, la investigaci¨®n judicial, con escasa colaboraci¨®n ciudadana e internacional, fue insuficiente. No obstante, Florencio Dom¨ªnguez, del Memorial de V¨ªctimas, recuerda c¨®mo el informe de 2021 de la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo sobre casos sin resolver conclu¨ªa que ¡°Espa?a es el Estado que ha resuelto mayor n¨²mero de atentados terroristas¡±.
Algunas asociaciones de v¨ªctimas pretenden que la justicia aborde estas causas pendientes sorteando su prescripci¨®n en el tiempo. Hay que subrayar el valor y rigor de Prada, Dom¨ªnguez y la catedr¨¢tica y exmagistrada Adela Asua, al rebajar las expectativas creadas por asociaciones, especialmente Dignidad y Justicia, sobre la incorporaci¨®n de los atentados etarras cometidos entre 1990 y 2010 a la Convenci¨®n Europea de Imprescriptibilidad de Cr¨ªmenes contra la Humanidad y de Guerra de 1974, sobre la revisi¨®n de la Ley de Amnist¨ªa de 1977 por beneficiar a presos etarras y la posibilidad de encausamiento de l¨ªderes de ETA en diferentes atentados. Maite Pagazaurtundua pretende un ¡°Nuremberg vasco¡± con ellos.
Dom¨ªnguez describe, apoy¨¢ndose en resoluciones del Tribunal Supremo, c¨®mo el delito de lesa humanidad no puede aplicarse en Espa?a antes de la ley de 2004, lo que excluye casi todos los de ETA. Tambi¨¦n se?ala c¨®mo la justicia francesa ha rechazado en 2020 la imputaci¨®n de dicho delito contra dirigentes etarras detenidos en Francia. Tampoco puede revocarse la Ley de Amnist¨ªa. Ni es posible la querella por genocidio contra dirigentes etarras, planteada en 2015 por acusaciones privadas. La Audiencia Nacional se?al¨® que ¡°no es posible identificar el grupo formado por las v¨ªctimas como grupo nacional, pues sus integrantes comparten la nacionalidad con los autores lo que impide que se tome como elemento identificativo y distintivo¡±. Ve m¨¢s viables las denuncias contra dirigentes etarras basadas en el concepto de autor¨ªa mediata o por dominio de la organizaci¨®n terrorista. Se?ala dos sentencias contra Javier Garc¨ªa Gaztelu Txapote, pero precisa que fueron posibles, excepcionalmente, porque la investigaci¨®n acredit¨® su intervenci¨®n directa en la emisi¨®n de ¨®rdenes atentatorias.
Los autores citados, tras criticar las falsas expectativas en la acci¨®n de la justicia y su instrumentaci¨®n pol¨ªtica, apuestan alternativamente por el derecho de las v¨ªctimas a la verdad, que es reparador e imprescriptible, aunque apuntan la actitud reacia de los exetarras, incluso arrepentidos, a narrar su pasado terrorista. Joseba Ezeolaza defiende el testimonio de las v¨ªctimas como valor supletorio de la justicia por su papel reparador en los casos sin esclarecer, mientras Asua subraya la capacidad de la memoria y el esfuerzo institucional junto con el reconocimiento social para sacar a las v¨ªctimas del olvido. Mar¨ªa del Carmen Alba, exresponsable de la Oficina de V¨ªctimas de la Audiencia Nacional, describe el esfuerzo institucional por rescatar la memoria de viejos archivos.
Shlomo Ben Ami subraya la singularidad del final del terrorismo vasco por la decisi¨®n unilateral de ETA, lo que le diferencia del caso irland¨¦s o colombiano
Shlomo Ben Ami, desde una visi¨®n exterior, subraya la singularidad del final del terrorismo vasco por la decisi¨®n unilateral de ETA, lo que le diferencia del caso irland¨¦s o colombiano que el pol¨ªtico israel¨ª conoce. La ausencia de un final dialogado ha acarreado que ETA tenga hoy 166 presos.
En marzo de 2023 finaliz¨® el acercamiento de los etarras a c¨¢rceles vascas, facilitado por la disoluci¨®n de ETA y la relaci¨®n parlamentaria entre el Gobierno y EH-Bildu. El proceso ha contado con la oposici¨®n de la derecha y ha dividido a las asociaciones de v¨ªctimas. El texto de Quico Tom¨¢s y Valiente, vicepresidente de la Fundaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo, expone sus reservas a los acuerdos gubernamentales con EH-Bildu.
Las asociaciones de apoyo a los presos pretenden ahora el acortamiento de condenas, revisando la legislaci¨®n especial, o su alivio con terceros grados. Tras el traspaso de las prisiones a Euskadi, las juntas de tratamiento penitenciario, avaladas por el Gobierno vasco, proponen el pase de presos a tercer grado con el contrapeso de la aceptaci¨®n o rechazo por la Fiscal¨ªa y la Audiencia Nacional. Al menos una docena de presos etarras ha regresado a prisi¨®n por la controversia entre ambas instituciones sobre el arrepentimiento y la petici¨®n de perd¨®n. ?ngel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y Jaime Tapia, viceconsejero de Justicia del Gobierno vasco abordan esta controvertida y candente cuesti¨®n.
Justicia, verdad y convivencia
Catarata, 2023
192 p¨¢ginas. 16,50 euros
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