Mato pide al Gobierno que cofinancie las residencias y los centros de d¨ªa
La Xunta pide cambios en la ley de dependencia para repartir costes al 50%
Es la primera de esas ¡°leyes socialistas que castigan a las autonom¨ªas y que han provocado su d¨¦ficit¡±, y que ahora el presidente de la Xunta, Alberto N¨¹?ez Feij¨®o, exige modificar al Gobierno amigo de Mariano Rajoy. La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, lleva hoy a Madrid a su encuentro con la ministra de Sanidad, Ana Mato, una propuesta de reforma legal que obligue al Gobierno central a cofinanciar el 50% de la ley de dependencia. El texto, que cuenta con el aval del presidente Feij¨®o, pide cambios para que el Ejecutivo pague por ¡°servicio¡± y no por ¡°grado de dependencia¡±. La modificaci¨®n es relevante porque desde que entr¨® en vigor la ley en 2007, el Estado paga una cantidad fija por grado de dependencia que no alcanza ni de lejos a cubrir la mitad de los costes de residencias y centros de d¨ªa.
Por los casos m¨¢s severos, los grandes dependientes nivel dos, el Estado abona 266,57 euros por persona, suficiente para pagar el 50% de una paga al familiar que lo cuida pero irrisoria a la hora de sufragar el coste plazas en residencias que cobran unos 2.000 euros mensuales por paciente a la Administraci¨®n. En el siguiente escal¨®n el ministerio abona 181,26 euros y as¨ª hasta los dependientes moderados por los que paga 60 euros.
El Estado paga un m¨¢ximo de 266 euros por los casos m¨¢s severos
La Conseller¨ªa de Benestar desde la llegada de Mato se ha decantado por fomentar los ingresos en residencias, centros de d¨ªa y la atenci¨®n a domicilio en lugar de librar pagas a cuidadores en casa. As¨ª consta en la orden aprobada el pasado 12 de enero que pide priorizar el servicio a los enfermos en lugar de pagar a un familiar. El h¨¢bito ven¨ªa de mucho antes. Desde 2009 en que el PP lleg¨® a la la Xunta ha reducido las pagas a cuidadores del 55% al 48,6%.
Y es ah¨ª donde surge el deseguilibrio financiero. Una plaza de residencia cuesta a las arcas p¨²blicas unos 2.000 euros mensuales, 2.650 euros, en el caso de las personas con discapacidad y 1.145 euros, la atenci¨®n a cada paciente con alzheimer, seg¨²n los datos internos que maneja Benestar. Si el ministerio no da su brazo a torcer, en las cuentas actuales de 2012, el Estado solo abonar¨¢ 94,7 millones de euros de los 361 millones que supondr¨¢ la atenci¨®n a los dependientes gallegos.
Desde que entr¨® en vigor la normativa estrella en pol¨ªtica social del Gobierno de Zapatero, en Galicia se han invertido 1.611 millones y atendido a 55.530 personas, con un reparto desigual: la Xunta financi¨® 1.152 millones, el 71,55% de los fondos y el ministerio solo 458,4 euros, el 28,4%. En la actualidad son 35.199 los perceptores de las ayudas, de los que el 62% est¨¢n clasificados dentro del grado 3, el m¨¢s severo, un 33,5, en el escal¨®n intermedio, y solo el 4,5% en la dependencia m¨¢s leve.
Cada plaza de residencia cuesta a la Administraci¨®n 2.000 euros al mes
Tras la moratoria aprobada por el Gobierno de Rajoy, a este ¨²ltimo grupo no podr¨¢ incorporarse a la prestaci¨®n ning¨²n beneficiaro nuevo hasta 2013 (la aplicaci¨®n escalonada de la norma preve¨ªa que fuera este a?o), y solo recibir¨¢n la ayuda quienes ya la tengan reconocida. El cambio del Gobierno apenas afecta a Galicia, puesto que la Xunta ya est¨ªpul¨® en el decreto de principio de a?o que antepondr¨¢, a la hora de conceder las ayudas, la gravedad de los casos a la antig¨¹edad de las solicitudes.
Galicia encabeza una petici¨®n pr¨¢cticamente un¨¢nime de todas las comunidades aut¨®nomas. La reivindicaci¨®n de m¨¢s fondos para dependencia al Gobierno central ha sido constante por parte de Feij¨®o en los ¨²ltimos ejercicios. El presidente insiste estos d¨ªas en recordar que el recorte del d¨¦ficit de las autonom¨ªas pasan por modificar leyes estatales que han cargado el coste de su aplicaci¨®n sobre las arcas de las comunidades.
Prioridad en los servicios para las gestantes en situaci¨®n vulnerable
Las mujeres embarazadas que sean menores de edad, inmigrantes, est¨¦n estudiando o tengan alg¨²n tipo de discapacidad o incapacidad judicial tendr¨¢n acceso prioritario a servicios sanitarios, sociales, educativos, transportes o vivienda, entre otros. Es la puesta en marcha de la ley de apoyo a la mujer embaraza que aprob¨® la Xunta en 2010 a propuesta de grupos antiabortistas, que llegaron al Parlamento a trav¨¦s de una iniciativa legislativa popular. El presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, explic¨® que el plan integral que prepara su Gobierno pretende poner los recursos ¡°para ser madre con libertad¡± en casos de ¡°vulnerabilidad o riesgo de exclusi¨®n social¡±. ¡°Es un engranaje de recursos¡±, defini¨®.
Feij¨®o present¨® como ¡°una obligaci¨®n¡± de los poderes p¨²blicos apoyar este tipo de planes que fomenten la natalidad, ya que la baja demograf¨ªa de Galicia, a la cola del Estado, ¡°es uno de los principales problemas¡±. El presidente, sin embargo, no supo decir qu¨¦ presupuesto se dedicar¨¢ a estas medidas, que tienen car¨¢cter transversal y afectar¨¢n a varios departamentos de su Gobierno. La red contar¨¢ tambi¨¦n con las ¡°aportaciones de las entidades sociales que trabajan en la materia en Galicia¡±. La ley aprobada por el PP permite a la Xunta delegar parte de la labor con embarazadas a grupos provida como los adheridos a la Red Madre, que sostiene que el aborto ¡°es un atentado contra la salud y la libertad de la mujer, es una terrible decisi¨®n que marcar¨¢ tr¨¢gicamente el resto de su vida¡±.
El plan contempla 49 nuevas medidas repartidas en ocho ¨¢reas: igualdad, sanidad, educaci¨®n, vivienda, transportes, emigraci¨®n, trabajo y bienestar. El presidente de la Xunta desgran¨® alguna de las medidas tras la reuni¨®n del Consello que ayer aprob¨® el plan, entre ellas que los ayuntamientos y otras instituciones p¨²blicas tendr¨¢n preferencia a la hora de comprar o alquilar locales propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo para poner guarder¨ªas en funcionamiento. Adem¨¢s, las mujeres embarazadas menores de edad podr¨¢n flexibilizar su periodo de escolarizaci¨®n, y la Conseller¨ªa de Benestar reservar¨¢ plazas en sus residencias juveniles para mujeres gestantes que est¨¦n estudiando y sus parejas.
Las embarazadas con discapacidad tendr¨¢n preferencia en las ayudas a la promoci¨®n de la autonom¨ªa personal, as¨ª como para acceder a las ayudas de mujeres emprendedoras cuando se produzca una interrupci¨®n laboral a causa de las dificultades de compaginar la vida familiar y profesional.
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