La juez del 'caso ERE' imputa al actual director general de Trabajo

Del pasado al presente. La juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado al primer alto cargo del actual Gobierno andaluz. La decisi¨®n de acusar al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, es un varapalo a la estrategia de revisi¨®n del esc¨¢ndalo que ha realizado la Junta, cuyos verbos hasta ahora se conjugaban en pasado. Desde hoy el escenario del caso, que marca la precampa?a electoral andaluza y ya acumula 48 imputados, ha dado un vuelco.

La magistrada ha imputado a Rivera y a su antecesor, Juan M¨¢rquez, por lo que ya est¨¢n acusados los tres directores generales de Trabajo de la Junta desde 1999. Alaya les acusa de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compa?¨ªa). ¡°Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboraci¨®n¡±, se?ala en un auto.

Alaya subraya que Rivera autoriz¨® el abono de la prima de 175.998 euros, competencia que ata?e al consejero seg¨²n la Ley de Subvenciones, y ordena investigar si el alto cargo autoriz¨® un pago de 109.620 euros a la empresa Acyco para mantener 144 puestos de trabajo. Esta cantidad coincide "exactamente" con los honorarios cobrados por el bufete Garrigues por la tramitaci¨®n del ERE. En el auto conocido hoy, Alaya imputa en total a 18 personas, entre las que hay pol¨ªticos, abogados, sindicalistas o empresarios. El Gobierno andaluz cree ¡°infundada¡± la imputaci¨®n de Rivera.

La acusaci¨®n de la juez Alaya se apoya en los atestados de la Guardia Civil sobre las irregularidades detectadas: ¡°Los sucesores de Javier Guerrero [primer director general y principal imputado del caso] no solo dan continuidad a los acuerdos alcanzados por este sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que adem¨¢s han dado forma a los mismos mediante la emisi¨®n de resoluciones posteriores por las que se ordenan los pagos y en las que se da por hecho la concesi¨®n de dichas ayudas¡±.

La Junta defendi¨® hoy la labor de Rivera porque la p¨®liza fue tramitada cuatro a?os antes de su nombramiento como director general y porque cuando este autoriz¨® los pagos, no hab¨ªa indicios de irregularidades. ¡°No tiene la menor responsabilidad¡±, se?al¨® el Gobierno andaluz, que destac¨® que Rivera adopt¨® las primeras decisiones de paralizaci¨®n de pagos en el expediente de Mercasevilla nada m¨¢s saltar el caso. Adem¨¢s, fue el instructor de la investigaci¨®n interna de la Junta para detectar intrusos. Mientras, Juan M¨¢rquez est¨¢ acusado de autorizar la inclusi¨®n de dos intrusos en el expediente de Calderinox, tramitado ¡°con total ausencia de procedimiento¡±. Alaya tambi¨¦n considera al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ya imputado en la causa, ¡°activo part¨ªcipe en la introducci¨®n de los dos intrusos¡±. La Guardia Civil subraya que el papel de Rivas tiene ¡°especial trascendencia para la formalizaci¨®n y consecuci¨®n¡± del ERE de Surcolor.

El caso ha entrado hoy en una nueva fase porque adem¨¢s de acusar al actual Ejecutivo andaluz de continuar con un protocolo de actuaci¨®n viciado e ilegal para los ERE, la juez ha imputado a 18 nuevas personas (exist¨ªan ya 30 acusados) tras analizar solo cuatro de las m¨¢s de 200 empresas beneficiadas por Empleo.

Entre los nuevos imputados destacan los supuestos responsables de la mayor malversaci¨®n de fondos p¨²blicos seg¨²n la investigaci¨®n: los responsables de las consultoras Vitalia y Uniter que intermediaron para los ERE entre la Administraci¨®n y las aseguradoras. Alaya acusa al exdirector comercial de Vitalia Antonio Albarrac¨ªn y a su responsable regional Jes¨²s Bordallo, as¨ª como al responsable de Uniter, Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, de facturar un sobrecoste de 1,3 millones seg¨²n los precios que fija el mercado. ¡°Resulta inaudito que la Junta admitiera estos sobrecostes y que estas entidades adem¨¢s no ten¨ªan autorizaci¨®n administrativa para actuar (...) Los gastos de comisiones de Vitalia fueron del 16% mientras que la media era de 3%¡±, destaca la juez, que acusa a Albarrac¨ªn y Bordallo de incluir m¨²ltiples intrusos.

La c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo ha defendido con insistencia la ejemplar actuaci¨®n de Uniter en comparaci¨®n con Vitalia, raz¨®n por la que la primera ha acaparado las reconversiones industriales de los ¨²ltimos a?os. Pero la magistrada discrepa y acusa a Gonz¨¢lez Mata: ¡°Part¨ªcipe activo en la inclusi¨®n de los dos intrusos al realizar los c¨¢lculos actuariales de los mismos¡± en la empresa Calderinox. El expediente tuvo tres proyectos de p¨®lizas y su importe vari¨® desde los 638.453 euros del primero a los 893.882 euros del ¨²ltimo, que incluy¨® como intruso al ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s. Este no trabaj¨® en Calderinox pero deb¨ªa cobrar una indemnizaci¨®n por enfermedad tras dirigir una escuela de Bellas Artes en Gelves (Sevilla).

El auto alberga una especial relevancia en ¨¢mbitos jur¨ªdicos porque implica acusar a uno de los mayores bufetes del pa¨ªs, Garrigues. Dos letrados suyos, Jos¨¦ Miguel Caballero y Juan Antonio L¨®pez, han resultado imputados por su ¡°activa¡± intervenci¨®n en todo el proceso de negociaci¨®n y tramitaci¨®n del ERE de la empresa Acyco. Alaya les acusa de ¡°obviar el procedimiento administrativo adecuado¡± y participar en la inclusi¨®n de dos intrusos y la presidenta del Consejo de Administraci¨®n, Encarnaci¨®n Poto, pese a saber que seguir¨ªa vinculada a la empresa.

La juez acusa asimismo a dos letrados del despacho Estudio Jur¨ªdicos Villas¨ªs, ¡°especialistas en prejubilaciones financiadas por la Junta¡±, por conocer y dar el visto bueno a la inclusi¨®n de dos intrusos en Surcolor a trav¨¦s de su comercial Juan Lanzas.

La magistrada imputa a los sindicalistas de CC OO Enrique Manuel Jim¨¦nez y Juan Antonio Caravaca por colaborar par incluir un intruso en Calderinox, y a los empresarios responsables de tres empresas: Aglomerados Morell, Surcolor y Acyco. De esta ¨²ltima destaca la codicia de Poto que percibi¨® 318.455 euros en dietas a pesar de cobrar como prejubilada 276.505 de las arcas p¨²blicas.