Un esc¨¢ndalo de corrupci¨®n convertido en arma electoral

Nadie pod¨ªa sospechar que el consejo de un alto cargo de la Junta a dos empresarios hoteleros para que grabaran una conversaci¨®n sobre un intento de soborno hace tres a?os pod¨ªa desembocar en el mayor quebradero de cabeza del propio Gobierno andaluz. Pero as¨ª ha sido. La conversaci¨®n estaba protagonizada por la c¨²pula de la empresa Mercasevilla que supuestamente pidi¨® una comisi¨®n ilegal de 450.000 euros. Y esto devino en el caso Mercasevilla, y hace un a?o este mut¨® en el caso de los ERE, la munici¨®n m¨¢s utilizada por el PP en la precampa?a.

El esc¨¢ndalo min¨® durante un tiempo al gobierno municipal del PSOE en Sevilla, pero en este final de legislatura los ataques del PP respaldados por los autos de la juez del caso, Mercedes Alaya, han desgastado seriamente al Ejecutivo. Los populares tienen cogida la sart¨¦n por el mango, marcan los tiempos, y esa iniciativa hace que la Junta est¨¦ a la defensiva ante los nuevos datos que los investigadores aportan a la instrucci¨®n judicial. Porque a pesar de que ambas partes est¨¢n personadas, casi todos los datos benefician la estrategia del ¡°esc¨¢ndalo monumental¡± que impulsa el PP.

Un dato revela la magnitud del fraude: la Guardia Civil solo ha analizado cuatro empresas y el caso ya acumula 48 imputados. En total, los agentes examinar¨¢n m¨¢s de 200 empresas que resultaron subvencionadas por ERE o ayudas directas. Y la multiplicaci¨®n para dar con el n¨²mero final de imputados produce v¨¦rtigo.

Al margen del lado s¨®rdido, morboso o gore que esbozan las confesiones sobre drogas y juergas a un esc¨¢ndalo imprevisible, la cascada de acusaciones de los l¨ªderes del PP andaluz contra el consejero Manuel Recio y sobre todo el presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n han sido el eje de sus acusaciones de corrupci¨®n institucional en Andaluc¨ªa despu¨¦s de 30 a?os de Gobiernos socialistas. Arenas lleg¨® a acusar a Gri?¨¢n de orquestar una campa?a ¡°sucia¡± contra la magistrada y le ha situado por sistema como responsable de las ampliaciones de cr¨¦dito para financiar los ERE durante su mandato como consejero de Econom¨ªa.

El presidente ha respondido, pero solo en contadas ocasiones. La defensa del sistema de prejubilaciones para las reconversiones industriales iniciado bajo el mandato del exconsejero Jos¨¦ Antonio Viera correspondi¨® durante meses al actual consejero Manuel Recio, pero finalmente fue la consejera de Presidencia, Mar Moreno, la que ha cogido el esquivo toro por los cuernos.

Los enfrentamientos han sido en ocasiones muy agrios y durante los ¨²ltimos meses se han recrudecido. De los debates parlamentarios se ha pasado a la arena pol¨ªtica de precampa?a y los populares van a rueda de prensa diaria. Porque el sumario es "una mina de oro", confiesan en privado dirigentes populares al tanto de la investigaci¨®n. Durante el ¨²ltimo a?o el PSOE e IU se han quejado de que la juez ignorara la norma no escrita de no intervenir en campa?a electoral, y si en los pasados comicios municipales comunic¨® la imputaci¨®n del exteniente de alcalde sevillano Antonio Rodrigo Torrijos, a cinco d¨ªas de las elecciones generales se?al¨® a Gri?¨¢n en un auto por las operaciones de endeudamiento.

La prosa lib¨¦rrima de la magistrada tambi¨¦n ha dado argumentos a ambos partidos para elevar quejas incluso al Consejo General del Poder Judicial. Mientras, desde el enfrentamiento Junta-magistrada por las actas de los consejos de Gobierno que dilucid¨® el Tribunal Supremo, los populares han visto los toros desde la barrera con capotes espor¨¢dicos a la juez.

Ahora, en el ¨²ltimo tramo de la carrera, Alaya ha pisado el acelerador y el trabajo de cuatro meses de la Guardia Civil ha dado sus frutos en forma de atestados. Est¨¢ por ver si la instrucci¨®n pasar¨¢ de puntillas por la precampa?a o si la juez ignora la petici¨®n expresa del PSOE e imputa a m¨¢s altos cargos despu¨¦s del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez y los tres ¨²ltimos directores generales de Trabajo.